Aunque en la política no se note tanto, la reforma de pensiones es una urgencia en nuestro país. La última encuesta CEP establece este problema como una de las tres prioridades que debería tener el gobierno. En realidad, ni siquiera es necesario mirar encuestas; basta tener sentido común y un mínimo conocimiento de la realidad de nuestro país para saber que las pensiones que entrega el actual sistema de capitalización individual y aseguradoras privadas son miserables y no aportan condiciones mínimas para tener una vejez tranquila.
Es imperativo asumir con urgencia una reforma a las pensiones con un solo gran objetivo: Aumentar los montos que reciben mes a mes las personas jubiladas tras una vida de trabajo y sacrificio. Y para esto tenemos una certeza, y es que el actual sistema entrega malas pensiones y, si queremos resultados diferentes, debemos probar políticas diferentes, pasando de la estricta capitalización individual a un sistema mixto con un componente solidario, en el que la población laboralmente activa ayuda a financiar mejores pensiones para quienes ya dejaron de trabajar.
Se ha propuesto aumentar las cotizaciones en 6% con cargo al empleador, aumentando así el pozo de donde obtendremos nuestras pensiones a futuro. Pero como las pensiones tienen que mejorar hoy y no en 40 años más, el Gobierno ha propuesto que parte de esta nueva cotización vaya a un pilar solidario, estableciendo un sistema mixto tal como lo tienen muchos de los países que han logrado resolver con relativo éxito el fenómeno del envejecimiento de la población y las dificultades que esto conlleva para asegurar un buen pasar económico a las y los jubilados.
En el Senado ya se ha logrado un consenso para aumentar el 6% a cargo del empleador, pero aún hay debates abiertos sobre qué porcentaje de este nuevo monto debiera ir a cuentas individuales y qué porcentaje debiera destinarse a un pilar solidario. Además, también se debate si estos nuevos fondos deben quedar a cargo de las mismas AFP que entregan hoy pensiones de miseria o si se debe crear un organismo público que gestione el dinero de las pensiones de forma transparente y eficaz.
Por mi parte, creo necesario fortalecer lo más posible un fondo solidario, al mismo tiempo que creamos una institucionalidad pública que pueda gestionar las pensiones con el foco en las personas y no en su negocio, como lo hacen las AFP actualmente.
Llevamos 20 meses de tramitación legislativa desde que el Gobierno ingresó un proyecto de ley. Este periodo ha estado marcado por una intransigencia ideológica de una parte de la oposición que, sabiendo la urgencia de esta legislación y conociendo los paupérrimos resultados del sistema de capitalización actual, insiste en entorpecer la discusión con un particular interés por defender a las AFP y su negocio. Pretenden mantener el sistema de pensiones tal como está y esperar, al parecer, que las pensiones sigan siendo bajas hasta que, por la buena voluntad de las aseguradoras privadas, decidan disminuir sus ganancias y entregar mejores pensiones. Tal ha sido la terquedad que recientemente la UDI sugirió frenar la tramitación de esta reforma hasta que se dejara de hablar del caso de pedofilia del padre del senador Macaya.
Los caprichos ideológicos de la derecha no pueden estar por encima del bienestar del pueblo de Chile. Si hoy vemos necesario incluir un componente solidario en el sistema previsional es porque las pensiones bajo el actual sistema no solo son malas, sino que también son injustas con quienes, por asumir labores de cuidados, han dejado de trabajar en empleos formales, afectando sus pensiones futuras.
Hoy la pelota está en la cancha del Senado, donde la oposición tiene un rol importante que la coloca en la disyuntiva de poner por delante su ideología, profundizando un sistema que lleva a la pobreza a quienes se adentran en la vejez, o bien poner por delante el bienestar de la gente y apurar una legislación que permita efectivamente mejorar las pensiones en Chile. Y para que quede aún más claro, este es un problema urgente que no resiste más mezquindades.
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