Reforma tributaria: derechos y deberes ciudadanos

Demandada por la oposición cuando el año pasado se presentaron los resultados de la CASEN 2009 y replanteada este año con más fuerza por la crisis educacional, la reforma tributaria ha aparecido como una dimensión ineludible de la agenda política, en tanto respuesta a las distintas caras de la desigualdad social.

Razonable es comenzar a constituir equipos técnicos para abordar el análisis de esta compleja materia fiscal, pero desde ahora el debate debe ser político.

Se trata de convenir sobre cuáles deben ser los fundamentos, criterios orientadores y prioridades de una reforma tributaria coherente con un proyecto político de inclusión social.

Recién entonces habrá lugar para que participen los equipos técnicos capaces de formular las medidas concretas que materializan dichas concepciones.

Todos los estudios, nacionales e internacionales, muestran que el sistema tributario chileno se caracteriza: en primer lugar, por una baja carga tributaria; en segundo término, por una estructura tributaria regresiva; y, en tercer lugar, por una evasión y elusión que, siendo de las más bajas de la región, todavía deben ser combatidas.

Veamos el primer aspecto, el relativo a la carga tributaria.

La evidencia disponible revela que Chile tiene una baja carga tributaria, no sólo en relación a cuánto tributan países con equivalentes ingresos per cápita, sino en cuanto al potencial de tributación que nuestro nivel de desarrollo permite. Basada en datos de nuestra economía, CEPAL estima que Chile tiene un potencial de incremento de su carga tributaria de 3 puntos del producto interno bruto.

¿Y por qué importa elevar la carga tributaria? La sociedad chilena ha avanzado en conciencia y exigencia de derechos. Y los derechos no son estáticos, sino que progresivos a medida que las sociedades se desarrollan.

A esta realidad no es posible responder sin recursos fiscales garantizados de manera permanente y cuya progresión asegure que los derechos sean efectivamente ejercidos a lo largo del tiempo.

Veamos el segundo aspecto, el referido a la estructura tributaria.

Hasta el propio presidente Piñera señaló hace un par de días que se requiere una tributación más equitativa. Ello, porque todos los análisis indican que la nuestra es una estructura tributaria regresiva.

La mayor proporción de nuestros ingresos fiscales proviene de impuestos indirectos (especialmente el IVA) y que termina por pesar más sobre los hombros de quienes menos tienen. En menor proporción los ingresos fiscales provienen de impuestos directos asociados a las rentas de las personas y empresas.

Además, la vigencia de diversas exenciones que se han legalizado por presiones corporativas de grupos de interés en diversos momentos, limitan que el Estado pueda recaudar impuestos de sectores con altos ingresos.

Es decir, tenemos una composición tributaria que termina siendo generosa con los que más tienen y muy exigente con los sectores de menores ingresos del país.

¿Y por qué importa revisar la actual estructura tributaria? Si con la recaudación tributaria el Estado es el responsable de promover mayores oportunidades y justicia social a través de políticas sociales redistributivas, resulta paradójico que transfiera subsidios, prestaciones y bienes sociales con los impuestos que pagan, mayormente, los sectores menos acomodados del país.

El impacto distributivo que tiene nuestro gasto social es un esfuerzo destacable y encomiable del Estado chileno, pero tiene un límite, pues se basa en una recaudación fiscal regresiva que sólo mitiga parcialmente la brecha de ingresos en el país.

Si se mide la distribución del ingreso en gran parte de los países europeos resulta que la brecha distributiva disminuye a la mitad después del pago de impuestos. En Chile, en cambio, tal brecha de ingresos se mantiene casi igual, medida antes y después del pago de impuestos.

Y la explicación está que en Europa, a diferencia nuestra, la mayor recaudación fiscal proviene de los impuestos a la renta de personas y empresas, siendo menor la proporción de impuestos indirectos.

Finalmente, veamos los problema de evasión y elusión tributarias.

Todo lo que puede avanzar un país con una mayor carga tributaria y con una mejor composición de ésta, se pierde si los ciudadanos dejan de pagar sus impuestos, sea directamente por evasión, o bien eludiendo el pago de sus obligaciones tributarias por distintos mecanismos.

Comparado con los restantes países de América Latina, nuestros niveles de evasión y elusión son bajos, pero siguen siendo una importante fuente de pérdida de ingresos fiscales por parte del Estado.

¿Y por qué importa mejorar los niveles de recaudación tributaria? No sólo por la razón obvia de que ello implica disponer de los recursos que el Estado requiere para cumplir su indelegable e insustituible responsabilidad social, sino porque una sociedad fundada en derechos requiere que las responsabilidades no se evadan, ni eludan.

Por cada peso que un ciudadano de altos recursos deja de pagar al fisco, habrá otro ciudadano de bajos ingresos que dejará de tener posibilidades de insertarse socialmente con las mismas posibilidades que aquel que defrauda al fisco e incumple sus compromisos.

No hay trabajador que cobre por planilla que pueda evadir sus responsabilidades tributarias como lo puede hacer, con ayuda de hábiles expertos tributaristas, su empleador.

En suma, el sistema tributario chileno recoge en sí mismo la desigualdad de derechos y deberes ciudadanos. Eso sólo basta para fundamentar su reforma, más allá del necesario debate de montos y medidas apropiadas.