Reforma tributaria y pymes

En Chile las Mipymes- micro, pequeñas y medianas empresas- están constituidas por 700.000 empresas que realizan mensualmente sus trámites en el Servicios de Impuestos Internos, entre 150-200 mil declaran mensualmente sin movimiento. La informalidad se estima en 800.000 empresas o empresarios.

Las mipymes con el actual sistema tributario prácticamente no pagamos impuestos directos-global complementario-, pues la condición para pagar es tener utilidades. La mayoría declara, pérdidas o resultados “0” (o alrededor de eso). De hecho, una gran cantidad de empresarios dueños de mipymes no utiliza el concepto de sueldo patronal, efectuando retiros para poder vivir; dichos retiros son considerados erróneamente como utilidades.

Del universo total de empresas, aproximadamente 45.000 según el subsecretario Flores, declara tener utilidades.Son las más grandes y las que tienen un gobierno corporativo más complejo, generalmente tienen más de un dueño. Y por tanto deben repartir beneficios.

Incluso de estas empresas que declaran utilidades hay muy pocas que se han acogido al 54 quarter de la ley de renta, aprobado en la última vez que se tocó el tema tributario, que fue a propósito del terremoto. Allí se estableció un mecanismo para que empresas que vendan hasta 500 millones puedan reinvertirlo hasta 50 millones de utilidades y descontar el monto invertido de la base imponible.

Desde el punto de vista de las mipymes, y teniendo presente la pésima distribución del ingreso existente ( las pymes somos muy perjudicados si la mayor parte de la población tiene bajos niveles de ingreso, pues como nosotros no exportamos, dependemos 100% del consumo de los chilenos, y particularmente de los chilenos más pobres), la necesidad de muchos recursos para invertir en Educación Pública, Viviendas Sociales, Salud Pública y otras múltiples demandas sociales es imperativo avanzar en una reforma tributaria para aumentar la recaudación de recursos.

Dicha reforma tributaria, a nuestro juicio debe ir justamente en sentido contrario a como a caminado el proceso de concentración de la economía y el ingreso, si uno de sus objetivo además de aumentar recaudación es revertir los niveles de desigualdad existente, es de plena justicia establecer el impuesto a la renta con tasas crecientes proporcionalmente a los niveles de utilidad, partiendo, por ejemplo de tasa cero para las empresas que tengan entre 0,1 y 250 UF y así con tasas crecientes hacia arriba.

El Estatuto Pyme aprobado en el mandato de la Presidenta Bachelet estableció una política de discriminación positiva para las mipymes. Poco ha pasado con este marco legislativo. Seguir sin relevar a las mipymes nos parece un error.

Chile debiera colocar a las mipymes en el centro de su política económica para transformarlas en el actor principal toda vez que a través de estas empresas se puede mejorar la productividad del país, desarrollar productos y servicios de valor agregado, disminuir la dependencia de las materias primas exportables y apoyar la tan necesaria redistribución de la riqueza.

El impuesto específico a los combustibles, nos parece, se debe revisar teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto Pyme. Actualmente para los camioneros se ha seguido ese camino, también los microbuseros han obtenido tratos especiales, falta el grueso de los pymes.

Idealmente preferiríamos un impuesto específico que solo cubriera la externalidad negativa de la congestión y la contaminación, pero que fuera parejo para todos los usuarios del sistema. Hoy los grandes consumidores (las mineras, las generadoras eléctricas, las empresas del trasporte marítimo y aéreo, los grandes consumidores industriales, etc.) están exentos a través de la vía administrativa.

Por el contrario hoy pagan el impuesto específico sin recibir ninguna compensación: los automovilistas, los taxistas y colectiveros, los transportes escolares, todos quienes mueven cargas pequeñas como feriantes, pequeños industriales, pequeños comerciantes, etc.

En la eventualidad, que no se disminuya el impuesto, nos parece de toda justicia que usuarios como, los taxistas y colectiveros, los transportes escolares, feriantes, pequeños industriales, pequeños comerciantes, etc. debieran recibir alguna compensación del Estado, incluso hemos pensado en la posibilidad que esto se transforme en un bono de reconocimiento para los sistemas de pensiones de estas categorías de trabajadores o dueños de negocios que hoy no tienen ningún sistema de ahorro para cubrir sus jubilaciones.

El impuesto de timbre y estampilla que ha quedado temporalmente en el nivel 0,6% y que anteriormente había eliminado el pago por las renegociaciones. En el mismo espíritu del Estatuto Pyme nos parece que de no terminarse con este impuesto al crédito debiera ser cobrado por tramos del monto de los mismos. En un primer tramo hasta 10 millones al año por empresa debiera eximirse el pago del mismo.