Salvataje

Manuel Riesco

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Tras su importante derrota a manos del pueblo y el Parlamento Democrático, que les forzó a devolver el 10 por ciento del fondo de ahorro forzoso que se han apropiado, sus poderosos beneficiarios se han reagrupado y lanzado una operación salvataje. El Parlamento tiene el deber y ahora el poder para rechazarla y acabar de una buena vez con este abuso, derogando el DL 3500 que creó las AFP.

Mientras millones de trabajadores y trabajadores, activos y jubilados, se precipitaron a las AFP a retirar sus fondos, un grupo de lobbistas y parlamentarios de la ex Concertación, han ofrecido al gobierno una propuesta de “acuerdo”. Éste mantiene intacto el abusivo ahorro forzoso actual y lo acrecienta descargado un brutal incremento de impuestos sobre millones de asalariados, y una fuerte carga adicional sobre las arcas fiscales.

Se trata de una propuesta socialmente regresiva, fiscalmente irresponsable, económicamente contractiva y políticamente suicida para el sistema democrático. Por estos motivos, serán nuevamente derrotados en el Parlamento.

La referida propuesta mantiene intacto el ahorro forzoso de 13 por ciento de salarios que actualmente descuentan las AFP, aunque ofrece limitar el rol de éstas y acotar sus aspectos más ofensivos.

Por otro lado, eleva brutalmente el impuesto al trabajo y aumenta los subsidios fiscales, lo cual en estos momentos resulta económicamente recesivo y fiscalmente irresponsable, aparte de regresivo. Ofrecen con ello aliviar en parte la dramática situación de los pensionados, para reducir la presión para acabar con el ahorro forzoso.

El sistema AFP no es un sistema de pensiones sino de ahorro forzoso, con el descuento a los salarios que los trabajadores y trabajadoras destinaban a financiar pensiones dignas para sus padres y abuelos. La mayor parte de dichas cotizaciones, a lo largo de cuatro décadas, han sido desviadas a un fondo que financia inversiones de un pequeño grupo de grandes empresarios, y a pagar comisiones y primas a los gestores del sistema.

El ahorro forzoso es el abuso y la causa de las bajas pensiones. No financia una sóla pensión en Chile ni lo hará jamás. Sólo financia inversiones empresariales. Para eso fue diseñado y acumulado. El dinero allí registrado es considerado “sagrado” por los grandes empresarios que lo tienen en su poder, como declaró su presidente.

Las pensiones que se pagan en Chile las financia el fisco en tres cuartas partes. Incluyendo el costo íntegro de la mitad de las mismas que paga directamente, y una tercera parte de la otra mitad, que pagan las AFP.

Las AFP aportan la otra cuarta parte del gasto nacional en pensiones. Calculan su aporte a partir del fondo registrado a nombre de los jubilados, pero lo financian con una parte menor del dinero recaudado en cotizaciones corrientes.

Por lo tanto, la medida que ordenó restituir el 10 por ciento del fondo, en realidad significa que los súper ricos, que tienen ese dinero íntegramente en su poder, lo devuelven en parte a los trabajadores activos y los jubilados.

Dicha suma equivale a un 8 por ciento del producto interno bruto (PIB), y su devolución eleva por un año de 32 por ciento a 40 por ciento la participación de la masa de salarios en el PIB. Jamás hubo en treinta años de democracia una medida de redistribución del ingreso tan masiva y progresiva como ésta.

Además, reactiva la economía en el momento que más lo necesita. Entre otros efectos, por estos días revalorizó el peso e hizo subir la bolsa, y la cuota del fondo lo cual redunda en mejorar el cálculo de pensiones.

A la vista de tales antecedentes, resulta del todo insólito que muchos economistas y algunos políticos de oposición hayan calificado la medida de mala o regresiva.

Muy por el contrario, hay que exigir que los súper ricos que tienen en su poder el dinero allí registrado, lo devuelvan íntegramente a los trabajadores activos y especialmente a los jubilados. Es dinero que se han apropiado a la fuerza y deben restituir hasta el último peso. Cuanto antes mejor.

Mientras ello no suceda, y mientras no se recupere íntegramente además, para pagar pensiones, el 13 por ciento que las AFP descuentan mes a mes a los salarios, los trabajadores no deben aceptar incremento ninguno en las cotizaciones. La propuesta de “acuerdo” mencionada, en cambio, se propone acrecentar éstas brutalmente, transfiriendo el grueso de las mismas a grandes empresarios.

Da exactamente lo mismo si dicho abuso se registra en cuentas individuales o colectivas. Poco importa si lo gestionan las AFP, otras instituciones financieras, o un “Ente” público que subcontratará este servicio con los grandes gestores de fondos internacionales que están impulsando esta propuesta. El “ahorro” es el abuso. Las cotizaciones son para pagar pensiones, no para financiar negocios.

El ahorro forzoso es asimismo la principal causa del déficit y endeudamiento fiscal. La mejor manera de comprobarlo es preguntarse ¿qué habría pasado en los últimos cuarenta años, sin AFP?

El fisco habría recaudado las cotizaciones, que suman casi 150 mil millones de dólares, desde 1981 hasta mayo pasado. Ello se puede comprobar en IMACEI-CENDA, que se actualiza mes a mes con la última información oficial disponible.

Adicionalmente, el fisco se habría ahorrado cerca de 40 mil millones de dólares en subsidios monetarios directos aportados a las AFP.

Es decir, las arcas fiscales se habrían incrementado en casi 190 mil millones de dólares, cifra casi idéntica al valor del fondo a fines de mayo pasado.

Con esos ingresos el fisco podría haber financiado con mucha holgura las pensiones pagadas por el sistema AFP, que suman 60 mil millones de dólares desde 1981.

Aún así le quedaría al fisco un excedente de caja cercano a los 130 mil millones de dólares. Con ello podría haber duplicado las pensiones pagadas en todos estos años por las AFP y además la deuda fiscal actual completa. Y todavía le sobraría plata. En cambio, esa enorme masa de salarios, al desviarse al ahorro forzoso, se ha transferido íntegramente a los súper ricos, a costa de la miseria de los jubilados.

Resulta asimismo incomprensible a estas alturas, que no todos los partidos y parlamentarios de oposición hayan manifestado de manera categórica su respaldo al proyecto actualmente en discusión en el Senado, que deroga el DL 3500, y que fuera presentado por senadoras y senadores de todos los partidos opositores allí representados.

A la luz de las cifras anteriores, dicho proyecto es la solución que el país requiere con urgencia, puesto que acaba el ahorro forzoso, reconstruye el sistema público de seguridad social mejorando las pensiones, y termina con el déficit y endeudamiento fiscal.

Ello representará un gran beneficio para un millón y medio de jubilados AFP actuales, y también los futuros, quiénes verán duplicadas sus pensiones. También a los trabajadores activos porque no será necesario subir sus cotizaciones durante un buen tiempo. Asimismo para la economía, que se reactivará con el mayor ingreso de los jubilados y la postergación por varios años del alza de cotizaciones.

Mejorará de modo significativo y permanente la distribución del ingreso, al evitar que se sigan transfiriendo anualmente a los súper ricos más de 6.600 millones de dólares anuales de salarios e impuestos. Ese es el excedente entre cotizaciones y subsidios menos pensiones pagadas por las AFP, en los últimos doce meses.

Para comprender lo regresivo que resulta el ahorro forzoso, basta comprobar que, si no se deroga ahora el DL 3500, el continuado ahorro forzoso traspasará en sólo tres años, de vuelta a los súper ricos, los veinte mil millones de dólares que el Parlamento les obligó a restituir ahora, perdiéndose todo lo ganado en equidad y reactivación económica. 

El más beneficiado con derogar el DL3500 y acabar el ahorro forzoso, será el fisco. Mejorará sus ingresos en un quinto al recaudar los 10 mil millones de dólares anuales en cotizaciones que hoy se llevan las AFP. Podrá disponer adicionalmente de los 1.500 millones de dólares anuales que hoy destina a subsidios directos a las AFP. Aparte de otros 2.000 millones de dólares en subsidios indirectos a pensiones AFP.

Este último mecanismo es la forma en que cuatro conocidos grupos económicos nacionales, muy cercanos al Presidente de la República, que controlan el mercado de estos seguros, se han embolsado una cuarta parte de todas las cotizaciones recaudadas desde 1981, unos 35.000 millones de dólares en total.

Por si eso fuera poco, Fundación Sol ha constatado que los mismos cuatro grupos tienen en su poder una cuarta parte de las inversiones del fondo en empresas nacionales, no menos de otros 25 mil millones de dólares. Tales personajes son los principales beneficiarios del ahorro forzoso, que la propuesta de salvataje aludida pretende eternizar y agravar.

El Parlamento Democrático ha demostrado que, con el apoyo abrumador y activo de su pueblo, tiene ahora el poder y el deber de acabar con el ahorro forzoso derogando el DL3500.

Ello consolidará su relegitimación como la autoridad que el país requiere con urgencia y resulta indispensable para enfrentar la emergencia sanitaria y económica, sin precedentes, que enfrenta en la actualidad.