Soberanía alimentaria: la deuda del Estado

Mauro Tamayo Rozas

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Chile atraviesa una paradoja que incomoda: mientras aumentan las cifras de inseguridad alimentaria, cada día toneladas de alimentos en buen estado terminan en la basura. Ni es una exageración. Productos que podrían alimentar a familias, apoyar a comedores comunitarios o transformarse en compost para agricultura, simplemente se descartan por fallas en el embalaje, rotulación errónea o porque están próximos a su fecha de vencimiento. ¿Cómo explicamos que esto ocurra en un país que se declara comprometido con la sostenibilidad y la justicia social?

Desde Cerro Navia, decidimos hacer algo. En 2019 creamos el primer Banco de Alimentos público de Chile, una iniciativa inédita que recoge alimentos descartados -pero aptos para el consumo- y los redistribuye entre organizaciones sociales, ollas comunes y vecinas y vecinos que lo necesitan. Con ello, no solo estamos reduciendo el desperdicio, sino también fortaleciendo el tejido comunitario y aportando en el acceso a la alimentación.

Esta experiencia local ha sido reconocida nacional e internacionalmente. Y no estamos solos: esta semana, recibiremos en nuestra comuna a una delegación de alcaldes y autoridades de Brasil en el marco del Seminario de Intercambio de Experiencias entre Bancos de Alimentos de ambos países. Un espacio para compartir aprendizajes, visibilizar desafíos y proyectar una red de cooperación que ponga la soberanía alimentaria en el centro de la acción pública.

Pero, así como celebramos estos avances, también debemos señalar con fuerza las barreras que impiden escalar estas iniciativas. La principal: nuestra legislación. El proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para impedir la destrucción de alimentos fue ingresado en el Congreso en 2015 y propone prohibir que los supermercados desechen productos aún aptos para el consumo por razones cosméticas, embalajes defectuosos o proximidad del vencimiento, obligándolos a donarlos a instituciones de caridad o bien destinarlos a alimentación animal o compostaje.

Lamentablemente, tras casi una década, este proyecto sigue sin avanzar. El Gobierno de Chile no le ha dado ninguna urgencia. Mientras tanto, quienes trabajamos desde los territorios debemos navegar entre vacíos legales, temores institucionales y falta de incentivos que entorpecen la articulación con el mundo privado. En ocasiones, empresas quieren donar, pero no lo hacen por miedo a sanciones sanitarias o porque no existen protocolos claros. El resultado: alimentos al vertedero.

Es urgente que el Congreso retome este debate. La soberanía alimentaria no puede depender solo de la voluntad de gobiernos locales o de organizaciones sociales. Necesitamos un marco normativo que promueva, facilite y resguarde estas prácticas. Una ley moderna que esté a la altura de los desafíos climáticos, sociales y éticos de nuestro tiempo.

Desde Cerro Navia, seguiremos haciendo nuestra parte. Pero también levantamos la voz para que el país escuche. Que el Estado escuche, que legisle, y que deje de postergar una medida tan simple como justa.