Bachelet y educación, basta de ambigüedad

Escenario 1. Michelle Bachelet anuncia una reforma en educación que aumenta las becas hasta un 70%. Se selecciona algunas Universidades (que ya no lucran) y que se comprometen a seguir no lucrando, mientras se mantiene el negociado para las Universidades del Mar, los Laureate y qué decir de la históricamente abandonada educación técnica. La Educación Pública sigue su lento decaimiento en todos los niveles.

Escenario 2. Michelle Bachelet anuncia una reforma en educación que asegura que ninguna institución que tenga a su cargo la educación de niños y jóvenes sea un negocio. Para ir garantizando el derecho a la educación de calidad para todos, se va incrementando la oferta de educación pública en todos los niveles (escolar y superior, universitario y técnico) y los aportes directos del Estado a sus instituciones, y de este modo avanzamos con paso firme hacia la gratuidad.

Increíblemente, ambos escenarios son lecturas posibles del programa de Michelle Bachelet. La famosa ambigüedad que se le ha reclamado no es capricho, sino que se expresa en los elementos más importantes de eventual reforma educacional. Veamos aquellos ejemplos más trascendentes.

Una sección del programa se titula “Fin al lucro en todo el sistema educativo”. Sin embargo, a renglón seguido se explica que aquellas instituciones que lucran no recibirán fondos públicos.

La contradicción no solamente molesta porque es mentirosa, entre ambos enunciados hay formas diferentes de concebir la educación.

Dejar abierta la posibilidad de lucrar como palanca para recibir o no recursos públicos constituye solamente cuidar un poco mejor el tesoro del Estado, pero educación y negocio siguen siendo palabras compatibles (basta que el empresario a cargo considere que sigue siendo rentable la Universidad o el colegio incluso sin recursos públicos, o compensando estos con aranceles más altos).

En cambio, prohibir el lucro en todo el sistema es asegurar que todo establecimiento tenga como única prioridad entregar la mejor educación posible, condición básica para que se entienda realmente como un derecho. Resulta impresentable que como país permitamos que existan más casos como la Universidad del Mar, reciban o no recursos del Fisco. La educación debe ser un derecho para todos, no solamente para aquellos estudiantes que estudien en establecimientos ligados al Estado.

Todos vimos miles de letreros de Michelle Bachelet anunciando con letra enorme “Educación Gratuita”. Sin embargo, en ningún momento se ha hecho explícito cual será el mecanismo, lo que es equivalente a no decir nada.

El cambio en el financiamiento no es solamente para no endeudarnos, es para cambiar las lógicas con las cuales funciona el sistema.

Reducir la “gratuidad” a una cobertura universalizada de becas es simplemente meter dinero a un saco roto, es continuar regalando plata a instituciones que no invierten en calidad, es seguir priorizando que las Universidades compitan entre sí y que prefieran gastar el dinero en publicidad en vez de profesores a jornada completa o material de biblioteca.

Significa que el próximo año quizá ya no será una requintilización la que quite la posibilidad de estudiar a muchos, pero una “redecilización” (ajustar los deciles en vez de los quintiles) sí podría hacerlo. Significa, básicamente, que seguiremos entendiendo el educarnos como una inversión individual para aumentar las rentas y no como una forma de desarrollar nuestro país.

A nivel de educación escolar, se ha explicitado el compromiso de terminar con el financiamiento compartido (buena cosa), así como también que uno de los pilares será el fortalecimiento de la educación pública.

Sin embargo, el último año nos desayunamos en las noticias con numerosos casos, tanto de alcaldes de la Alianza como de la Nueva Mayoría, que se dedicaron sistemáticamente a cerrar liceos públicos.

Queda entonces como un misterio si la voluntad de fortalecer la educación pública que tanto se declara en el discurso no acabará chocando con la porfía de los hechos como lo ha hecho en los últimos años a nivel comunal.Para tener la certeza que no será así, es necesario saber qué significará en concreto dicho “fortalecimiento”, pero a la luz de las definiciones programáticas existentes, éste no es más que un slogan.

En definitiva, son muchas las ambigüedades e indefiniciones. Esto no representó un problema para una campaña destinada a ganar, incluso esta falta de claridad hasta resultaba útil para mantener las tropas alineadas, y que desde Ignacio Walker hasta Guillermo Tellier se pudieran sentir identificados con el programa.

Pero llegada la hora de asumir el gobierno las definiciones deben ser concretas, tan concretas como lo es el endeudamiento, la estafa, la segregación, la mala calidad. Ya no caben medias tintas: la educación es un derecho o es un negocio. ¿Cuál postura tomará el gobierno de Bachelet?

Si hace un mes no se sabía, la designación de Eyzaguirre y el silencio sepulcral que ha mantenido ya parecen casi una burla.Especialmente para los estudiantes de las instituciones que pertenecen al grupo Laureate, que ven como sus Universidades (Andrés Bello y de las Américas) hacen escándalo en los diarios por lucrar, pero desconocen si al futuro Ministro le importa siquiera.

El escándalo Peirano quizá explicó algo más, pues en el enfrentamiento entre los ex dirigentes estudiantiles y los constructores y defensores del actual y fracasado modelo educativo (Brunner, Mariana Aylwin, Patricia Matte, etc.), Michelle Bachelet no dudó en tomar parte por estos últimos al respaldar a la renunciada Subsecretaria.

Esto es un hecho imposible de desconocer, independiente de que la postura de la Presidenta finalmente no haya sido triunfante. Como tampoco se puede desconocer que finalmente Peirano fue reemplazada por Valentina Quiroga, de un perfil bastante distinto, cuestión que refleja un hecho claro: la única claridad que posee hoy el futuro gobierno es el mantener equilibrios de poder para tener la casa ordenada.

En ese contexto, los únicos actores que desde un comienzo hasta hoy han sido capaces de mantener un norte claro, coherente y permanente, son quienes lograron que la educación tome la centralidad que hoy tiene para el país.

Son los universitarios, los secundarios, los profesores y trabajadores de la educación. La única garantía para una reforma profunda y coherente con lo que Chile ha exigido es su participación protagónica.

El problema educacional es muy grande, y su solución no cabe en los estrechos pasillos del Congreso binominal de Pinochet ni de la ambigua Nueva Mayoría.

Se acabó entonces el tiempo de las ambigüedades.Llegó la hora de decidir si se quiere una segunda LGE, o una transformación que haga realmente de la educación un derecho.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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