La reforma educacional al hueso

A estas alturas pocos saben en qué consiste la reforma educacional. Entre polémicas, distorsiones, disputas ideológicas y errores comunicacionales, el tema se ha desdibujado.Incluso algunos dirigentes del Gobierno hablan de la necesidad de "rediseñarla". Y en la oposición proponen una comisión que estudie el tema "desde cero".

Creo pertinente volver a lo esencial. Hay muchos otros temas relevantes que forzosamente quedarán fuera de este esquema, que sólo pretende recordar la estructura básica de la reforma.

El sistema educacional chileno tiene una cobertura adecuada y en su evaluación aparece como el mejor de América Latina. Pero requiere de importantes cambios que deben partir de lo que existe para acercarse gradualmente hacia un ideal posible.

En primer lugar hay que hacer una fuerte inversión en educación pre escolar subiendo sus exigencias formativas, para lo cual es necesario crear el sistema institucional apropiado en el Ministerio de Educación. Todos saben que un acceso masivo a este nivel formativo es esencial para ir afirmando una igualdad de oportunidades, nivelando las desigualdades provenientes del origen familiar y social.

En segundo lugar, hay que poner en marcha un plan de fortalecimiento de la educación pública en todos los planos: infraestructura, subvención, aprovechamiento de la jornada escolar completa, etc. Muchas de esas medidas no requieren cambios legislativos. Para implementarlo bastan las atribuciones con que cuenta el Ministerio. Un papel importante debe desempeñar aquí la Agencia de Calidad.

Ese plan debe culminar con una ley que consagre la desmunicipalización de los colegios. Aquí es importante definir bien la nueva estructura pública de los establecimientos. En el primer gobierno Bachelet se propuso que fueran corporaciones regionales de derecho público abiertas a la comunidad, ahora se habla de servicios descentralizados siguiendo el modelo del sector salud.

En todo caso, se tratará de un proyecto de largo debate parlamentario y de implementación gradual a lo largo del país. Tal vez se podría comenzar a experimentar desde ya el nuevo sistema mediante convenios entre algunos municipios y los servicios provinciales de educación.

En tercer lugar, hay que diseñar la carrera docente mejorando la calidad y la remuneración de los profesores. Ello supone un proyecto de ley cuyo debate en el Parlamento dependerá del grado de acuerdo que tenga el Colegio de Profesores.

Respecto a la educación particular subvencionada, el proyecto actualmente enviado a la Cámara de Diputados, que contempla el fin del lucro, del copago y de la selección, sería conveniente desglosarlo al menos en dos partes: el fin del copago, que requiere quórum simple y sobre el cual puede haber mayor acuerdo, repensando los plazos, y las otras dos materias que requieren para su aprobación de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio.

Sobre el lucro, hay que tener presente que la actual ley exige que los sostenedores sean personas jurídicas de giro único - y faltan todavía cerca de 1.400 sostenedores que se acojan a esta exigencia -, justamente para que la Superintendencia pueda fiscalizar mejor que no se pueda lucrar con la subvención fiscal.

Ese organismo podría desde ahora trabajar en esa línea, evitando así que la discusión de este tema se contamine con divagaciones ideológicas. La Contraloría General de la República podría hacer una contribución importante para reafirmar este principio estableciendo los criterios diferenciadores entre una justa remuneración del sostenedor o recuperación de su inversión, por una parte, y el retiro de "ganancias" por otra.

El tema de la selección debe ser definido en la ley, avanzando a partir de lo que ya establece la ley. En todo caso parece adecuado que haya un diálogo entre la familia y la directiva del establecimiento para que exista sintonía en la orientación de la enseñanza de los niños. Aquí el criterio básico es "el proyecto educativo", que debe ser precisado para que no dé pábulo a discriminaciones arbitrarias. No parece, sin embargo, adecuado confiar el tema a un sistema computacional anónimo como establece el proyecto.

En cuarto lugar, es importante que el Ministerio cumpla con el plazo, previsto por la ley, del cambio de los años del ciclo de enseñanza: en vez de 8 de básica y cuatro de media, seis y seis años respectivamente. Lo que tendrá un impacto en los profesores.

Lo que no debe ponerse en cuestión es el carácter mixto del sistema de provisión de la enseñanza, logrando un adecuado equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Al contrario, la reforma debe ser percibida como una nueva oportunidad para mejorar la implementación de ambos principios constitucionalmente garantizados.

En quinto lugar, está el tema de la educación superior: CFT, IP y Universidades. Es el campo que requiere mayores cambios. Muy poco se avanzó desde el retorno a la democracia. No había ideas claras al respecto, no había un movimiento estudiantil activo y cada establecimiento luchaba por sus intereses corporativos sin remitirse a parámetros generales.

El punto central es el de la gratuidad.

El programa de gobierno es claro sobre la gratuidad universal y sobre los plazos para alcanzarla. Para lograrlo habrá que definir por ley los requisitos que las universidades, los CFT y los IP - públicas y privadas - deberán cumplir para acceder a la subvención estatal.

En este punto hay que ser muy exigente y reformar el sistema de acreditación, haciéndolo obligatorio y devolviéndole la seriedad perdida. En este contexto se pueden definir las carreras que el Estado financiará y su duración.

La ley deberá definir un período de transición, especialmente para aquellas universidades privadas que cuentan con un gran número de alumnos y no han alcanzado la acreditación necesaria. Por cierto, podrá haber universidades privadas de calidad que no aspiren a la subvención fiscal y se financien con la matrícula de sus alumnos.

El gobierno anterior de M. Bachelet legó la estructura básica del sistema escolar: la Agencia de Calidad, la Superintendencia y el Consejo Nacional de Educación. Es un importante aporte que no ha sido valorado como debiera.Ahora hay que dar los pasos que faltan.

Para implementar la reforma hay que lograr los acuerdos políticos y sociales necesarios.No será un camino libre de tropiezos y dificultades. Lo importante es que no se pierda de vista el norte y se conduzcan los cambios con claridad y sentido político.

Desde Facebook:

Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado

Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
Columnas recientes
Columnistas