Prioridades para los cambios profundos en educación
El próximo gobierno debiera abordar a lo menos tres ámbitos de transformaciones si quiere incidir en la configuración de un nuevo modelo educativo para el país, más justo, solidario y sensible a las demandas ciudadanas y de los territorios regional, nacional e internacional, y que reclama cambios profundos.
Estos cambios deben ir en el sentido de terminar con la competencia y sus instrumentos accesorios como los incentivos, pagos por resultado o condicionados a requisitos de entrada, todos los cuales impiden el acceso y ejercicio del derecho a la educación, eliminando así el sesgo neoliberal. Tampoco debemos pretender hacerlo todo, debemos ser capaces de detectar, seleccionar y abordar aquellos plausibles de realizar en el periodo presidencial, considerando todas las posibilidades y obstáculos factibles.
En primer lugar, me parece necesario avanzar en el fortalecimiento de la educación pública, aquella que se imparte a través de los Servicios Locales de Educación (SLE) que se están instalando en el país. Esto requiere consolidar y mejorar lo realizado y apresurar el ritmo de incorporación de nuevos territorios. Algunas correcciones debieran ir en el sentido de cambiar el sistema de financiamiento, desde la subvención por asistencia a presupuestos concordados, permitiendo proyecciones y estabilidad al mismo sistema y a las instancias decisionales; otorgar atribuciones de coordinación y ejecución de programas a las regiones, hoy existe un amplio espacio territorial, poblado de instituciones públicas, por lo tanto es necesario dotar a las regiones de una gobernanza territorial y coordinación multinivel que garantice los derechos y mejore la eficacia; dotar de atribuciones y capacidades para que en este nuevo escenario se avance en la configuración de programas curriculares pertinentes a las necesidades territoriales en un marco nacional de compromiso; disponer de un fondo para el financiamiento de diseños e implementación de programas de articulación con empresas, instituciones de educación superior y agencias sociales, construyendo espacios colaborativos cuyos beneficiarios sean los estudiantes de hoy y los territorios socio productivos.
En segundo lugar tenemos que concordar un nuevo trato con nuestros docentes, incorporándolos al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en espacios decisionales, lo cual permitirá fortalecer su autonomía y capital profesional.
Independiente de atender las demandas gremiales, no debemos entramparnos en ello y fortalecer la confianza en su profesionalismo colectivo. Para ello es imprescindible atender con prioridad los conflictos en materia de participación y atribuciones profesionales que fortalezcan su rol educativo, pedagógico y de liderazgo en sus comunidades. Paralelamente, es necesario establecer una carrera directiva para los establecimientos públicos de los SLE con urgencia, de manera que se atraigan a profesionales capaces, que asuman su rol trascendente de líderes de comunidades que miran el mundo desde ellas y se sientan contribuyendo a la configuración de una misión superior, conscientes de que no son islas competitivas sino parte de engranajes colaborativos que forman parte del esfuerzo de construir un sistema educativo más justo y que ofrezca bienestar personal, comunitario y social.
Tercero, haciéndose cargo de la contingencia social y sanitaria, el próximo gobierno debe tener una actitud proactiva en a lo menos tres ámbitos de acción urgente: uno, es necesario un fuerte plan de inversiones en los establecimientos públicos para dotarlos de equipamiento y capacidades para mejorar y mantener modalidades de trabajo virtual. Esta modalidad será indispensable para dotar de una identidad rectora a la educación pública, proyectándola y profundizando la justificación del cambio que se ha prometido, haciendo sentido al esfuerzo que está realizando el país para otorgar protagonismo al sector público. Dos, tenemos que diseñar e implementar con celeridad un programa de recuperación de las trayectorias educativas interrumpidas durante este último tiempo, tanto para estudiantes que se mantienen en el sistema escolar como para aquellos que lo han abandonado, a través de programas serios, flexibles y dentro de las escuelas y liceos, que permitan visualizar el interés y rol del Estado por hacerse cargo de la tragedia que muchas familias están viviendo. Tres, las instituciones de educación pública, en todos sus niveles, debieran implementar programas de formación continúa que materialicen la oportunidad de ejercer el derecho a la educación permanente de cada persona que vive en nuestro país, que contenga alfabetización digital, formación ciudadana para la democracia e inserción en el nuevo mundo socio ambiental con capacidades concretas, entre otras.
Realizar cambios profundos no siempre implica desechar lo que con esfuerzo las generaciones anteriores han construido con sacrificio y compromiso creyendo que se se hacía lo correcto; es la oportunidad para demostrar que sobre lo avanzado somos capaces de volver sobre nuestros pasos para profundizar lo que ha resultado, desechar lo que ha perjudicado e innovar con los nuevos conocimientos y capacidades hoy existentes para abordarlos con urgencia, responsabilidad y renovados sueños.
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