Recientemente, el ministro de Educación informó que iba a enviar un proyecto al Congreso para solicitar la suspensión de las pruebas del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizajes (SIMCE) durante el 2022, argumentando, entre otras cosas, que las comunidades educativas están bajo una situación de "agobio", problemas de presupuesto y la pérdida de la comparabilidad de las evaluaciones por el contexto de la crisis sanitaria, lo que haría inviable, según el gobierno, la posibilidad de aplicar la prueba este año.
Lo que resulta preocupante, de acuerdo a lo que han dicho los mismos expertos, es que a pesar de no tener un buen parámetro en comparación al año anterior, sí es indispensable realizar mediciones para establecer el nivel de aprendizaje de los alumnos, sobre todo si consideramos que en nuestro país los establecimientos educacionales permanecieron cerrados cerca de 71 semanas, lo que posiciona a Chile en el número 13 de los países del mundo que más estuvieron sin presencialidad, según datos del Banco Mundial.
En este contexto resulta fundamental aplicar algún instrumento que nos permita medir el impacto real que tuvo el cierre de los colegios en los estudiantes, así como para determinar cuál es el nivel de la pérdida de aprendizaje, en qué niveles educacionales se concentra más esta brecha, si hay diferencias entre zonas urbanas y rurales, o entre colegios municipales y pagados, entre otros datos, que son fundamentales recoger para saber hacia donde debemos poner el foco para ir nivelando los procesos de aprendizaje en los niños y adolescentes.
Es necesario repensar la forma en la que se aplica esta prueba estandarizada, pero no podemos pensar en erradicarla, de lo contrario nos quedaríamos sin herramientas para diagnosticar nuestro sistema educativo. Esto se tendrá que revisar claramente, ya que siempre tiene que haber mediciones de los académicos y los escolares para saber la calidad de la educación y ver en que se está fallando y cómo mejorar.
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