Imperativo ético, un Estado de bienestar y protección

El COVID-19, ha hecho evidente la enorme injusticia social que se vive en Chile, latinoamérica y el Caribe.

Las insuficiencias de los sistemas de protección social tienen un fundamento claro en el modelo de construcción social, política y económica que expresa el neocapitalismo; parece evidente, lamentablemente no para los detentadores del poder, que hay que impulsar una nueva, o tal vez no tan nueva, política de protección social que responda a la situación de inequidad y desigualdad que expresa nuestra sociedad.

La pandemia ha develado que un modelo de sociedad que se centra en el egoismo , el individualismo y la competencia tiene un error de base en su filosofía y en su cosmovisión del hombre/mujer, la sociedad y la naturaleza, son políticas que revelan que la centralidad no está puesta en las personas, ni en las comunidades sino en la protección del dinero como un bien que está por sobre los seres humanos y sus necesidades, eso explica las insuficiencias de los sistemas de protección social y la inexistencia de políticas de bienestar.  

No se podrá avanzar en la protección de las condiciones de vida de todos/as los chilenos, sin asegurar tres cosas:

Trabajo digno, con remuneraciones que permitan sostener una canasta básica de vida, “sueldo ético”; acceso a sistemas de salud pública y de calidad y pensiones que garanticen a lo menos mínimos de vida, “pensiones éticas”.

Las medidas de protección social, deben considerar preferentemente el bienestar de aquellos grupos que experimentan múltiples formas de exclusión: mujeres, niños/as, pueblos indígenas, ancianos/as, afro descendientes, migrantes, en definitiva pobres.

Esto nos obliga a entender, el bienestar y la protección social desde una doble mirada.

Debe ser universal y capaz de conocer y considerar las diferencias, necesidades, carencias y discriminaciones a lo menos de los grupos recién señalados.  Es decir, las políticas sociales deberán ser universales, redistributivas y solidarias, con enfoque de derechos.

Los objetivos y las tareas del Estado ya están fijadas, por los pactos internacionales de derechos humanos a los que se ha obligado, sólo es necesaria la voluntad política para implementarlos.

Es prioritario cumplir con los objetivos sociales de  la Agenda 2030, disminuyendo la desigualdad y erradicando la pobreza, esa es una tarea que se ve posible sobre la base de un Estado solidario y no más subsidiario.

Hay que universalizar la cobertura de la protección social, el acceso efectivo y la desmercantilización de la salud y de los sistemas de pensiones (no  más AFP); el reconocimiento del derecho a la seguridad económica de todas las personas mediante un ingreso básico universal.

Ajustar y mejorar los sistemas de protección social y pensar en un Estado de bienestar es un imperativo moral y ético, ello supone necesariamente otra forma de organización política, económica y social, donde se  rescate el rol del Estado como genuina expresión del soberano que es el pueblo y como conductor y promotor  esencial de los procesos de justicia social.  

Un Estado solidario que pone la centralidad en la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas y comunidades que lo integran, en pos del logro de un buen vivir de todos/as y de un desarrollo en armonía con la naturaleza. 

La construcción de una casa común donde todos tiene un espacio de dignidad para su desarrollo personal y social.

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