En la transición energética, el fin no justifica los medios
El cierre de unidades termoeléctricas a carbón es una gran noticia para el país y también una oportunidad para encauzar la transición energética por el camino de la justicia ambiental. Sin embargo, una transición justa no solo depende del resultado final, sino también de la manera en que se implementan estos procesos. Los retiros deben realizarse con reglas claras, transparencia y de forma segura para las comunidades y el medio ambiente.
Precisamente por esa razón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace, Chile Sustentable y Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare) presentaron el 6 de febrero una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) respecto del procedimiento aprobado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) -en septiembre de 2024- para regular el retiro de unidades térmicas a carbón, con el objetivo de contribuir a que este marco se ajuste plenamente a la normativa vigente y a los principios que rigen el funcionamiento del sistema eléctrico.
La principal observación se refiere a una disposición del procedimiento que permitiría autorizar, en algunos casos, que centrales de carbón operen fuera del orden económico habitual, es decir, antes que otras tecnologías más eficientes, con el objetivo de consumir el carbón remanente previo a su cierre. Este tipo de excepciones podría generar impactos adicionales en territorios que ya enfrentan una elevada carga ambiental.
Ese riesgo no es meramente teórico. Experiencias pasadas, como el caso de la central termoeléctrica Norgener, ubicada en la ciudad de Tocopilla, muestran la importancia de contar con reglas preventivas y oportunas que permitan anticipar estas situaciones y proteger adecuadamente a las comunidades. En este proceso, la empresa fue autorizada a quemar de forma acelerada 94 mil toneladas de carbón remanente que mantenía en sus instalaciones, lo que generó un aumento concentrado de emisiones y preocupación en la población local por posibles efectos en la calidad del aire y la salud de las personas.
El CEN ha realizado esfuerzos por establecer criterios para ordenar los cierres anticipados de centrales, pero el procedimiento incluye una sección que podría permitir la repetición de situaciones similares. Estamos aún a tiempo para perfeccionar la regulación existente. En este sentido, la SEC tiene la oportunidad de ejercer sus facultades fiscalizadoras, evaluar los aspectos observados y, de ser necesario, realizar ajustes que refuercen la coherencia del sistema y protección de los territorios y el medio ambiente.
Porque la transición energética requiere normas que promuevan cierres responsables, aseguren la estabilidad del suministro, fomenten la competencia y resguarden el medio ambiente. La descarbonización debe ser la oportunidad para avanzar hacia un sistema eléctrico más limpio y equitativo, mediante procesos transparentes y bien diseñados que fortalezcan la confianza pública.
En 2019, el gobierno chileno se comprometió a cerrar todas las centrales de carbón para 2040. Desde ese anuncio público, el calendario se ha ido acelerando, pero la urgencia de la descarbonización exige especial cuidado en el diseño de los incentivos. Chile puede descarbonizar y, al mismo tiempo, hacerlo bien. Puede convertirse en un precedente regional. Puede cerrar centrales a carbón sin abrir espacios para quemas apresuradas y sin planificación, y también puede fortalecer la seguridad energética sin retroceder en la justicia ambiental.
La legitimidad de la transición dependerá del cuidado con el que se diseñen sus reglas. El cómo, hoy, está a prueba.
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