En octubre de 2022 asumí la dirección de Odepa con una convicción clara: el desarrollo silvoagropecuario de Chile requiere políticas públicas con visión de largo plazo, coherencia estratégica y una base técnica sólida.
Odepa no ejecuta subsidios ni administra grandes programas productivos. Su rol es menos visible, pero estructural: integrar información económica, productiva, social y ambiental para diseñar, articular y evaluar políticas sectoriales. No se trata solo de generar estadísticas, sino de anticipar escenarios, reducir asimetrías de información y aportar coherencia estratégica a la acción del Estado.
Al finalizar la administración del Presidente Gabriel Boric, puedo decir que fortalecimos ese rol.
Consolidamos la institucionalidad del servicio: profesionalizamos la gestión de convenios y transferencias, regularizamos procesos observados por Contraloría y alcanzamos un 100% de cumplimiento en compromisos de auditoría. Reforzamos el área jurídica, modernizamos la gestión documental y avanzamos en estándares de ciberseguridad como Operador de Importancia Vital del Estado. Estos avances no son administrativos: son condiciones para sostener políticas públicas creíbles y robustas.
Impulsamos la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, articulando más de 80 medidas con una mirada estructural: soberanía como resiliencia y capacidad país, no como autarquía. Consolidamos el Plan Nacional Convergente de Desarrollo Rural y logramos que las 16 regiones cuenten con su Plan Regional, instalando una política territorial intersectorial.
Integramos la sustentabilidad como parte de la competitividad agroexportadora, avanzando en planes sectoriales de cambio climático, fortaleciendo la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria y el programa Chile Origen Consciente, y acompañando reconocimientos internacionales por parte de FAO.
Modernizamos el sistema de información agraria con estadísticas intercensales, integración de registros y nuevas herramientas tecnológicas. Más que innovación tecnológica, fue fortalecer la capacidad del Estado para anticipar y decidir mejor.
En este período se consolidaron más de 90 aperturas sanitarias, contribuyendo a que las exportaciones agrícolas superaran los US$ 20.500 millones en 2024, en un marco de mayor coherencia estratégica entre competitividad y sustentabilidad.
No se trató solo de administrar lo existente, sino de instalar agendas estructurales con mirada de Estado.
El agro chileno enfrenta desafíos complejos. Hoy cuenta con una base estratégica más sólida para abordarlos.
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