Certeza jurídica y crecimiento: los pilares para el desarrollo
En el debate económico actual existe un consenso indiscutible sobre la relación directa entre la estabilidad institucional y el crecimiento a largo plazo. Chile -que durante décadas lideró las inversiones en la región-, se encuentra hoy en la necesidad de volver a crecer con urgencia.
Tras haber transitado por dos procesos constitucionales fallidos que prolongaron la incertidumbre, el país requiere restablecer las bases de su competitividad. La inversión, motor fundamental del empleo y la innovación, necesite un ecosistema que garantice predictibilidad y confianza para la toma de decisiones financieras complejas.
Un síntoma del debilitamiento de esta previsibilidad fue la reciente anulación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Collahuasi. Este tipo de resoluciones no solo paraliza relevantes iniciativas mineras, sino que erosiona la confianza en la institucionalidad. Cuando las decisiones de organismos regulatorios y ambientales quedan sujetas a revisiones judiciales muy posteriores y poco previsibles, se altera la matriz de riesgo del inversionista.
Ante este escenario, resulta evidente que no es suficiente la dictación de leyes para crear certeza jurídica y lograr que los agentes de mercado vuelvan a confiar e invertir. Se debe lograr que la política -especialmente algunos sectores del Congreso-, adopte la seriedad y la rigurosidad como herramientas de su quehacer. La proliferación de mociones parlamentarias que desafían el marco constitucional o que buscan alterar de forma reactiva las reglas del juego genera un ruido sistémico que ahuyenta el capital. La certeza jurídica no emerge de la mera acumulación de normas, sino de la coherencia, la estabilidad y el respeto irrestricto al Estado de Derecho por parte de los actores políticos.
Sólo con señales unívocas que demuestren a los inversionistas que las reglas son claras y se mantendrán de forma persistente en el tiempo, se logra consolidar la sensación de certeza institucional.
Por esta razón, en el debate técnico se plantean ideas de política fiscal como la invariabilidad tributaria -como en el proyecto de ley de Reconstrucción, que se comenzará a discutir en el Senado-, o el establecimiento de reglas de largo plazo para determinadas macroinversiones de capital intensivo. Estas herramientas operan como un seguro contra el riesgo regulatorio, garantizando que los retornos proyectados no se verán mermados por imprevistos.
Para retomar la senda del desarrollo, Chile debe entender que la certeza jurídica es un bien público. No se trata de otorgar privilegios, sino que de tener una gobernanza predecible. El crecimiento económico es el resultado directo de un marco institucional donde los contratos se respetan, las instituciones deciden sin interferencias y el legislador actúa con responsabilidad.