Instituciones sólidas, desempeño exigido: lo que muestra el IFUDE 2026
Chile ocupa una posición destacada en las principales mediciones internacionales sobre democracia. Los informes de Freedom House, V-Dem y Democracy Index coinciden, con distintos énfasis metodológicos, en reconocer la solidez de sus procedimientos electorales, sus libertades públicas y la madurez de sus instituciones fundamentales. Algo semejante ocurre con el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, donde el país continúa situado entre los de mejor desempeño de América Latina.
Esos resultados son relevantes, particularmente en un escenario internacional marcado por procesos de autocratización, debilitamiento de los contrapesos institucionales y deterioro de las libertades. Sin embargo, las comparaciones internacionales entregan una imagen necesariamente general. Permiten establecer la posición relativa de un país, pero informan menos acerca de los avances y retrocesos que se producen año a año en el funcionamiento concreto de su democracia.
A esa pregunta busca responder el Índice de Funcionamiento de la Democracia (IFUDE), elaborado por el Proyecto de Investigación Aplicada en Democracia de la Universidad Miguel de Cervantes. Su propósito es evaluar anualmente la marcha del régimen democrático chileno, identificar sus líneas de progreso y advertir oportunamente sus deterioros, a partir de una premisa metodológica sencilla: una democracia puede conservar estables sus instituciones centrales y, al mismo tiempo, funcionar mejor o peor de un año a otro.
El IFUDE examina siete dimensiones -confianza y valoración de la democracia, representatividad e igualdad, vigencia efectiva del Estado de Derecho, soberanía popular, libertades y participación, seguridad pública, y gobierno responsable y eficaz del Estado-, desagregadas en 28 variables y evaluadas a partir de 96 indicadores provenientes de estadísticas oficiales, y estudios e informes nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Cada variable puede registrar una variación positiva, negativa o neutra, lo que permite construir un balance anual de las fluctuaciones del sistema.
La edición 2026, que analiza el comportamiento de la democracia durante 2025, entrega un resultado general favorable: el índice avanzó 3,3 puntos, equivalentes a una mejoría de 11,79% respecto del año anterior. Cinco de sus siete dimensiones registraron variaciones positivas y dos mostraron retrocesos, un balance superior al observado en la primera medición.
Los principales avances se produjeron en seguridad pública, vigencia efectiva del Estado de Derecho y confianza y valoración de la democracia. El progreso en seguridad pública no significa que el país haya resuelto la totalidad de sus problemas en esta materia; el índice registra como avances, en concreto, la disminución sostenida de la tasa de homicidios y el desarrollo de nueva institucionalidad especializada en la materia. En cuanto al Estado de Derecho, el índice da cuenta además de avances en los indicadores relativos a la independencia y capacidad operativa de las instituciones de control.
La mejoría en la valoración de la democracia por las personas constituye otra señal de interés. Las instituciones democráticas siguen sometidas a una intensa crítica ciudadana y la confianza en los actores políticos continúa siendo baja. Con todo, la literatura sobre apoyo al régimen democrático distingue entre el descontento con el desempeño de autoridades e instituciones -que puede canalizar demandas de reforma- y la desafección con el régimen democrático mismo, que tiende a abrir espacio a alternativas no democráticas. Que la ciudadanía mantenga esa distinción es un dato relevante que el índice permite documentar.
Los retrocesos se concentraron en libertades y participación, y en gobierno responsable y eficaz del Estado. En la primera dimensión influyó la circulación de desinformación durante el último proceso electoral, un desafío ampliamente estudiado por la literatura reciente sobre calidad democrática. Más significativa resulta la segunda caída consecutiva de la dimensión gobierno responsable y eficaz del Estado, que el índice asocia con la capacidad del Estado para diseñar políticas, ejecutarlas oportunamente, coordinar instituciones y responder de manera fiscalmente solvente a las demandas y necesidades ciudadanas cada vez más complejas.
Aquí se sitúa el principal hallazgo del IFUDE 2026. Chile posee una democracia comparativamente sólida en sus estructuras vertebrales: las elecciones son íntegras, el poder se transmite pacíficamente, las libertades se encuentran ampliamente garantizadas y el Estado de Derecho conserva una vigencia alta en perspectiva regional. Las mayores debilidades detectadas por el índice se sitúan, en cambio, en el rendimiento del sistema político y en la capacidad de respuesta estatal.
Esta brecha entre solidez procedimental y desempeño puede adquirir consecuencias significativas para la legitimidad democrática, que depende tanto de procedimientos justos y límites al poder, como de instituciones capaces de ofrecer seguridad, protección social y respuestas oportunas frente a problemas colectivos. La literatura sobre legitimidad democrática subraya que ambas dimensiones -la procedimental y la de desempeño- resultan necesarias para sostener, en el largo plazo, el apoyo ciudadano a las instituciones.
Los resultados del IFUDE permiten también evitar dos lecturas igualmente imprecisas. La primera es el catastrofismo, que describe a la democracia chilena como si estuviera al borde del colapso. La segunda es la complacencia, que confunde estabilidad institucional con ausencia de problemas. La evidencia disponible sugiere, más bien, que el país cuenta con fortalezas democráticas importantes que conviven con desafíos en su desempeño que requieren atención sostenida.
En conjunto, los resultados del IFUDE 2026 sugieren que el margen de mejora de la democracia chilena se concentra menos en sus garantías institucionales básicas -bastante consolidadas- y más en la eficacia del sistema político y en la capacidad de respuesta del Estado para atender las principales preocupaciones de las personas. Esa es, de acuerdo con el índice, la brecha que explica una parte relevante de la distancia entre la solidez procedimental de la democracia chilena y la evaluación ciudadana de su desempeño.