Campo de acción de la nueva ruralidad: institucionalidad, informalidad e ilegalidad
Coescrita con Valentina Fuentes Cerda, geógrafa, asistente de Investigación Rimisp
Recientemente publicamos un capítulo en el libro "Imagina Rural: sostenibilidad biocultural para territorios rurales" (Pablo Díaz y Fabiola Leiva, compiladores), titulado "Conceptualizando el espacio de acción de la nueva ruralidad: institucionalidad formal, informalidad e ilegalidad", es una reflexión sobre los desafíos de la nueva ruralidad, entendida como una ruralidad conectada globalmente y caracterizada por la gran diversificación de empleos, nuevos usos de la tierra y una fuerte movilidad de las personas.
En el texto, más allá de ver los desafíos de la nueva ruralidad en términos de una síntesis de diagnósticos circunscritos a brechas sectoriales (por ejemplo, educación, salud e infraestructura), a partir de la experiencia regional pensamos que el debate se puede trasladar a entender el espacio de acción cotidiano donde se desenvuelven los habitantes rurales. En América Latina, este espacio social está profundamente marcado por una relación ambivalente con las normas, resumida en la histórica premisa de "se acata, pero no se cumple", donde las reglas formales que buscan organizar la vida social suelen ser transgredidas o reinterpretadas por los individuos en su día a día. En este contexto, identificamos que el espacio de acción de la nueva ruralidad se articula a través de tres dimensiones entrelazadas: la institucionalidad formal, la informalidad y la ilegalidad.
La institucionalidad formal abarca todas aquellas interacciones y actividades que están debidamente reguladas por el Estado, lo que implica, por ejemplo, la participación oficial en programas públicos, el pago de impuestos o el cumplimiento de protocolos jurídico-normativos. No obstante, esta dimensión enfrenta tensiones derivadas de la falta de reconocimiento hacia la diversidad de mundos que componen la ruralidad. Por ejemplo, la institucionalidad formal choca habitualmente con las cosmovisiones de los pueblos indígenas, excluyendo de la política oficial sus formas de organización, sus autoridades ancestrales y sus concepciones de justicia, las cuales a menudo consideran a la naturaleza y a entidades no humanas como sujetos de derechos que no suelen estar considerados en los marcos normativos.
La informalidad, por su parte, engloba aquellas relaciones laborales y comerciales que operan al margen de las regulaciones estatales, pero que no son de naturaleza ilícita. Esta dimensión es importante de considerar, ya que datos recientes destacan que cerca del 67% del empleo rural en América Latina es informal. La informalidad es un motor clave del dinamismo económico rural, como lo demuestran estudios que analizan la emergencia de clúster espontáneos, donde las cadenas de valor prosperan y generan empleo local sin intervención gubernamental directa.
En este contexto, las mujeres rurales desarrollan estrategias de pluriactividad, combinando actividades productivas y reproductivas para sostener la economía de sus hogares. Se suma a ello el trabajo vinculado a la minería informal -impulsada por la alta demanda de la transición energética global- que se expande en la región latinoamericana. Si bien estos sectores generan un fuerte impulso económico, se requiere avanzar en acuerdos para formalizar las prácticas de este sector, lo que contribuye, a su vez, a resguardar los derechos de los trabajadores, de las comunidades y los ecosistemas.
Finalmente, la ilegalidad comprende un conjunto de actividades directamente prohibidas por la ley y carentes de canales de formalización, alimentadas por la débil gobernanza estatal en los territorios más aislados. El tránsito de las personas hacia la ilegalidad no siempre responde a un afán criminal o delictivo, sino que muchas veces actúa como un mecanismo pragmático de subsistencia. Prácticas como el contrabando, la minería ilícita, la venta irregular de combustible o madera, o el cultivo de plantas de uso ilícito proporcionan un flujo de ingresos importante para economías domésticas altamente presionadas.
Estas prácticas llenan los vacíos de un Estado intermitente, un espacio muchas veces capturado por el crimen organizado, pero también permiten a las familias vulnerables asegurar su alimentación, costear gastos en educación, enfrentar emergencias médicas o sobreponerse a desastres climáticos, lo que les otorga mayores niveles de autonomía frente a los vaivenes de un mercado abierto e incierto que dificulta la planificación de los sectores más desprotegidos.
La nueva ruralidad se caracteriza por un tránsito dinámico y constante entre estas tres dimensiones del campo de acción. Nombrarlas no implica estigmatizar a la población rural como cercana a lo ilegal; de hecho, las tres dimensiones también operan a nivel urbano.
Es un fenómeno presente en la región latinoamericana. Nombrar las dimensiones es importante para poder establecer medidas que permitan generar diálogo entre esos mundos para abordar las brechas identificadas. No visualizar este espacio implica limitar la transformación para mejorar las condiciones de vida de la población rural contemporánea, porque las propias herramientas del Estado y la inversión privada chocan frente a estas lógicas y sus tabúes. Por eso, en el texto quisimos abordar aquello que se ve, pero no se nombra y, por lo tanto, no está del todo claro cómo tratar.