La cuenta que no rindió cuentas: democracia delegativa y participación ciudadana
El 1 de junio de 2026, el Presidente José Antonio Kast presentó ante el Congreso su primera Cuenta Pública. Ante millones de chilenos, describió emergencias, enumeró logros y convocó a la unidad. Habló de esperanza. Habló de familias. Habló, incluso, de diálogos ciudadanos. Sin embargo, en las casi 27 páginas del discurso, la participación ciudadana en la gestión pública brilló por su ausencia: no como descuido retórico, sino como elección política coherente con una forma de entender la democracia.
El mandato democrático, en este relato, opera en un solo sentido: más de siete millones de ciudadanos depositaron su confianza el día de la elección, y esa confianza se transforma en el derecho y la obligación de gobernar. Lo que sigue es administración, no deliberación. El ciudadano vota, delega y espera. El presidente actúa, decide y rinde cuentas al Congreso. El ciclo se cierra. Esta es la arquitectura de la democracia delegativa que describió hace décadas Guillermo O'Donnell, y que en Chile persiste con notable comodidad a través de los gobiernos.
Los llamados diálogos ciudadanos mencionados en el discurso, realizados en Coltauco, Concepción, Coyhaique, Puerto Montt, Copiapó y Villa Alemana, son la prueba más elocuente de esta lógica. No son espacios de co-construcción ni de deliberación vinculante: son instancias de escucha selectiva, donde el gobierno oye para informarse, no para ceder poder. La diferencia entre escuchar y participar no es menor: define si la ciudadanía es actor, sujeto o insumo.
Este enfoque no sorprende si se lee en conjunto con el Instructivo Presidencial N°4 de abril de 2026. Ese documento eliminó la paridad de género en los Consejos de la Sociedad Civil, suprimió los cupos para pueblos originarios, reemplazó el piso mínimo de sesiones por la fórmula vaga de "periodicidad necesaria" e incorporó los ejes de seguridad y orden público como contenidos obligatorios de las Cuentas Públicas Participativas. El instructivo y la cuenta pública son, en realidad, el mismo documento: uno regula los canales, el otro revela la concepción.
La cuenta del Presidente Kast no ignora a la ciudadanía: la convoca. Pero la convoca a un rol específico: ser destinataria de las políticas, testigo de los logros, receptora de la esperanza. La familia aparece más de 30 veces en el discurso; la organización ciudadana, casi ninguna. Las juntas de vecinos, los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones territoriales están ausentes no porque no existan, sino porque en esta arquitectura política no tienen un lugar formal en la gestión. Son el paisaje, la escenografía.
A 15 años de la Ley 20.500, la pregunta no es ya si el actual gobierno cree en la participación ciudadana al modo que la ley contempla. La pregunta es si Chile, como sistema político, está dispuesto a convertir esa participación en una obligación del Estado independiente del signo de quien gobierna. Mientras la respuesta sea no, mientras los instructivos reemplacen un pendiente mejoramiento y fortalecimiento de la ley de Participación en la gestión pública, mientras los diálogos reemplacen a los consejos vinculantes, mientras escuchar reemplace a decidir juntos, la cuenta pública seguirá siendo exactamente eso: una cuenta que el poder rinde sobre sí mismo, ante sí mismo, para sí mismo.