Chile arrendado: pobreza salarial y exclusión habitacional
La casa propia ha dejado de ser un horizonte alcanzable para la mayoría de las familias en Chile. Aquello que durante décadas se sostuvo como una meta posible a través del trabajo y el ahorro, hoy se configura como un privilegio reservado para unos pocos. Mientras el PIB del país continúa creciendo, los salarios permanecen estancados y el costo de la vida no deja de aumentar. En este escenario, el acceso a la vivienda emerge como una de las expresiones más crudas y visibles del empobrecimiento contemporáneo.
Los datos son contundentes. Según un informe del Centro de Estudios Inmobiliarios de la ESE Business School de la Universidad de Los Andes, el 80% de las familias chilenas no cuenta con ingresos suficientes para comprar una vivienda. Esto significa que la enorme mayoría de la población está condenada a arrendar indefinidamente, incluso trabajando de manera formal y estable. No se trata de "malas decisiones financieras" ni de una supuesta incapacidad individual de ahorro: es una brecha estructural entre salarios y precios inmobiliarios.
La situación resulta dramática cuando se observan los primeros deciles de ingreso. Una familia del primer decil, con ingresos cercanos a los 307 mil pesos mensuales, habita una vivienda valorizada en aproximadamente 70 millones de pesos. Sin embargo, con sus ingresos actuales y las condiciones del mercado hipotecario, solo podría aspirar a comprar una vivienda de menos de 18 millones. La distancia entre lo que las familias necesitan para vivir y lo que efectivamente pueden adquirir no es solo amplia: es abismal.
Incluso sectores medios comienzan a quedar fuera del acceso a la vivienda. Recién en el octavo decil -familias con ingresos cercanos a 1,7 millones de pesos- se alcanza cierta equivalencia entre el valor de la vivienda que habitan y la que podrían comprar. Es decir, para acceder hoy a una vivienda relativamente acorde al mercado se requiere pertenecer al 20% de mayores ingresos del país.
Pero el problema no termina en la imposibilidad de comprar. También arrendar se ha vuelto económicamente asfixiante. En el último estudio de Fundación SOL se explora la relación del salario mínimo con el pago de un arriendo. El salario mínimo líquido en Chile apenas alcanza para costear el arriendo básico de un departamento de dos dormitorios y un baño, de menos de 50 metros cuadrados. En comunas de la Región Metropolitana con alta oferta inmobiliaria, como Independencia o La Florida, el valor promedio de estos arriendos oscila entre los 345 mil y los 421 mil pesos mensuales. Esto significa que una persona que percibe el salario mínimo debe destinar entre 78% y 96% de sus ingresos líquidos únicamente a pagar un techo.
La consecuencia es brutal: luego de cubrir el arriendo, queda un monto marginal para alimentación, vestuario, transporte, cuentas básicas, educación y otras necesidades esenciales. La vivienda deja de ser un espacio de seguridad para convertirse en una fuente permanente de angustia económica.
La insuficiencia salarial se vuelve todavía más evidente cuando se analiza cuánto alcanza realmente a cubrir el ingreso mínimo. Incluso considerando la propuesta de aumento impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, que elevaría el salario mínimo a $553.553, el panorama sigue siendo crítico. De ese monto, cerca de $103 mil se destinarían al pago de cotizaciones previsionales y de salud; otros $271 mil serían necesarios para financiar una canasta básica de alimentos para un hogar de tres personas; y aproximadamente $98 mil se gastarían en transporte cotidiano. Después de cubrir esas necesidades mínimas, quedarían apenas $82 mil pesos disponibles para enfrentar todos los gastos restantes, incluido el arriendo.
En otras palabras, aun trabajando jornada completa y percibiendo el salario mínimo reajustado, una persona no podría sostener de manera autónoma las condiciones básicas de reproducción de la vida. El problema ya no es únicamente la pobreza extrema, sino el avance de una pobreza asalariada: personas que trabajan, pero cuyos ingresos son insuficientes para garantizar estabilidad habitacional y bienestar básico.
La nueva medición de Casen 2024 confirma esta realidad. Al eliminar el "alquiler imputado" -que contabilizaba como ingreso ficticio el hecho de vivir en una vivienda propia- e incorporar una línea de pobreza específica para quienes pagan arriendo, la pobreza en Chile asciende al 17%. Sin subsidios estatales, alcanzaría el 25%. Es decir, uno de cada cuatro habitantes sería pobre si el Estado no amortiguara parcialmente el enorme desfase entre salarios y costo de vida.
Durante años se insistió en que Chile era un país de propietarios. Hoy esa narrativa se desmorona. Las nuevas generaciones enfrentan un horizonte marcado por el endeudamiento, la incertidumbre habitacional y la imposibilidad de construir patrimonio. Arrendar dejó de ser una etapa transitoria para transformarse en una condición permanente de precariedad.
El problema de la vivienda no puede reducirse a una discusión inmobiliaria o financiera. Es una discusión sobre pobreza, desigualdad y condiciones materiales de existencia. Porque cuando una familia debe destinar casi todo su salario a pagar un arriendo, lo que está en crisis no es solamente el acceso a la vivienda: es la posibilidad misma de vivir con dignidad.