Austeridad y cultura
La apertura de los fondos concursables del Ministerio de las Culturas volvió a instalar una discusión recurrente: ¿Debe el Estado financiar la creación artística y cultural en tiempos de estrechez fiscal? La pregunta no es trivial. La cartera de Cultura, tradicionalmente compleja, debe lidiar hoy con dos realidades en apariencia irreconciliables. Por una parte, la evidente necesidad de apretar un cinturón fiscal que afecta directamente al presupuesto en esta materia. Por otra, la empresa vital de fomentar la Cultura como parte del quehacer estatal.
Estos días, las redes sociales han servido de escenario para una nueva ronda de recriminaciones contra el ministerio. Algunos comentarios apuntan a errores concretos en el diseño de los fondos y sus bases; otras, en cambio, cuestionan la legitimidad misma de que el Estado financie actividades culturales. Es respecto de esta última crítica donde considero importante detenerse.
No podría estar más en desacuerdo con posturas que sostienen que el financiamiento de proyectos culturales mediante fondos o becas fomenta una industria que no se sostiene por sí misma y que, por tanto, al no ser rentable en el mercado, el Estado debería abstenerse. Craso error. El Estado tiene una obligación de promover la cultura, en tanto acercamiento de la belleza, consolidación de ciudadanos más participativos, entendidos y formados. Dicho de otro modo, la cultura puede producir bienes cuyo valor excede con creces su precio de mercado.
La cultura no es únicamente entretenimiento. Es también transmisión de memoria, formación de sensibilidad, preservación del patrimonio y construcción de comunidad. Una sociedad que deja enteramente su vida cultural al criterio de la rentabilidad termina favoreciendo aquello que puede consumirse masiva e inmediatamente, relegando expresiones cuyo aporte es más profundo y duradero. Las grandes obras artísticas, las tradiciones populares, la investigación patrimonial o la creación destinada a públicos específicos rara vez se justifican por sus retornos económicos directos. Sin embargo, constituyen parte esencial de aquello que una comunidad considera digno de conservar y transmitir.
Por ello, el deber del Estado en esta materia no debiera entenderse como una concesión a determinados grupos de interés, sino como una responsabilidad pública. Promover la cultura significa acercar a las personas a la belleza, ampliar sus horizontes de comprensión y fortalecer su participación en la vida común. En este sentido, cultura y educación son dimensiones inseparables que contribuyen a la formación y fortalecimientos de los espacios comunes, el tejido social y la participación cívica.
Desde esa perspectiva, considero positivo que existan incentivos para proyectos orientados al público infantil y familiar. En una época donde el consumo de contenidos digitales es masivo y prácticamente carece de mediaciones, la calidad cultural adquiere una importancia aún mayor. Si la acción pública busca formar hábitos, despertar curiosidad y cultivar criterios de apreciación, resulta razonable prestar especial atención a quienes se encuentran en etapas formativas.
Por supuesto, ello no implica desconocer los problemas existentes. Las políticas de financiamiento cultural son perfectibles y las bases de los concursos rara vez dejan satisfechos a todos los actores involucrados. En la convocatoria actual existen inconsistencias e incongruencias que merecen ser corregidas. La crítica fundada sigue siendo necesaria, precisamente porque los recursos son escasos y las decisiones deben justificarse adecuadamente.
Pero una cosa es exigir mejores políticas culturales y otra muy distinta es renunciar a ellas. Cuando el único criterio para decidir qué merece existir es su rentabilidad inmediata, terminan desapareciendo precisamente aquellas expresiones que enriquecen la vida espiritual de una comunidad, preservan su patrimonio y amplían su experiencia de la Belleza. Defender el financiamiento público de la Cultura no significa ignorar las restricciones fiscales -lo urgente, o la emergencia, no debe ser enemigo de lo importante-; significa reconocer el rol que le toca al Estado en la promoción de bienes sociales que no son visibles.