Protección social, el antídoto al pesimismo
Cuando los gobiernos ponen en el centro la prosperidad de las grandes mayorías -y no solo la de un puñado de personas ricas-, las políticas públicas generan avances concretos. A inicios de septiembre, dos herramientas dieron cuenta de importantes progresos sociales alcanzados durante el gobierno del presidente Boric, años en que la seguridad económica, social y ciudadana fueron una prioridad. Esos logros conviven hoy con un ambiente económico hostil y esa tensión ayuda a entender por qué profundizar la protección social se torna más importante.
La primera es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) Comunal, calculado por el PNUD gracias a los registros administrativos desagregados que hoy publica el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF). El IDH evalúa salud, educación y nivel de vida. Entre 2022 y 2024, el índice promedio de las comunas subió de 0,570 a 0,605, impulsado por el alza de 13,1% en ingresos reales -de 368 mil a casi 417 mil pesos por comuna- junto con mejoras en escolaridad, cobertura educacional y menor mortalidad prematura. El IDH de las mujeres creció 10,2%, el doble que el de los hombres (5,1%), reduciendo en 26,5% la brecha de género, pero todavía se mantiene la histórica brecha territorial.
El segundo instrumento es la Encuesta de Bienestar Social (EBS), aplicada desde 2021 por el MDSF para complementar los indicadores socioeconómicos de la Encuesta Casen. La EBS 2025, comparada con la de 2023, muestra un aumento del Índice General de Bienestar Individual, explicado por mejoras en ingresos y seguridad económica, seguridad ciudadana, salud física y mental, bienestar subjetivo, educación, relaciones sociales y medioambiente. La satisfacción con la vida alcanzó su nivel más alto desde que existe la medición, pero mujeres y quintiles de menores ingresos siguen con peores niveles de bienestar que hombres y el quintil más rico, y persisten diferencias por edad y entre zonas urbanas y rurales.
Estas buenas noticias, referidas a la administración anterior, contrastan con el pesimismo que domina las expectativas económicas. El Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026 desde 1%-1,75% a apenas 0,25%-0,75%, atribuyendo el ajuste al alza de los combustibles, el desempleo, el deterioro de la confianza y la desaceleración de la demanda interna. La cautela de hogares y empresas se refleja en indicadores bajo el umbral de 50 puntos que separa el optimismo del pesimismo: en agosto, el Índice de Percepción de la Economía de GfK Adimark llegó a 31,7 puntos, 15 menos que a inicios de año; el de Confianza del Consumidor de Ipsos se desplomó a 38,1 puntos, la mayor caída interanual entre 30 economías medidas; y el de Confianza Empresarial de Icare-UAI repuntó a 48,21 puntos, pero aún está 4 puntos más bajo que en enero.
¿Cómo pueden convivir avances en bienestar con expectativas tan negativas? Aunque los índices de confianza son termómetros de corto plazo, sensibles a la coyuntura, y los de desarrollo o bienestar acumulan procesos más lentos y estructurales, no son análisis completamente disociados. Pese a que Chile ha sacado a millones de personas de la pobreza, la gran mayoría vive con mucha fragilidad: la EBS 2025 muestra que casi la mitad tiene dificultades para llegar a fin de mes y que cerca de dos tercios serían vulnerables ante la pérdida de ingresos de algún miembro del hogar. En ese ambiente se asimilan las noticias sobre paralización de obras, inflación, cesantía y recortes fiscales. Muchas familias no tienen margen para enfrentar un despido, una enfermedad grave, un gasto imprevisto o un alza de precios relevante.
En lugar de dejar a cada persona enfrentando sola los vaivenes del mercado, la enfermedad, el envejecimiento o las emergencias inesperadas, el desafío de la política pública es la protección social: anticiparse a los riesgos, combinar respuestas generales con medidas sensibles a las particularidades, acompañar a las familias mientras progresan y seguir cerrando las brechas. En tiempos de incertidumbre, se necesita un Estado capaz de evitar que un golpe inesperado haga retroceder años de esfuerzo y avances. Allí deben estar los recursos públicos el próximo año; es de esperar que Hacienda y el Congreso lo tengan como prioridad.