Justicia civil, el cuento del lobo
Hay reformas que se anuncian tantas veces que terminan convertidas en fake news. La reforma a la justicia civil es una de ellas. Viene, ahora sí viene, se ha dicho por años. Está madura, existe consenso técnico, hay diagnóstico compartido, solo falta voluntad política. Y, sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años, cambian los gobiernos, se renuevan las prioridades, y la justicia civil sigue allí: esperando.
No es una espera menor. Hablamos de una reforma de la que se habla desde la primera década del presente siglo. Una reforma que debió completar el ciclo modernizador de la justicia chilena, después de los avances en materia penal, laboral y de familia. Pero mientras esos órdenes jurisdiccionales fueron objeto de transformaciones profundas, la justicia civil -la justicia común, cotidiana, patrimonial, contractual, vecinal, de deudas, incumplimientos, indemnizaciones, arrendamientos, etc.- quedó atrapada en un artefacto procesal envejecido, escrita en exceso, lenta, formalista y muchas veces distante de las necesidades reales de las personas.
Lo impresentable no es solo la postergación. Lo verdaderamente impresentable es que nos hayamos acostumbrado a ella. Que parezca normal que el país funcione con una justicia civil que no conversa con la velocidad de la economía, con la complejidad de los conflictos actuales ni con las expectativas mínimas de acceso oportuno a una decisión judicial. Una justicia que llega tarde no siempre es justicia. A veces es apenas una forma institucionalizada de resignación y eso es grave.
Por eso es positivo que el tema recupere visibilidad y cierto interés bajo este gobierno y con el ministro de Justicia. Hay allí una señal que debe ser valorada. No porque baste con estas tibias señales, ni porque debamos olvidar el largo historial de postergación, sino porque parece comenzar a entenderse algo elemental: la reforma a la justicia civil no es lujo de procesalistas ni capricho de académicos. Es una reforma económica, social e institucional de primera importancia.
Una justicia civil lenta encarece el crédito, debilita la confianza contractual, incentiva el incumplimiento estratégico y golpea especialmente a quienes no pueden resistir años litigando. Para una gran empresa, un juicio largo puede ser un costo más. Para una pyme, puede ser la diferencia entre sobrevivir o cerrar. Para una persona común, puede significar perder tiempo, patrimonio, tranquilidad y confianza en el Estado. La justicia civil no está en los márgenes de la vida social: está en su centro, pero sin el ruido de la justicia penal.
Precisamente por eso el contexto actual vuelve más exigente el desafío. Si el gobierno del presidente Kast se ha presentado bajo la lógica de una emergencia económica, entonces la reforma civil no puede quedar nuevamente en el capítulo de las buenas intenciones. Al contrario: Si se quiere reactivar la economía, destrabar inversiones, proteger a las pequeñas y medianas empresas, dar certeza a los contratos y recuperar confianza, no basta con hablar de permisos, impuestos, empleo o gasto público. También hay que mirar el sistema que resuelve los conflictos cuando esas relaciones fallan. Y ese sistema, hoy, llega tarde, demasiado tarde.
La emergencia económica no puede ser una excusa para postergar la reforma. Debiera ser una razón adicional para tomarla en serio. Porque no hay crecimiento sano donde los contratos son difíciles de hacer cumplir. No hay confianza donde la deuda se judicializa durante años. No hay inversión segura donde la solución de controversias depende más de la resistencia financiera de las partes que de la fuerza del derecho. La justicia civil también es infraestructura del desarrollo.
Pero esa misma emergencia obliga a formular una advertencia. Esta reforma no puede ser solo un saludo a la bandera. Si se hace, debe hacerse bien. Y hacerla bien exige recursos humanos y materiales, jueces, salas, gestión, capacitación, tecnología, gradualidad y una comprensión real del cambio cultural que supone pasar desde un proceso predominantemente escrito a uno más oral, concentrado, inmediato y dirigido activamente por el juez.
La oralidad no es magia. La inmediación no se decreta. La dirección judicial del proceso no aparece por la sola publicación de una ley. Si no hay medios humanos y materiales suficientes, la reforma puede terminar produciendo una nueva frustración. Peor aún: puede convertir una expectativa legítima en otro capítulo del mismo cuento del lobo.
El juez civil debe dejar de ser una figura que aparece tarde, cuando el expediente ya creció sin control. Pero tampoco se trata de reemplazar el protagonismo de las partes por un juez dueño del proceso. El desafío está en el equilibrio: un juez activo, imparcial, capaz de ordenar el debate, depurar lo irrelevante, promover acuerdos cuando corresponda, fijar tempranamente los hechos discutidos y conducir audiencias útiles. No audiencias para cumplir con la estadística. Audiencias para resolver mejor.
La fase de discusión, en particular, requiere una transformación profunda. Demanda y contestación no pueden seguir siendo piezas que se acumulan antes de que alguien identifique con seriedad cuál es el verdadero conflicto. Un proceso moderno debe permitir saber temprano qué se discute, qué hechos están controvertidos, qué prueba es necesaria, qué excepciones pueden resolverse de inmediato y qué posibilidades reales existen de solución colaborativa. El proceso civil no debe premiar la confusión ni la dilación. Debe ordenar el conflicto.
El país ya esperó demasiado. La justicia civil chilena no puede seguir siendo la reforma siempre anunciada y siempre pendiente. Si se la quiere revivir, bienvenido sea. Pero el estándar ahora es alto. Después de tanta espera, ya no basta con decir que el lobo viene. Hay que demostrar que esta vez viene de verdad.
Y, sobre todo, hay que demostrar que viene con diseño, presupuesto y voluntad de implementación. Porque una reforma a la justicia civil sin recursos sería apenas otra promesa vacía. Y Chile no necesita más promesas. Necesita una justicia civil que funcione bajo un sistema que mire a las necesidades del siglo XXI.