Del Estado Protector al Propietario Asegurado
Cuando hay un accidente automovilístico, no se espera que el Estado reponga el vehículo, se supone que más allá del seguro obligatorio, hay también un seguro por las pérdidas del bien. Si el propietario no tomó seguro por alguna razón, sabe que está asumiendo solito los riesgos y sus consecuencias.
Es cierto, el automóvil no es un bien de primera necesidad, mientras la vivienda sí. Con mayor razón uno debiera resguardar esa gran inversión. Para ambos casos existen los seguros y para un bien raíz también el propietario debe saber que, al no tomarlo, está asumiendo solo sus riesgos y en ningún caso endosárselos al Estado.
Muchos dirán que no pueden pagar. Es posible que en algunos casos sea real. Hay personas que no tienen posibilidad de acceder a una prima. En estos casos el Estado puede ayudar a la adquisición del seguro a través de subsidios, costo que siempre será muy inferior a tener que asumir totalmente los riesgos.
Quienes no quieran pagar un seguro, pudiendo hacerlo, porque tienen los recursos, y prefieren destinarlo a otros fines, están en su derecho, pero deben asumir las consecuencias y no traspasarlas a la sociedad.
Los que tienen créditos hipotecarios tienen la obligación de tener seguro por la bien raíz. Para el resto, queda a criterio de los propietarios. En este caso es necesario que el Estado lo regule y establezca esta responsabilidad personal, porque como es de suponer, traspasar la responsabilidad al Estado resulta más cómodo y no implica gasto alguno, sino una gran complicación futura para resolver la situación.
Hay algunos cuyo siniestro es de una segunda vivienda, sea para uso familiar o renta, y piden ahora que el Estado se la reponga. Es sabido que éste no lo puede hacer y así se le informa, pero sus propietarios insisten en reclamar lo contrario Está muy bien que el Estado solidario apoye a los más necesitados, pero hay que blindarlo también frente a los abusos.
Debieran existir seguros obligatorios para todas las propiedades debidamente regularizadas. El Estado debe ayudar solo a quienes no puedan cancelar la prima o a quienes están en tomas, que en definitiva están bajo su responsabilidad por no tomar las medidas para evitar su irregular asentamiento.
El establecer claramente la responsabilidad del propietario sobre su bien raíz, generará una masificación de los seguros con la consiguiente reducción de costos y un significativo ahorro al Estado en la recuperación de viviendas siniestradas. De esta manera el problema se podría resolver de mejor manera y no pasar dos años sin solución efectiva. También podría establecerse una Institución de Seguros del Estado, que, junto con ofrecer la prima, permita regular mejor el precio.
Así entonces el Estado provee mecanismos y apoyo, pero no asume los riesgos.
Por su parte los municipios podrían también tomar seguros por la infraestructura de las poblaciones, de tal manera que puedan reconstruirla sin esperar que lleguen los recursos públicos, que son siempre escasos.
Es necesario y urgente que se haga un estudio serio al respecto, con el apoyo también de las aseguradoras. Primero por un principio social básico que responsabilice a cada ciudadano con sus obligaciones propias, sin traspasárselas al Estado. Segundo, porque seguir por el camino que hoy transitamos es evidentemente ineficiente, sea por la falta de recursos o por la necesaria burocracia del Estado que complejiza la solución. Tercero es urgente también porque a los incendios y terremotos hay que agregar ahora el cambio climático que está generando un aumento de desastres en todo el mundo.
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