Ley Ricarte Soto: entre logro histórico y riesgo de estancamiento
A una década de su implementación, la Ley Ricarte Soto se ha consolidado como uno de los avances más significativos en la política sanitaria chilena. Su creación en 2015 respondió a una deuda evidente: la falta de protección frente a enfermedades de alto costo. A partir de su puesta en marcha, se aplica a personas de Fonasa, isapre y otros sistemas, sin importar sus ingresos, cubriendo medicamentos, dispositivos médicos y terapias costosas definidas por el Ministerio de Salud.
El sistema ha logrado ampliar progresivamente su cobertura, beneficiando a decenas de miles de personas y financiando terapias que antes eran simplemente inalcanzables. De hecho, el número de beneficiarios ha crecido de forma sostenida desde su inicio, reflejando tanto su impacto como la creciente demanda por este tipo de protección.
Actualmente, la ley cubre 27 problemas de salud incluyendo enfermedades raras, ciertos cánceres y patologías inmunológicas, con financiamiento que puede alcanzar el 100% del tratamiento en los casos definidos. Este diseño, basado en protocolos clínicos y evaluación técnica, ha permitido introducir criterios de priorización y transparencia poco habituales en políticas públicas de este tipo.
Hoy, sin embargo, ese mismo instrumento que representó una innovación social relevante, enfrenta un momento crítico que obliga a repensar su futuro. El éxito inicial ha dado paso a una tensión estructural, que ha generado una brecha entre expectativas sociales y capacidad financiera. La medicina avanza rápidamente y con ella aparecen nuevos tratamientos, cada vez más efectivos pero también más costosos, que presionan el sistema.
La Ley Ricarte Soto no ha logrado adaptarse al mismo ritmo y su problema más urgente es el estancamiento. Desde el 2021 no se incorporan nuevas patologías y en el 2026, el proceso de evaluación de tratamientos se encuentra oficialmente suspendido, lo que ha causado que miles de pacientes siguen esperando que su enfermedad sea reconocida para acceder a cobertura.
Se estima que existen decenas de tratamientos en espera y más de 30 mil personas afectadas por esta paralización, cuya causa principal es financiera. El fondo que respalda esta ley y que fue concebido como un mecanismo específico para cubrir terapias de alto costo, enfrenta límites evidentes frente al aumento sostenido de la demanda.
La falta de un informe clave de la Dirección de Presupuestos ha impedido avanzar en nuevas incorporaciones y refleja un problema más profundo, que es la ausencia de una estrategia de financiamiento acorde a la evolución del sistema. La ley fue diseñada como una herramienta dinámica, capaz de ir incorporando nuevas tecnologías sanitarias, pero en la práctica se ha vuelto rígida.
Mientras los tratamientos evolucionan, la cobertura permanece prácticamente congelada y el resultado es una importante frustración social, especialmente entre pacientes con enfermedades poco frecuentes, quienes ven cómo existen terapias disponibles en el mercado, pero inaccesibles por su costo.
Sin embargo, hoy hay medicamentos que en su momento justificaron su inclusión en la ley y que pueden dejar de ser excepcionalmente caros, pero el sistema no ha desarrollado mecanismos suficientemente ágiles para revisar estos cambios y liberar recursos para nuevas necesidades. Esto ha llevado a expertos a indicar qué sin ajustes estructurales, el modelo corre el riesgo de volverse insostenible.
Compartimos qué en este escenario, el debate frente al futuro de esta ley debería centrarse no solo en el necesario aumento del presupuesto, sino también en rediseñar su funcionamiento; revisando criterios de incorporación, mejorando los mecanismos de evaluación tecnológica e integrando esta política dentro de una visión más amplia del sistema de salud.
La Ley Ricarte Soto no puede transformarse en una isla dentro del sistema sanitario. Su efectividad futura dependerá de su articulación con otras políticas, como el fortalecimiento del sistema público, la disminución de precios de medicamentos y el desarrollo de estrategias de compra más eficientes.
Aquí hay una decisión relevante; mantener la ley tal como está implica aceptar su progresiva pérdida de legitimidad y capacidad de respuesta. Reformarla, en cambio, exige voluntad política, recursos y una mirada de largo plazo. Lo que está en juego no es solo un instrumento legal, sino un principio fundamental: que enfermar no sea sinónimo de empobrecer, porque la Ley Ricarte Soto nació para garantizar ese principio. Hoy, su desafío es no dejar de cumplirlo.