Los endebles muros del imperio de la memoria selectiva
Chile no solo atraviesa una crisis económica, atraviesa un quiebre institucional de confianza que se viene gestando desde la curva descendente de un estallido social que nos costará un lustro superar. Una crisis que golpea a los pequeños y medianos empresarios, que siguen siendo invisibilizados respecto de un Gobierno que se preocupa exclusivamente por las grandes empresas del multirut y no de hacer cumplir el "Estatuto Pyme", que algunos defendimos con vigor en su momento. Sin embargo, como nuestro sistema es gatopardista, pese a estar grabado en piedra, esta norma sigue siendo una promesa verbal en un entorno donde el que grita más fuerte implementa los cambios.
Un ejemplo claro de esto es la ley de pago a 30 días -que establece este plazo para pagar facturas tras su recepción- que cuenta con sus propias trabas logísticas, exigencias de etiquetado y requisitos de retail que, en la práctica, extienden esos pagos a 70 días o más. Mientras el Estado y las grandes empresas ganan tiempo con el dinero ajeno, esa clase media se desangra. Del otro lado, los ministros con la experiencia de un extraterrestre recién llegado a La Moneda se sientan a negociar con un pequeño grupo de "representantes de papel" que se arroga la vocería de todas las pymes de Chile para acordar supuestos ajustes que no representan a la base real del país. Así, la confianza se va como abducida rumbo a las estrellas más opacas del firmamento.
Resulta contradictorio hablar de una agenda de fomento cuando, en la práctica, las medidas de alivio más esperadas no logran materializarse en el día a día de quienes sostienen la economía. Si bien es cierto que se anuncian grandes avances, la realidad es que los beneficios concretos brillan por su ausencia, dejando a los emprendedores en un estado de vulnerabilidad financiera que no admite más esperas. Bajo este escenario de promesas incumplidas, surge una duda razonable sobre la dirección de las políticas públicas: ¿Cómo se podrá confiar en un "mega proyecto" cuya idea de legislar fue aprobada bajo condiciones que parecen favorecer solo a unos pocos? Nuevamente, el pequeño empresario se ve obligado a enfrentar un potencial ingreso de capitales y mano de obra diseñado a la medida de los grandes grupos.
Este abandono del sector productivo que le da trabajo a cerca del 70% de los chilenos parece ser el síntoma de una crisis ética estructural. La corrupción nos acecha hoy por todos los frentes, revelando un impacto económico que es profundamente inmoral. Nos enfrentamos a una degradación nunca antes vista en nuestra nación, donde la falta de probidad termina por asfixiar el futuro de los ciudadanos honestos que solo piden un piso mínimo de justicia para trabajar.
Esta crisis de confianza llega a su punto más crítico cuando miramos a las cabezas de nuestras instituciones. La inaceptable situación del fiscal nacional Ángel Valencia no es un detalle administrativo, sino un síntoma de la necrosis: la máxima autoridad persecutora del país reconoce que mantiene una deuda histórica de 30 años en su Crédito con Aval del Estado, la que "olvidó" hasta seis días antes de que la prensa la hiciera pública. Esa coincidencia no es menor en atención a que -mientras miles de profesionales y técnicos jurídicos viven estresados buscando cómo pagar sus cuotas (que vencen a fines de mayo cada año)- los que deben perseguir el delito parecen gozar, además de mala memoria, de una inmunidad envidiable.
Para quienes con esfuerzo estudiamos derecho, la "buena fe" es un pilar fundamental. Sin embargo, esa presunción pierde todo sentido cuando se aplica a quien padece de una formidable memoria selectiva: se olvida de sus deudas, se olvida de con quién se tomó un café para traficar influencias y se olvida de cuándo lo hizo. El cargo de fiscal nacional se ejerce durante ocho años y su remoción es un camino complejo que pasa por la Corte Suprema y el Congreso. Pero más allá de lo legal, queda la inevitable sensación de que el estándar ético de quien lidera el Ministerio Público es algo flexible y su juramento profesional, el equivalente al papel mojado.
El expresidente Gabriel Boric prometió en su momento terminar con el CAE y hacer justicia para muchos deudores que hoy son cesantes ilustrados en una economía que no puede absorber más profesionales y que ruega por los técnicos, pero hoy entendemos por qué el sistema ha logrado resistirse a cualquier cambio en torno a ella.
Cuando la autora bielorrusa Svetlana Alexievich escribía que "el olvido es una forma de mentira", se refería a estas realidades que no resisten la luz pública. El sueldo bruto mensual del fiscal nacional en Chile -de aproximadamente $9 millones y medio- es uno de los mayores ingresos del Estado en el país, superando la dieta de diputados y senadores. El problema deja de ser solo una cuestión financiera y se convierte en la deuda moral de una autoridad cuyo rol ha sido el de exigir transparencia al resto mientras él mismo falla en el más básico concepto de probidad.
En el Chile de hoy, la probidad parece haberse convertido en un privilegio de las jerarquías. Como en los imperios decadentes o los inicios de los feudos. Pero mientras el estándar ético se relaja para la cúspide del Ministerio Público, el rigor de la ley se reserva para el resto de una clase media, pymes y ciudadanos que no salen del pasmo del último mes de cambios. Que se pregunta si seguimos en la sartén o ya caímos al fuego... no estamos solo ante la amnesia acomodaticia de un persecutor cuestionado, estamos ante la degradación de quien debería ser el primer custodio de la fe pública y, con él, el de los pilares de los muros de defensa contra las malas prácticas. Cuando el perseguidor del delito se refugia en la memoria selectiva, se confirma la sospecha ciudadana de que en nuestro sistema, la justicia no es ciega sino que prefiere esconder la vista detrás de su venda.