¿Trabajadores o IA? Aspectos de la propuesta de crédito al empleo formal
El proyecto de ley de Reconstrucción Nacional tiene como propósito que el país crezca en empleo, producción y equilibrio fiscal. En específico, al año 2030, busca reducir la tasa de desempleo de 8,3% a 6,5%; alcanzar un crecimiento anual promedio del PIB de 4%; y lograr un balance estructural equilibrado del Fisco. A partir de esa idea central, se incluyen diversas medidas en la propuesta, buena parte de ellas orientadas a promover la inversión en el país. Una que destaca es la promoción del empleo formal, a través de un crédito tributario para empresas en el Impuesto de Primera Categoría (IDPC).
Un empleo formal es aquel que cumple con la legislación vigente, dando acceso al trabajador a la protección previsional en salud, invalidez y vejez. La formalidad trae consigo el costo financiero de dicha previsión y, al mismo tiempo, el costo regulatorio del mercado laboral chileno (i.e. indemnizaciones, conflictos esperados, jornada, fueros). El costo de la formalidad implica un desincentivo a participar de manera formal en el mercado laboral. Cotizar y firmar contrato, así como cumplir con regulaciones de riesgo y sanidad, es una exigencia costosa, lo que puede llevar a que las personas busquen evadirla. La recompensa para el trabajador por tener un trabajo informal es un mayor salario líquido. El costo es la pérdida de protección social, que, al ser lejana y poco probable en el horizonte de planificación de las personas, se pasa por alto. Y ahí donde las personas no prevén su futuro, el costo para el Fisco es considerablemente mayor. Debe financiar, a través de mecanismos no contributivos (e.g. PGU), lo que el trabajador no contribuyó a su propio destino.
Frente a la situación descrita, la política debe buscar la alineación de incentivos, con el fin de que las personas busquen trabajar formalmente. Esto implica reducir o aliviar los costos asociados a ello; o aumentar los beneficios asociados. Pese a esto, contratar a un individuo es cada vez más caro para una empresa en Chile. Por ejemplo: el porcentaje de la cotización previsional irá aumentando y las regulaciones de jornada hacen más rígida la contratación. Esto, por sí solo, tiene un efecto negativo sobre el nivel de empleo y los salarios líquidos, porque las empresas responden estratégicamente y ofrecen salarios menores para absorber sólo parcialmente los costos (Boeri, Garibaldi y Moen, 2013).
Un factor que agrava profundamente los efectos mencionados es la creciente automatización y racionalización de las empresas. No tiene sentido contratar a un individuo, con todos los costos que esto conlleva, si el empresario puede reemplazarlo por capital. Invertir en capital cada vez más barato será siempre preferible si puede sustituir la contratación de trabajadores cada vez más caros (Graetz y Michaels, 2018). La propuesta de crédito tributario para el empleo formal es un subsidio dirigido a mantener las contrataciones existentes. En ese sentido, suavizará una transición inevitable, dictada por el cambio tecnológico. Esto puede ser positivo, siempre que sea complementado con mejoras regulatorias para el mercado laboral.
Por otro lado, el subsidio eleva la protección de los trabajadores ya contratados, que es la política que han seguido los tomadores de decisiones en Chile. Los mayores costos de despido hacen menos probable la movilidad laboral. Esto implica que los trabajadores jóvenes o sin experiencia vean reducidas sus expectativas de empleo. Tome como señal lo siguiente: en los 152 meses transcurridos entre marzo de 2010 y octubre de 2022, la tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años superó el 20% sólo 18 veces, de las cuales 16 ocurrieron en el período 2020-2021 (pandemia). Desde noviembre de 2022, han pasado 40 meses, y en 39 se ha superado el 20% de desempleo para el tramo etario observado (INE, 2026). Adicionalmente, el INE ha reportado que, a febrero de 2026, un total de 379 mil personas entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan (Nini). Aunque la peor situación del empleo joven depende de múltiples factores, debe considerarse que los cambios regulatorios han sido el común denominador del período.
En resumen, la propuesta mencionada tiene aspectos positivos frente a un problema actual como la transición tecnológica, pero debe ser mejorada en sus aspectos de incentivos. Por ejemplo, restringir el subsidio al inicio del contrato y condicionarlo a medidas de capacitación de la fuerza laboral podría ser una modificación interesante. De otra manera, la medida corre el riesgo de ser costosa para el Fisco y no mover la aguja del empleo en Chile.