Egreso en residencias: una deuda legislativa que no puede seguir pendiente
En nuestro país, al mes de julio, 5.125 niños, niñas y adolescentes viven en residencias de cuidado alternativo, con 1.172 entre 16 y 17 años, y 553 ya son mayores de 18. Para ellos, cumplir la mayoría de edad se transforma en un fuerte estresor, pues la ley solo les permite permanecer en dichos espacios si continúan estudiando y, aun así, con un límite máximo de 24 años. En la práctica, esto significa que 33,6% de quienes hoy viven en residencias se enfrenta a esta angustiante realidad: si no logran cumplir con ese requisito, deberán abandonar el lugar que ha sido su hogar, aun sin contar con redes, ingresos ni las habilidades mínimas para iniciar una vida independiente.
La trayectoria de institucionalización y las graves vulneraciones de derechos dejan profundas huellas en los jóvenes, pues muchos alcanzan la mayoría de edad con rezagos escolares significativos, problemas de salud mental, escasas redes y nulos ejemplos que guíen el proceso de transición hacia la vida independiente, un camino que la mayoría de las personas recorre de manera paulatina y acompañada. Todo lo anterior dificulta enormemente su desarrollo. Exigirles, además, la continuidad de estudios como condición para mantener un lugar donde vivir es cerrarles la puerta cuando más apoyo necesitan.
La salida abrupta de la red de protección, sin un acompañamiento adecuado, incrementa de manera dramática los riesgos: situación de calle, pobreza extrema, consumo problemático, explotación, exclusión social. Esta situación los deja en un nivel de desamparo que debe ser abordado con urgencia.
Actualmente, la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados discute el proyecto de ley que busca armonizar la legislación en materia de niñez y adolescencia (Boletín N° 15351-07). Esta era la instancia -y así lo vislumbró el propio Ejecutivo- para incluir una propuesta que eliminara este requisito. Sin embargo, en las indicaciones ya presentadas por el Gobierno no se contemplaron medidas para abordar esta urgencia. Aun así, sigue siendo posible -y sobre todo necesario- hacerlo. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los jóvenes esperan con ilusión estas modificaciones, y el propio Gobierno ha reconocido en diversas ocasiones la magnitud del problema. Estamos, en efecto, frente a la última oportunidad legislativa cercana para incorporar estos cambios.
Eliminar la condición de estar cursando estudios significa reconocer que a los 18 años -y muchas veces incluso a los 24- no se alcanza la autonomía plena. La experiencia internacional también demuestra que la transición a la vida adulta requiere tiempo, vínculos estables y seguros y apoyos flexibles, adaptados a la realidad de cada joven.
Este es el momento de corregir una contradicción evidente. No resulta razonable que la permanencia en una residencia dependa de la continuidad de estudios. No se trata de un favor ni de un beneficio excepcional, sino de cumplir con el deber de protección hacia las personas más desprotegidas, aquellas que han crecido bajo el cuidado del Estado y que necesitan con urgencia apoyos, oportunidades y condiciones mínimas que les permitan, al fin, construir un proyecto de vida digno. No perdamos la oportunidad de avanzar en una solución que es tan necesaria como urgente.
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