El abuso sexual infantil es un flagelo social que debe ser erradicado en el país. Muestra de esto es que en cuatro años estos delitos han aumentado en un 10%, alcanzando en el 2017 a 18.690 denuncias. La gravedad de esto se traduce en que hoy, 51 niños son abusados por día, es decir más de 18 mil son víctimas de este terrible delito cada año. Más grave es la situación si hablamos sólo de niñas, ya que tres de cada cuatro víctimas lo son.
Lamentablemente, en la actual legislación las penas para los condenados por estos delitos son bajas, lo cual permite que los pedófilos puedan cumplirlas en libertad.
Para hacernos cargo de esta situación presentamos una moción junto a la Agrupación “No + Abuso Sexual Infantil”, organización compuesta por padres de niñ@s víctimas de este tipo de delitos y que han venido trabajando con la Diputada Marisela Santibáñez, que también fue suscrita por los senadores Adriana Muñoz, Alfonso De Urresti, Jaime Quinatana y Juan Ignacio Latorre, para aumentar las penas a los pedófilos y contar con mejores medidas de protección para la niñez vulnerada sexualmente.
Nuestro Código Penal sólo distingue por edad en la violación y en el abuso sexual entre mayores y menores de 14 años. La propuesta que realizamos aumenta las penas para todos los condenados por violencia sexual a menores de 18 años, en los casos de abuso, violación y estupro. Además, para asegurar la privación efectiva de libertad a los condenados y se les prohíbe tener una pena sustitutiva.
Otro punto que abordamos es la libertad condicional. A partir de ahora para que el condenado pueda optar a este beneficio, el pedófilo deberá someterse a un procedimiento farmacológico y psicológico por lo que reste el tiempo de la condena.
También busca mejorar las medidas de protección para la infancia abusada: el victimario no podrá vivir en la misma comuna que el afectado, lo cual permite evitar que la víctima se encuentre con el delincuente y la vigilancia al condenado se deberá realizar hasta cuando la víctima cumpla 18 años de edad.
De todas formas, sabemos que estas medidas no son suficientes, sino que deben ser acompañadas por medidas administrativas sobre los abusadores. Para esto se debe asegurar que durante su privación de libertad sean tratados psico-socialmente, para tener una real resocialización que reduzca la posibilidad de que vuelvan a delinquir, cuando cumplan su condena.
Si bien ya nos encontramos avanzando en el proyecto que otorga imprescriptibilidad para los delitos sexuales, debemos enfocarnos, a su vez, en las propuestas que hemos planteado para ir en protección de la infancia abusada y reafirmar nuestro compromiso con esta realidad.
Esto no se trata sólo del endurecimiento de las penas - cuestión que encuentra terreno fértil en redes sociales - porque debemos hacernos cargo no solo del castigo, sino también de enfrentar estos hechos a partir de la educación y desde el seno de nuestra sociedad. Esa es la mirada que nos permitirá dar real protección a nuestros niños y niñas en el país.
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