Desde el 6 de junio de 2022, un avión Boeing 747 de carga -con tripulantes iraníes y venezolanos- se encuentra retenido en el aeropuerto Ezeiza de la ciudad de Buenos Aires. La aeronave, actualmente perteneciente a la venezolana Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea Conviasa, operó hasta febrero de este año para la compañía iraní Mahan Air, la que realizaba vuelos desde Teherán a Caracas.
Estas compañías están sancionadas por Estados Unidos y algunos de los tripulantes del avión retenido en Buenos Aires están acusados de tener contactos con el movimiento proiraní Hezbolá y con la Fuerza Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria de Irán, la que es considerada, al igual que Hezbolá, como un grupo terrorista por Washington.
Según informes recogidos por la prensa argentina, el itinerario de vuelo del avión en cuestión contempló un viaje desde Caracas a Teherán el 21 de mayo, un aterrizaje en Moscú el 25 de mayo, día que regresó a Teherán para volar desde allí a Belgrado. Luego, el 26 de mayo aterrizó en Caracas, para volar a México el 4 de junio, volando a Buenos Aires el 6 de junio. Luego de ser rechazado para un aterrizaje en Montevideo, volvió a Buenos Aires, donde ha permanecido detenido. Llama la atención los vuelos a Teherán y Moscú, en el contexto de la guerra en Ucrania y de las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea contra esos dos países.
Uruguay le negó el espacio aéreo al avión de Emtrasur y el ministro de Defensa, Javier García, justificó la medida ante el Parlamento, bajo el concepto de que había recibido información de la Secretaría de Inteligencia de Paraguay vinculando al avión con Hezbolá, responsable del atentado contra la AMIA. A estas denuncias se suman las evidencias del FBI, enviadas desde Washington, que aseguran que el capitán de la nave, Gholamreza Ghasemi, está asociado con la Fuerza Quds y con Hezbolá. De este modo, el misterio que rodea a este avión ha involucrado a tres países sudamericanos, como son Argentina, Paraguay y Uruguay.
Además, este tema está vinculado con la preocupación que causó para algunos parlamentarios y para el gobierno chileno la presencia en Chile de algunos aviones venezolanos de la empresa Conviasa. Uno aterrizó en Santiago el 22 de junio y un segundo lo hizo el 4 de julio. Según informes de Santiago, no existe relación entre estas aeronaves y la que aterrizó en Buenos Aires, pues se trataría de empresas distintas, estos eran vuelos tipos chárter sin itinerario regular y no había ciudadanos iraníes en ellos. Sin embargo, es sabido que Emtrasur es una filial de Conviasa y que el avión que aterrizó en Santiago el 22 de junio pertenecía previamente a la aerolínea iraní Mahan Air, lo mismo que lo ocurrido con el Boeing 747 retenido en Argentina.
Se trata de una importante cantidad de coincidencias que además se dan en un contexto de profundización de las relaciones entre Venezuela e Irán. En junio de 2022, el presidente Maduro viajó a Irán, encabezando una delegación política y económica de alto nivel, tras lo cual se estableció una cooperación estratégica de 20 años. Además, durante el mes de julio Maduro designó como embajador en Teherán al piloto José Silva Aponte, comandante de la base aérea donde se encuentra la sede de Emtrasur, compañía del avión retenido en Buenos Aires.
Más allá de todas estas coincidencias, la presencia de estas operaciones debe considerarse en el marco de tres factores que son de importancia regional y también global. En primer lugar, la realización de dos atentados terroristas en Buenos Aires, uno en 1992 en contra de la Embajada de Israel y otro en 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA. Las investigaciones judiciales argentinas han determinado que estos atentados y, en especial el segundo, fueron programados por las más altas autoridades políticas de Irán de la época, las que encomendaron su ejecución al movimiento Hezbolá, considerado como terrorista por Estados Unidos, Israel, la Unión Europea y Argentina, entre otros.
En segundo lugar, ha existido una creciente presencia iraní en América Latina, en especial, una profundización de sus relaciones con los países del ALBA durante las dos últimas décadas, lo que incluye a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. En este sentido, se trata de la construcción de una agenda que es especialmente antiestadounidense y antiisraelí.
En tercer lugar, en el contexto de un continuo desarrollo del programa nuclear iraní de enriquecimiento de uranio, existen cada vez menos salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, y mayores dificultades para encontrar un diálogo que promueva la reincorporación de Estados Unidos y de los compromisos de Teherán con el acuerdo 5+1 firmado en 2015.
Finalmente, en el contexto de la guerra de Rusia en Ucrania, la presencia iraní en América Latina fortalece un eje Moscú-Teherán-Caracas (al que podría sumarse Pekín), que comprende a tres países objeto de sanciones económicas, que son contrarios a la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y en el mundo.
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