Acuerdo de Escazú, un tratado aún en construcción

Carolina Palma Correa
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Este enero se ha transformado en un momento clave para el primer tratado de derechos humanos y medio ambiente de América Latina y el Caribe. Al cumplirse el tercer año desde la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, la presión por avanzar en su gobernanza e implementación a nivel local y regional se hace cada vez más intensa.

En lo que respecta al tratado mismo, el domingo 14 de enero se cerró el proceso de participación para el Plan de Acción sobre Defensoras y Defensores Ambientales, que estaba llevando a cabo Cepal en su rol de secretaría técnica. Con él se busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9, el cual aborda la necesidad de que los Estados tomen medidas para la protección de las y los defensores ambientales y asegurar el ejercicio de sus derechos.

Este punto es fundamental, ya que nuestro continente es el escenario del 88% de los asesinatos de personas defensoras ambientales a nivel mundial, según Global Witness. En Chile, si bien todavía no llegamos a los casos alarmantes de asesinatos que se ven en otros países, la situación de los defensores es especialmente preocupante pues los amedrentamientos se ejercen a través de acciones que ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, así como por medio de acciones judiciales contra la participación pública (SLAPP), esta última siendo una de las tácticas más utilizadas para silenciar por medio de la intimidación la labor de las personas que buscan la protección de territorios en conflicto.

En esta misma línea, a más de un año desde la adhesión del tratado por parte de Chile, una de las políticas públicas propuestas por este gobierno, el "Protocolo de Protección de los defensores de Derechos Humanos, el Medioambiente, comunicadores y operadores del sistema de justicia" continúa sin novedades sobre su contenido y tiempo de implementación desde los ministerios de Justicia y Medio Ambiente, y el Ministerio Público.

Al mismo tiempo, a nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente se encuentra realizando un proceso de consulta pública para el anteproyecto del Plan de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), donde la ciudadanía puede emitir comentarios hasta el 1 de febrero de 2024. Este plan, si bien es un primer esfuerzo en el levantamiento de necesidades y responsabilidades, todavía parece poco ambicioso para la necesidad de ejecución de un acuerdo tan importante como Escazú, el cual necesita propuestas claras, contundentes y detalladas para lograr lo que se propone. En ese sentido, faltan especificaciones respecto a cómo serán financiadas las distintas acciones propuestas, la forma en que se hará seguimiento a aquellas que deberán ser implementadas de manera sectorial (por ministerios distintos al de medio ambiente), al mismo tiempo que se observa poca definición respecto al rol y las obligaciones que deberán asumir tanto el sector privado como las organizaciones de la sociedad, instancias que tienen muchos que aportar en esta materia.

Por todo lo anterior, y, como dicen los mismos principios del acuerdo, la participación ciudadana es fundamental para hacer seguimiento a la implementación del tratado. Así, los documentos que salgan de estas consultas serán parte importante de la forma en que se aplicarán los estándares de Escazú a partir de la tercera Conferencia de las Partes (COP3), que se llevará a cabo en abril de este año en la sede de Cepal en Santiago.

Es en este contexto que el llamado es a la ciudadanía a participar, opinar, y difundir en todas las instancias que se abran para seguir construyendo un tratado que tiene toda la potencialidad para ser la gran herramienta que los defensores del medio ambiente y los derechos humanos necesitan, o, por el contrario, ser otro instrumento insignificante que solo sirvió para el lavado de imagen de algunos Estados.

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