Cambio climático: la importancia de la infraestructura, gobernanza y justicia en las ciudades
Recientemente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) entregó la segunda parte de su sexto informe, el cual aborda los impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático indiscutiblemente inducido por la acción humana. Como investigadores CEDEUS nos repercute de sobre manera por su alto énfasis en el desarrollo urbano y las acciones urgentes que necesitan ser aplicadas en las ciudades y sus entornos.
Uno de los aspectos centrales del informe es la constatación de que la vulnerabilidad de las personas ante el cambio climático tiene diferentes niveles de gravedad dependiendo de la región, género, etnicidad y otras variables; y que la prosperidad de las futuras generaciones a nivel mundial está a merced de los efectos de fenómenos extremos como huracanes, inundaciones, incendios forestales y sequía, que interactúan con aspectos emergentes como pandemias y el consumo no sustentable de los recursos naturales.
La creciente y continua urbanización, y las desigualdades sociales en las ciudades no hacen más que agravar las consecuencias negativas del cambio climático, afectando profundamente a las comunidades que tienen menos acceso a infraestructura básica.
¿Cuál es la situación de las principales ciudades de Chile respecto a esto? Lamentablemente y a pesar de los avances, de acuerdo a los Indicadores de Sustentabilidad Urbana analizados por el Observatorio CEDEUS, las 16 capitales regionales de Chile aún no alcanzan estándares de sustentabilidad en ámbitos como la cantidad de viviendas accesibles, el número y acceso a áreas verdes, acceso a educación de calidad, uso de modos de transporte menos contaminantes, entre otros.
Por ejemplo, la urbanización centrada en la producción, dispersión y encarecimiento de las unidades de vivienda, empujada por el mercado del suelo y sin una adecuada planificación genera presión sobre las fuentes de agua, los suelos y las redes de servicios básicos, entorpeciendo el acceso al agua, que ya presenta problemas por los peligros derivados de las olas de calor, las tormentas, sequías e inundaciones. Tal como señala el informe, esta situación potencia la instalación de asentamientos informales, hacinamiento, pobreza, y otros fenómenos que incrementan la vulnerabilidad que ya tienen las personas y comunidades.
La adaptación es fundamental pero el progreso es lento y está desigualmente distribuido. La creación de los Consejos Regionales de Cambio Climático es un paso importante a la descentralización de las respuestas, pero nos preocupa que el Plan de Adaptación al cambio climático para ciudades en Chile aprobado en 2018 aún no se implemente, ya que nos aleja del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030.
Necesitamos que las medidas e iniciativas ya diseñadas sean implementadas con un financiamiento adecuado que permita su constancia en el tiempo y para ello necesitamos a todos los actores. Siguiendo la línea del informe: las asociaciones eficaces entre los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades y las organizaciones del sector privado en todas las escalas proporcionan infraestructura y servicios que mejoran la capacidad de adaptación de las comunidades.
Una planificación e inversión integradas en la toma de decisiones cotidianas sobre las infraestructuras urbanas, incluyendo tanto el equipamiento social, las piezas ecológicas y otros elementos construidos -por ejemplo para gestión del agua- pueden aumentar considerablemente la capacidad de adaptación de las ciudades para combatir el cambio climático, sobre todo para las comunidades marginadas y vulnerables.
Y en esta dirección, vemos que las soluciones basadas en la naturaleza como la forestación urbana; la protección de los humedales existentes y construcción de humedales artificiales, la restauración de suelos degradados, entre otras, son factibles de implementar en nuestras ciudades y, que junto con permitir la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, generan otros múltiples beneficios como el mejoramiento de la calidad del aire, la regulación de eventos extremos, y un positivo efecto en la salud física y mental de la población.
Estas acciones generan oportunidades de trabajo muy diversas y son una excelente oportunidad para que las mismas comunidades participen de las soluciones, no como sujetos pasivos de las mejoras implementadas por el Estado o el sector privado, sino como sujetos activos en el diseño y construcción de ciudades resilientes, inclusivas, justas y acogedoras. El cambio climático afecta globalmente, pero en cada ciudad podemos encontrar soluciones territoriales específicas, sobre todo ahora en que Chile está en el camino de una redefinición hacia un Estado regional.
El informe es claro: sin una gobernanza inclusiva, ni planificación y financiamiento adecuado y enfocado, disminuyen las posibilidades de crear resiliencia urbana a través de intervenciones de adaptación diversas y con conocimientos locales e indígenas donde corresponden. Lo que puede llevar a una adaptación deficiente y un continuo aumento de la vulnerabilidad a los riesgos, que sabemos, son complejos, compuestos y en cascada. El desafío es disminuir las desigualdades sociales, las brechas de financiamiento y reformular cómo planificamos las ciudades para lograr una mayor y mejor adaptación al cambio climático acorde a la urgencia.
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