El sinsentido del gas rociado

La foto de un carabinero de las Fuerzas Especiales, rociando gas con un extintor en el rostro de un reportero gráfico en Valparaíso refleja en todas sus dimensiones la precariedad de las condiciones en que trabajan los informadores en nuestro Chile de hoy, cuya democracia, en vez de profundizarse y progresar, se degrada y pierde calidad.

La imagen es muy dramática pero convengamos que es sólo la punta de un iceberg.

¿Qué hay detrás de la foto? Si un agente del Estado se siente “con licencia” para rociar gas, golpear con una luma o simplemente destruir un instrumento de trabajo a un periodista, es porque su Institución no ha internalizado la doctrina implícita y explícita en los Tratados y Pactos Internacionales que obligan al Estado chileno en materia de Derechos Humanos, en particular, el de Información de la ciudadanía.

En el currículum de formación de sus efectivos están totalmente ausentes los contenidos de estos compromisos solemnes que nuestra República ha ratificado oficialmente.

Si no fuera así, el funcionario civil o uniformado tendría clara conciencia de que su función debiera ser garantizar el ejercicio de la función de informar, no para privilegiar a los periodistas y sus colaboradores, sino para defender y, mejor aún, promover el derecho a los ciudadanos que son sus verdaderos “patrones”.

Eso no es todo. Es muy probable que ese miembro de las FFEE no sienta arrepentimiento alguno por su conducta virulenta y por el daño que ocasionó al fotógrafo.

Lo que ha ocurrido en nuestra sufrida historia patria con los violadores de derechos humanos que se sienten merecedores objetos de homenaje, también se reproduce en los mandos medios, en la tropa y en el tiempo. El análisis crítico y la evaluación institucional no pondera los pro y los contra respecto de los grande objetivos nacionales de nuestra Democracia. No hay espacio para el arrepentimiento

¿Cuáles son las deficiencias que producen esta incoherencia entre la formalidad democrática en el discurso y la conducta autoritaria en los hechos del día a día?

Señalemos dos. Primero la indolencia. Sí, la indolencia de nuestro sistema político y sus actores que no han permitido que las normas legales y las políticas públicas de promoción y de defensa del derecho a la información de los ciudadanos, los verdaderos y muy “expropiados” dueños del País, lleguen “a puerto” y prevalezcan, como debe ser, sobre los intereses económicos e ideológicos de una minoría concentradora de empresarios y controladores de la televisión, la radio, la prensa, la publicidad, la telefonía móvil, Internet, es decir, todos aquellos rubros que forman parte de esa enorme y siempre creciente industria de las tecnologías de las comunicaciones.

Ahí está el trámite eterno del Estatuto del Periodista y la Ley de Televisión Digital que se mueve para adelante y para atrás según le interese al lobby de los industriales de la televisión y no de acuerdo a los legítimos intereses de la ciudadanía.

No es todo, todavía está vigente la Ley Otero que prohíbe reportar noticias en recintos privados sin autorización. O sea, ¿los narcotraficantes tienen que conceder la venia y por escrito para ser investigados periodísticamente? ¿Habrá que esperarlos en edificios públicos?

Y luego, el soporte cultural de esta indolencia, cuya forma de vida se “esparce” entre las personas, mutando su naturaleza desde la dignidad de la persona para reducir sus comportamientos y aspiraciones orientados sólo al consumo y al endeudamiento, ergo sometimiento.

Convertidos en una especie de “carne de Mc Donald” por la degradación, las masas terminan asimilándose a la mediocridad del producto que nos entregan la inmensa mayoría de los autodenominados “medios de comunicación”: “reality”, farándula, fútbol polarizado, concentrado, exacerbado y pocas veces jugado, se mezclan con el desprestigio intencionado de toda actividad que pudiere amenazar a esta cultura imperante: liderazgos sociales y ciudadanos, partidos políticos, organizaciones sociales y profesionales.

Lo peor es que, a diferencia de que ocurre en la Europa del primer mundo, es que en Chile la Derecha política y económica está jugada por este estado de cosas que denunciamos. En ese sentido, podemos reconocer con hidalguía la Derecha europea es decente.

Por eso es que no nos debiera sorprender que veamos otra vez a un agente del Estado agrediendo a un periodista. Puede volver a ocurrir y muchas veces. Lo que no debiera volver a pasar es que nos quedemos sólo en la denuncia. Pero ése es otro artículo.