Mentiras (supuestamente) verdaderas

Verónica Rabb

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Esta semana, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se querelló contra el director de La Tercera, el periodista José Luis Santa María y contra la también periodista de ese medio Leslie Ayala, por el delito de injurias y calumnias a través de medios de comunicación social. A finales de julio, el alcalde había anunciado que preparaba una ofensiva legal luego que el medio escrito asegurara su inminente formalización por parte de la Fiscalía Centro Norte en un eventual caso de cohecho de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), información que incluso fue ampliamente replicada también por otros medios de prensa pero que finalmente no ocurrió y, el procedimiento no se concretó.

Si alguien a través de un medio de comunicación incurre en el delito de injurias y calumnias debiera recibir las sanciones legales que establece nuestro ordenamiento jurídico. Así lo dicen las leyes que en Chile califican tanto a la injuria como a la calumnia como delitos contra el honor de una persona, y cuyo marco legal se describe en los artículos 205 al 216 del Código Penal. Por cierto, que no se trata de judicializar a un periodista porque dijo algo que no me gustó o porque el profesional no es de mi agrado. No, no, no, no, no. Pero cuando el medio o el periodista han publicado una mentira, la herramienta válida es la rectificación para reparar el daño hecho pues se espera un comportamiento profesional ajustado a los valores éticos que es exigible no porque lo instruya la autoridad sino por constituirse en el supuesto ético del ejercicio profesional. La injuria y la calumnia también son un asunto de ética. Son faltas a la ética profesional, violan el valor que debemos tener los periodistas con nuestro compromiso con la verdad. Aquel que no lo entienda, creo necesita volver a estudiar y repetir varias veces el ramo de ética periodística.

Si bien lo legal y lo ético son niveles diferentes, se relacionan entre sí. De los periodistas y de los medios de comunicación se espera un comportamiento ajustado a valores éticos que no tiene por qué ser vigilado por las autoridades. Se da por supuesto que para que un periodista sea un periodista, su ejercicio profesional debe ser ético. Igual comportamiento se espera de un medio de comunicación. Las leyes en cambio se imponen mediante el ejercicio de la autoridad competente y con la aplicación de sanciones. La ética periodística no se obliga por autoridad alguna, la violación de sus normas no implica sanciones impuestas por agente externos, porque es un compromiso personal, de conciencia individual, o al menos eso se supone.

Mientras escribo estas líneas, siento un inquietante dèjá vu, la sensación de que nada de lo que sucede pasa por primera vez. La Tercera hace noticia y no precisamente por informar sino que por hacer campear la desinformación. Ante una conducta abusiva y violatoria de los derechos de las personas, la ética queda corta y se debe echar mano a la ley. Constantemente leo por las redes sociales, y hay quienes creen que La Tercera es uno de los medios nacionales que ha renunciando a hacer su trabajo y hace del mal periodismo su ocupación. El mismo alcalde de Recoleta en su momento acusó "persecución política", denunciando "una campaña hecha por un medio particular" y afirmando que "la mentira, la difamación, la calumnia, la injuria, no puede formar parte de la libertad de prensa".

Para los que amamos y respetamos esta profesión, una de las mayores amenazas del buen periodismo es el mal periodismo, es decir el periodismo que miente, que oculta y que con ello contribuye a la desinformación. Dicho esto, la pregunta que surge es: ¿la querella contra el director y la reportera de La Tercera por "injurias y calumnias" pone fin al mal periodismo? Algunos podrán decir que sí, otros que no, otros que más o menos y otros que judicializar a periodistas coarta la libertad de expresión. Para estos últimos, aclarar que este caso no se trata de libertad de expresión. La libertad de expresión no significa faltar a la verdad y afirmar algo que no es. Y hasta donde yo sé La Tercera afirmó algo que no es verdad. Eso aquí y en la quebrada del ají se llama mentir.

La prensa y los periodistas tenemos la responsabilidad de fiscalizar al poder, decir cuál es la verdad, pero no de mentir. Por supuesto que se entiende y reconoce la legitima existencia de una línea editorial de los medios, pero por favor denle un punto de vista ético a su definición. Los medios de comunicación y su relación con la política no puede ser una batalla sin cuartel. El tono sedicioso puede sonar empático para una audiencia acostumbrada a los golpes noticiosos de un solo clic, pero es dañino para la democracia. No hay que esperar el castigo para hacer lo que corresponde.