Alarmismo y amenazas en perjuicio de los trabajadores

Hace no más de 2 semanas, el Presidente Piñera decía en su mensaje del 21 de mayo: “hemos recuperado y duplicado nuestra capacidad de crecimiento, superando en promedio el seis por ciento anual; hemos creado 700 mil nuevos empleos, casi cuadruplicando la creación promedio anterior; son las empresas las que buscan a los trabajadores y no los trabajadores a las empresas”.

Hoy, en cambio, lamentablemente, la ministra Matthei ha declarado que la economía chilena está en “crisis y producto de esta crisis se enviará un proyecto de ley que permitirá disminuir la jornada laboral y sus remuneraciones”.

La actividad económica no puede cambiar tanto en 2 semanas; y, pasar del triunfalismo del 21 de mayo, con crecimiento récord en comparación a otras economías, a decretar la existencia de una crisis.

Ayer se hablaba de pleno empleo y hoy el gobierno anticipa, a nuestro juicio desafortunadamente y de forma alarmista, medidas legales que podrían significar mayor precarización del empleo.

Vemos en esto una mala señal para los trabajadores; lo que se complica aún más porque comienza a debatirse democráticamente la necesidad de subir sustantivamente el salario mínimo para casi 800.000 trabajadores, mayoritariamente mujeres del sector servicios tercerizados y agricultura. El gobierno aplica una campaña del terror, importando una crisis focalizada en algunos países europeos y quiere utilizarla como freno para quienes pedimos un salario mínimo digno.

Para enfrentar las crisis externas, como ocurrió en el 2009, se requiere diálogo social con los trabajadores - modalidad que este gobierno no realiza- una política fiscal anti-cíclica intensiva en inversión -cuestión que tampoco se conoce- y medidas de protección al empleo.

La ministra Matthei sólo utiliza el expediente de amenazar con la importación de una crisis y con esto quiere frenar la legítima petición de que se mejore el salario mínimo de 800.000 trabajadores, cuando lo que esperamos, es considerar la recuperación de la alta inflación de los alimentos y transporte público y que exista un plus por el crecimiento económico, del cual tanto se vanagloria el gobierno.

Una vez más, este gobierno demuestra que el crecimiento y sus beneficios son para una minoría y que cuando se ejerce el derecho a petición de un sueldo mínimo digno, como son $250.000, la respuesta gubernamental es que estamos en “crisis” y “puede aumentar el desempleo”.

Así no deben analizarse las justas demandas salariales.

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