Defender a Carabineros

Pedro Vera

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Hace ya un buen tiempo, la derecha y sus dos candidatos presidenciales -Matthei y Kast- instalaron y repiten una pregunta "¿y quién se preocupa y defiende los derechos humanos de los carabineros?". Hoy, en medio del horror y el repudio que nos produce el terrible asesinato de 3 carabineros, la derecha tratando de sacar pequeñas ventajas políticas ha repetido profusamente esa pregunta, que algunos de los nuestros terminan también haciendo suya.

Lo que pasa es que, por definición, las violaciones a los DD.HH. son producidas por los agentes del Estado, no nos confundamos ni contribuyamos a confundir a la ciudadanía. Efectivamente, por esa confusión conceptual es que la derecha ha tenido tanta dificultad para legislar en relación con el uso racional y legítimo de la fuerza por parte de las instituciones policiales y de las FF.AA., cuando los estados de excepción lo habiliten. Su personal, cuando corresponda, debe poder ser juzgado por "violaciones a los DD.HH." y no puede garantizarse a priori su impunidad. Es legítimo que el legislador se preocupe, en representación de la sociedad, de reducir -en todo lo normativo que sea posible- al mínimo esa posibilidad. No puede sostenerse que así se debilita y se inhibe a dicho personal de actuar ante la delincuencia o el terrorismo.

Al contrario, al prever situaciones dramáticas como las que refiero, se está justamente defendiendo al personal de esas instituciones. En toda sociedad democrática, es deber del Estado promover y garantizar los derechos humanos, en su amplia acepción, y perseguir y sancionar a sus violadores. Lo contrario es aceptar la "ley de la selva" y garantizar impunidad a cualquier exceso o violación de DD.HH.

Para refrescar la memoria de la derecha y su candidata presidencial, en una historia que seguramente conoció bien, la Fuerza Áerea -órgano del Estado- al detener, torturar y mantener detenido al general Bachelet, padre de la expresidenta, hasta ser así responsable de su muerte, cometió una grave violación a los DD.HH. Por supuesto, éste es solo un ejemplo ilustrativo de los centenares de casos de víctimas, tanto de su personal como de ciudadanos civiles, que enlutan su historia.

Hay también una diferencia esencial: En ese periodo vivíamos en una cruenta dictadura la que, por definición, aplastó y sepultó la vigencia de los DD.HH. por largos 17 años y, en cambio, hoy intentamos vivir en una sociedad democrática, que queremos cada día mejor y más plena.

Al entorpecer el legislar en el aspecto señalado, se pone en cuestión la adhesión a la democracia de una derecha que, con tal de sacar pequeñas ventajas políticas, incluso de este horrible crimen, parece no querer abandonar los valores de la dictadura en la que se formó y a la que defendió. En efecto, la derecha ha caricaturizado el tema y sostiene que se está limitando las posibilidades de actuación y de defensa de Carabineros ante la delincuencia, lo que es falso. Es evidente que quienes ejerzan violencia contra o agredan al personal de Carabineros, PDI y FF.AA. en sus legítimas funciones deben ser juzgados con todo el peso de las leyes que ya tenemos y que siempre se pueden endurecer más.

¡Esos ciudadanos no podrían ser juzgados por violar los DD.HH. de los agentes policiales del Estado, pero sí deberán enfrentar todo el peso de la legislación pertinente!

Por eso, la pregunta retórica que repite la derecha -y en particular su precandidata presidencial- es producto de la ignorancia o de la intención expresa de manipular la conciencia ciudadana acerca de los DD.HH. en los que nunca han creído. No debiéramos caer nosotros en esta confusión populista e intencionada.

Adicionalmente, y sin vergüenza, esa derecha pretende chantajear al Gobierno "exigiendo la mantención en el cargo del general director de Carabineros" y, yendo más allá, intentando descabezar a la Fiscalía en la persona de los fiscales responsables de la causa abierta en su contra. ¡Se trata de interferir, con una presión ilegítima, la acción que en el uso de sus facultades autónomas ejerce el Ministerio Público!

Y se hace a sabiendas, porque todo el país lo escuchó, de que el propio Presidente de la República ha señalado previamente y desde el primer minuto que, dada la gravedad de la actual situación, no se efectuarán cambios en el alto mando de Carabineros y que, en el futuro próximo, el general Yáñez permanecerá en su cargo. Parece una decisión política oportuna y racional para enfrentar el momento que vive no solo la institución policial, sino que todo el país.

Ahora, anticiparse a las resoluciones y al proceso que lleva la Fiscalía y pretender que se asegure a priori impunidad, ante la eventual responsabilidad del general Yáñez, implica una conducta inaceptable y francamente sediciosa en que la derecha sobrepasa claramente los límites de una discusión democrática.

Adicionalmente, estamos frente a un gobierno que ha revertido el deterioro en que recibió de su antecesor la institución de Carabineros y que ha realizado la mayor inversión en recursos materiales, vehículos blindados, tecnología y elementos de seguridad para su personal, como lo ha reconocido en más de una vez el propio general Yáñez. ¡Claro que en esas ocasiones la derecha no ha escuchado! Eso es también defender a Carabineros.

Por supuesto, aunque podría requerir espacio para otro comentario, es evidente que requerimos prontamente legislar para dotar al país de un sólido sistema de inteligencia que, idealmente, permita con los recursos necesarios y con las debidas coordinaciones nacionales e internacionales enfrentar al crimen organizado y, eventualmente, al terrorismo, anticipándose y desbaratando así acciones criminales como la ocurrida. Así, se completará un círculo protector no sólo para la ciudadanía, sino que también para nuestras policías.

Hoy, cuando se utilizan todos los medios para mentir y confundir a la ciudadanía, con todo nuestro dolor y nuestro repudio frontal ante el crimen horrendo de 3 carabineros, es urgente y necesario no escabullir y, por el contrario, plantear abiertamente esta discusión.