Algo del camino constitucional que le espera a Chile

Un pre-candidato a la presidencia condiciona el programa de gobierno que se acepte a la persona que lo avale. Este personalismo contradice lo que sufre Chile. La Constitución condiciona el suceder político de Chile al personalismo del presidente con su régimen presidencial extremo, y basta con escuchar a nuestro presidente.

Si Chile quiere progresar tiene que suceder lo contrario: un acuerdo muy amplio, de concordia nacional, en un programa realista que aborde y de solución a los problemas gravísimos que tenemos y que dieron origen al Estallido social y a otras situaciones que se arrastran desde siglos.

Esto es previo a la Constitución y a la elección del próximo presidente de la República.

Ni la nueva Constitución ni el presidente, ni el Parlamento ni los alcaldes pueden solucionar por si mismos los graves problemas de la desigualdad en Chile. Se necesita un acuerdo global para resolver la inequidad y construir una política de desarrollo que tenga como núcleo central la disolución de las causales de esa desigualdad. Varias son las situaciones por las que una nueva Constitución fundada en principios distintos es urgente como garantía que estos problemas puedan ser abordados con visos de solución institucional.

Lo acabamos de plantear, el régimen presidencialista extremo debe terminar y debemos crear una constitución balanceada entre los poderes del Estado especialmente entre el ejecutivo y el legislativo.

El problema de los pueblos originarios. Ellos han sido y son pueblos y naciones con cultura, religión, concepciones, valoraciones de mundo, idiomas diferentes, relaciones con la naturaleza diferentes. La nueva Constitución debe incorporar la multi-nacionalidad y más aún la multi-juridicidad, ya que muchas relaciones con la naturaleza considerada como la madre y entre los seres humanos con diferentes formas de transacciones son incompatibles con la juridicidad “hispana”.

La propiedad considerada intocable y consagrada por el “derecho a la propiedad” que nadie define ni precisa que entiende por ello, porque queda claro que lo que se quiere mantener y la Constitución mantiene es la desigualdad frente a la propiedad.

El Presidente como persona tiene más de 100.000 hectáreas en Chiloé, cuando más de 10 millones de chilenos no tenemos ni siquiera una.Esta desigualdad es injusta y debe terminar a la brevedad. Varios otros tienen más que el Presidente.

Si realmente se quiere suprimir la desigualdad hay que proponer un programa de desarrollo donde todos seamos realmente iguales frente al acceso a la propiedad. Si no se quiere tratar este tema es porque se aumentar la desigualdad.

Por otra parte como anoté, la propiedad no tiene sentido para culturas cuya concepción profunda y religiosa no es la propiedad de la naturaleza sino la pertenencia a la naturaleza.

Tanto el Cristianismo como el Judaísmo y el Islam proclaman que nadie puede apropiarse de nada indefinidamente, porque la naturaleza, la tierra es de Dios. El voto de pobreza o el deshacimiento es la plenitud ética y religiosa universal.

Resulta que esta Constitución en su espíritu consagra que la tierra es del Estado, de todos los chilenos, y para el subsuelo, el agua y los bienes esenciales, lo declara explícitamente, pero a través de concesiones preferentes, el Gobierno destruye en la práctica ese acceso y usufructo equitativo. Esta Constitución declara la equidad y al mismo tiempo la forma de hacer esa declaración impotente. Por esto debe cambiarse la constitución por una que asegure la equidad de facto.

La condición social, comunitaria y colectiva como la más importante para el desarrollo que se quiere para Chile y la condición secundaria del individuo que sin sociedad no puede ni siquiera ser un ser humano como tal.

La Constitución actual pone como prioritario al individuo, “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común…” La persona humana es el individuo y el bien común queda como la yuxtaposición del bien de los individuos; la Constitución niega que la preocupación mayor del Estado sea la sociedad humana, y en segundo lugar los individuos.

Lo estamos viviendo en la pandemia, el bien individual tiene que reducirse y a veces convertirse en malestar en aras de salvar a la especie Homo sapiens.

La educación, la salud, las empresas estratégicas y de servicio deben ser definidas como bienes sociales y comunes, y garantizadas por el derecho social de modo de asegurar su distribución equitativa, justa, de calidad, para todos, al menor costo y sin discriminación ninguna. La nueva constitución debe basarse en la sociedad primero y los derechos sociales y secundariamente del individuo.

La apertura a todos los sistemas productivos y el abandono de la producción capitalista pseudo-neo-liberal que es la que más genera desigualdad y con su crecimiento la aumenta al infinito. La propensión que debe dar la nueva constitución a la producción y distribución de bienes cooperativamente, o por autogestión, por empresas de gestión colaborativa entre empresarios y trabajadores como en Alemania.

Es urgente una nueva constitución que defina de otra forma las relaciones entre seres humanos especialmente las productivas.

La reinstalación del Estado de Chile como la organización del bien común de la comunidad chilena. Deben reinstalarse las empresas del Estado, el cual debe hacerse cargo de la educación, de la salud, de la previsión, de los servicios básicos y empresas estratégicas, de instituciones de bien común como SENAME, Servel, INE, Isp, Conaf, Registro Civil y tantas otras. La nueva constitución debe tener una definición clara de Estado, con sus poderes, cuerpos intermedios, municipalidades y sus cuotas claras de poder. Debe haber un cuerpo del Estado que esté permanentemente pensando a Chile.

            La instalación de una verdadera democracia, no solo de votaciones electorales para presidente o parlamentarios u otros funcionarios públicos, sino en la vida cotidiana.

La Constitución hace residir el poder o la soberanía en la Nación. Hay que cambiarla y poner la soberanía y el poder distribuido equitativamente en el pueblo.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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