¿Con tu plata no?: AFP, política y poder
En el marco de la Convención Constitucional de 2022, Bernardo Fontaine emergió como un ferviente defensor de las AFP, sosteniendo una narrativa que buscaba proteger el sistema de pensiones privatizado en Chile. Su mensaje se centró en la idea de que los ahorros previsionales no estarían seguros para los trabajadores/as si se aprobaba una nueva Constitución, un argumento que provocó reacciones y críticas tanto de expertos como de constituyentes que abogaban por un cambio en el modelo. Ese mismo año, Fontaine seguía siendo director de la compañía de seguros BICE Vida, institución financiera que había recibido inversiones de las AFP.
A medida que se desarrollaba la discusión constitucional, la figura de Fontaine se convirtió en un símbolo de la resistencia al cambio, utilizando sus plataformas para difundir temores y deslegitimar propuestas que buscaban una mayor justicia social a través de un cambio constitucional.
Hoy Fontaine aparece nuevamente en la palestra. Durante la semana pasada se dio a conocer, en la investigación de Reportea y Vergara 240 -de la Escuela de Periodismo de la UDP-, el vínculo secreto de la Asociación de AFP con la fundación de Bernardo Fontaine, quien fuera exconvencional constitucional, vocero de la organización Con Mi Plata No, que busca frenar cualquier tipo de transformación en el sistema previsional chileno, exdirector de Fundación Ciudadanos en Acción, exdirector BICE Vida -institución financiera con negocios en rentas vitalicias- y actualmente parte activa del comando presidencial de José Antonio Kast, quien acaba de pasar a la segunda vuelta y tiene una agenda mercantilizadora.
El reportaje revela que la Asociación de AFP ha estado financiando y apoyando en secreto a la fundación Ciudadanos en Acción, liderada por Fontaine. Este grupo ha estado involucrada en campañas de oposición a cualquier reforma del sistema de pensiones en Chile. Entre sus actividades, ha contratado a influencers para difundir mensajes en defensa de la industria de las AFP. A pesar de que la Superintendencia de Pensiones obliga a las AFP a informar el uso de sus fondos, la Asociación de AFP no está sujeta a la fiscalización de la superintendencia, actuando sin ningún tipo de regulación estatal.
Según el informe, la fundación Ciudadanos en Acción contrata a influencers para promover mensajes en defensa del modelo privatizado de pensiones, los cuales se viralizan en redes sociales gracias a una inversión de al menos $200 millones en Meta. Ello puso en evidencia una estrategia digital que buscaba conducir el debate de las pensiones durante el periodo de discusión de la reforma previsional.
Además del reportaje de Reportea y Vergara 24, se ha sumado la investigación de "Informe Especial" (TVN). En ella se da cuenta de que, en seis años, entre 2019 y 2024, la Asociación de AFP registró un gasto total de $33.215 millones, y prácticamente la mitad (49%) se fue en desembolsos por difusión y asesorías. Es decir, $16.235 millones. En específico, en los años con debates clave -ya fuera en el Congreso o en la Convención Constitucional- el foco presupuestario se agudizó aún más: el 2022 alcanzó el 61% del total y el 2024 llegó al 58%. Entre los receptores de pagos se encuentran encuestadoras como Cadem y Criteria, además del think tank Libertad y Desarrollo.
Las AFP no son meras entidades financieras; son actores políticos significativos que gestionan los ahorros previsionales de millones de personas. Su influencia se extiende más allá de la economía, penetrando en el discurso público y moldeando la percepción social sobre las pensiones. Ya durante décadas se ha puesto en evidencia los fallos del modelo privatizado de pensiones en Chile, ya que este sistema ha perpetuado la desigualdad y ha dejado a muchos trabajadores/as con pensiones miserables.
La diferencia entre las utilidades generadas por las AFP y las pensiones que reciben los jubilados es abismal. En septiembre de 2025, las AFP lograron utilidades por más de $549.925.455.000, equivalentes a más de $2 mil millones diarios, lo que representa un aumento de 16,3% en comparación con el año anterior. En contraste, la mitad de las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en julio de 2025 alcanzaron una pensión de vejez autofinanciada inferior a $268.769. Esta disparidad evidencia la urgencia de un sistema de seguridad social que garantice pensiones suficientes y dignas para las personas.
Es profundamente contradictorio que, mientras las pensiones de los chilenos siguen siendo insuficientes y muchas veces indignas, parte del dinero gestionado por las AFP se destine a financiar campañas políticas que buscan mantener un sistema de pensiones que solo beneficia al gran capital. Esta situación plantea serias preguntas sobre la ética detrás de la gestión de los fondos previsionales, especialmente considerando que la Asociación de AFP no tiene ningún tipo de regulación en torno a la "publicidad" que utiliza.
¿Cómo es posible que, en un país donde la pobreza y la precariedad en la vejez son problemas recurrentes, las AFP, que contribuyen activamente a esos problemas, utilicen los ahorros de los trabajadores/as para influir en el debate político a su favor? ¿Hasta dónde llega la influencia del gran capital en el "debate previsional" en Chile? La falta de buenas pensiones contrasta con el uso de estos recursos en estrategias políticas que buscan perpetuar un modelo que claramente falla en ofrecer seguridad a la ciudadanía.
La relación entre las AFP y el debate público en Chile es un entramado complejo que merece una mayor atención. La crítica al modelo de pensiones privatizado, la defensa de sus representantes, como Fontaine, y la contradicción de usar fondos previsionales para fines políticos son elementos que deben ser discutidos abiertamente. La sociedad chilena necesita un diálogo honesto y transparente sobre el futuro de las pensiones, que priorice el bienestar de los trabajadores/as por encima de los intereses de unas pocas entidades financieras, que han demostrado, una y otra vez, que su prioridad no es el bienestar de la población. Es hora de que los ciudadanos exijan un cambio real, que garantice pensiones dignas y un sistema más justo para la clase trabajadora.
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