Contralorito quiere una dictadura
La proposición del contralor general de la República, de permitir al Gobierno legislar por decreto (los "Decretos con Fuerza de Ley 'Adecuatorios'"), con el fin de saltarse al Congreso para adelantar la instalación de la nueva Constitución -idea secundada por algunos convencionales y ministros de Estado-, no deja de ser sorprendente. Preocupa, sobre todo, el entusiasmo de la citada autoridad fiscalizadora en apoyar de esta forma dicho proceso de instalación, sin reparar en el enorme y descontrolado aumento de las facultades del Gobierno que esa facultad conllevaría.
Desde luego, nada obsta a que, republicana e institucionalmente, cada órgano del Estado ponga lo mejor de sí para que el proceso constituyente llegue a buen término. Pero, precisamente porque se trata de mantener esa actitud institucional y republicana, la insinuación del contralor sobrepasa en "varios pueblos" la idea de un gobierno limitado, que es la esencia misma del constitucionalismo. Esa idea se expresa, entre otras cosas, en que quien legisla en un sistema constitucional serio -sobre todo en mitad de un delicado proceso de transición entre una Constitución y otra- es el Congreso y no el Presidente (salvo autorización expresa y limitada del primero); y que un ente como la Contraloría está allí para evitar que el Gobierno vulnere los límites jurídicos que sujetan su poder, y no para animarlo a superarlos de una manera que solo es propia de una dictadura.
Aún el propio proyecto de nueva Constitución, siendo técnicamente tan defectuoso, regula claramente la dictación de DFL. En otras palabras, la idea del señor Bermúdez se aleja tanto de lo que dice la actual Constitución Política como de lo que dice la futura.
Tampoco parece haber advertido el referido alto funcionario que un adelantamiento en la instalación de la nueva Carta fundamental priva al propio órgano fiscalizador que preside de la protección que le entrega la actual Constitución. Mientras en la actualidad se requieren altos quórums parlamentarios para alterar la configuración constitucional y legal de importantes órganos estatales (como el Poder Judicial y la propia Contraloría General), la nueva Constitución permitirá modificar esa configuración por ley simple. La Contraloría General pasaría así a transformarse en un organismo reo de las mayorías políticas que dominen al Gobierno y al Parlamento.
Puesto que el propio contralor decidió disolver parte de la respetabilidad de la Contraloría al inventar un personaje animado para explicar las acciones de dicho órgano, permítasenos dirigirnos a su alter ego. Como los gremlins de la película del mismo nombre -perdónese la referencia ochentera; es la edad- que se transformaban en monstruos al contacto con el agua, parecen haber bastado unas gotas de proceso constituyente para que Contralorito, de un (no tan) simpático avatar de esa entidad fiscalizadora, se transforme súbitamente en un espantoso pterodáctilo dispuesto a devorar los balances republicanos, para favorecer a dicho proceso.
Todo esto en el marco de una nueva Carta fundamental, que parece estar siendo diseñada no para todos los chilenos, sino para una minoría muy radicalizada (por más que Contralorito se sienta cómodo con ella).
La "creativa" idea de la entidad fiscalizadora muestra cómo este proceso constituyente está sacando a todas las instituciones de su eje republicano, y cómo también algunas autoridades parecen haber encontrado ahora la oportunidad de mostrar su verdadero corazoncito político. Sin embargo, la necesidad de una Contraloría General independiente del Gobierno es algo que trasciende a las simpatías del actual Contralor, pues interesa a la supervivencia de la misma República. Por ello, esta peregrina propuesta -que, de prosperar, adicionaría otra grave razón para rechazar la nueva Constitución- debiera ser objeto de la mayor de las reprensiones por parte de los defensores de la libertad.
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