Las recientes declaraciones de la ministra Judith Marín, al marcar distancia del feminismo y señalar que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tendrá un "sello de realismo" y no un "sesgo ideológico", no son solo una definición de estilo. Son, sobre todo, una señal política. Y como toda señal política, merece ser leída con atención.
Esto porque en Chile las políticas de igualdad de género no surgieron desde la neutralidad ni desde el consenso fácil. Han sido el resultado de décadas de movilización, de evidencia acumulada y de la convicción, incómoda para muchos, de que la desigualdad no es natural, sino estructural. Por eso, cuando se plantea la necesidad de tomar distancia de un supuesto "sesgo ideológico", cabe preguntarse: ¿De qué se está tomando distancia realmente? ¿Será tomar distancia de los datos?
Los datos son claros, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la participación laboral femenina en Chile apenas supera el 52%, muy por debajo del más de 70% de los hombres. La brecha salarial, de acuerdo con la Encuesta Suplementaria de Ingresos, se mantiene en torno al 20%. Y en materia de uso del tiempo, las mujeres continúan asumiendo más del doble de la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, según cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. No estamos frente a percepciones. Estamos frente a una estructura que distribuye de manera desigual oportunidades, ingresos, tiempo y poder.
Pero tampoco estamos en el mismo punto de hace dos o tres décadas. Los avances que hoy damos por sentados -mayor participación política de las mujeres, leyes contra la violencia, protocolos en educación superior, instalación del debate sobre cuidados- no fueron concesiones espontáneas del sistema. Han sido el resultado de presión social, de movimientos feministas, de mujeres organizadas, de instituciones y organizaciones de la sociedad civil que se han mostrado disponibles y han impulsado políticas públicas muchas veces contra resistencias explícitas. Cada uno de esos avances ha tenido costos: políticos, culturales e incluso personales para quienes los promovieron.
Entonces, si el "realismo" implica reconocer la realidad, el punto de partida debería ser precisamente ese: asumir que la desigualdad de género sigue siendo profunda y persistente, pero también que los avances logrados han requerido decisión política y no neutralidad. Pero si ese realismo se traduce en relativizar los enfoques que han permitido visibilizar estas brechas, entre ellos, el feminismo, el riesgo es evidente: no avanzar, sino retroceder.
Porque el feminismo, más allá de caricaturas, ha sido una herramienta analítica y política clave para entender por qué estas desigualdades existen y cómo se reproducen. Gracias a ese enfoque hoy hablamos de corresponsabilidad, de sistemas de cuidado, de violencia estructural y de participación equitativa. No son conceptos abstractos: son respuestas a problemas concretos.
La experiencia internacional es contundente. Los países que han logrado avances sostenidos en igualdad de género no lo han hecho desde la neutralidad, sino desde políticas deliberadas que reconocen estas desigualdades y actúan sobre ellas. No hay evidencia de que la distancia discursiva frente a estos enfoques produzca mejores resultados. Más bien, lo contrario.
Por eso, el desafío del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género no es moderar el lenguaje ni ajustar el tono. Es empujar transformaciones que incomodan, porque tocan intereses y estructuras profundamente arraigadas. Hablar de realismo sin hacerse cargo de esa incomodidad puede ser políticamente conveniente, pero es técnicamente insuficiente. Y en políticas públicas, la insuficiencia no es neutra: tiene consecuencias.
Porque cada punto de brecha laboral, cada peso de diferencia salarial, cada hora de sobrecarga en cuidados, no es una abstracción. Es autonomía que se posterga, desarrollo que se limita y derechos que no se ejercen plenamente.
El problema, entonces, no es el "sesgo ideológico". El problema es el riesgo de vaciar de contenido una agenda que ha costado décadas instalar. Porque cuando la desigualdad es evidente, bajar la intensidad no es realismo: es retroceso. Y en materia de derechos, retroceder nunca es una opción.