Derechos sociales: ¿Provisión estatal, privada o mixta?
La contundente victoria de la derecha política en las elecciones del Consejo Constitucional conlleva una gran responsabilidad para redactar una Constitución "razonable" (es decir, basada en el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley). Sin embargo, uno de los puntos de tensión es la naturaleza de la provisión de los "derechos sociales" (por ejemplo, salud, educación o pensiones). Mientras que la minoría oficialista prefiere la provisión estatal, la mayoría opositora prefiere la provisión mixta. Para desbloquear el debate es necesario comprender qué es el desarrollo económico y cómo conseguirlo.
El desarrollo económico es la ampliación de soluciones a los problemas humanos, ya sean materiales o espirituales. Una sociedad es relativamente más desarrollada que otra si las personas disponen de más alternativas para alcanzar sus fines en todos los ámbitos de la vida.
Sin embargo, los derechos se basan en la idea de que todas las personas tienen derecho a condiciones de vida dignas mediante el acceso a servicios básicos de calidad y condiciones justas para desarrollarse plenamente. Los derechos sociales suelen cubrir áreas como la educación, la salud, la seguridad social y la cultura. La definición hace alusión al rol del Estado en facilitar la provisión del derecho social, pero no la naturaleza de la provisión. Por lo tanto, el debate sobre preferir la provisión estatal o mixta es más ideológico que técnico.
La incorporación del desarrollo económico al centro del debate corrige el sesgo ideológico del mismo. Si los expertos desean promover el desarrollo económico, deberían ampliar "la oferta" de cobertura de derechos sociales. La ampliación de la oferta requiere (i) la libre competencia en la provisión (es decir, un proceso descentralizado de rivalidad por solucionar los problemas del prójimo) y (ii) el subsidio a la demanda (también llamado sistema de vales).
Por un lado, la competencia requiere autonomía administrativa y financiera de los proveedores de derechos sociales. Por otro lado, el subsidio a la demanda total (gratuidad) o parcial (copago) empodera a los ciudadanos para elegir el servicio que mejor se adapte a sus necesidades, fortaleciendo la competencia de la oferta por la calidad, cantidad y precio del servicio prestado. En la práctica, como ocurre en países como Suecia, Finlandia y Estonia, en diferentes ámbitos, los ciudadanos tienen subsidio a la demanda total o parcial para acceder a diversos proveedores estatales y privados en un proceso ético, competitivo y dinámicamente eficiente.
Redactar una Constitución favorable al desarrollo económico requiere comprender el concepto y aplicarlo en todos sus artículos y apartados. Impedir la libertad de elección significa dejar que los políticos impongan sus normas mediante el aparato estatal de la coerción y la compulsión. Como dijo el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, "hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con igualdad e intentar hacerlos iguales. Mientras lo primero es la condición de una sociedad libre, lo segundo implica servidumbre".
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