Desafíos de la seguridad pública y la agenda 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Organización Naciones Unidas, 2015) constituye un instrumental que tiene múltiples ventajas, más allá de los objetivos establecidos en la propia agenda. En tal sentido, se quiere presentar en esta columna algunas reflexiones y desafíos derivados de dicha agenda que dicen relación con la problemática asociada a la seguridad pública en Chile.
Algunas consideraciones de contexto dicen relación con el surgimiento de la Agenda 2030, que incluye 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas en una visión integral de desarrollo centrado en la persona, la cual fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. También se debe reconocer que esta Agenda 2030 ha sido un instrumento subutilizado en la gestión pública chilena.
Chile se compromete con la Agenda 2030 no solo por el acuerdo de la Asamblea General de la ONU, también es parte del acuerdo de crear el Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, estableciéndose como un mecanismo de la región para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 (CEPAL, 2016).
Además, se crea en nuestro país el Consejo Nacional, y una Secretaría Técnica radicada en el ministerio de Desarrollo Social, para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS), donde su objetivo es asesorar al Presidente/a de la República y servir de instancia de coordinación para la implementación y seguimiento de los ODS y de la Agenda.
Relacionado con la seguridad pública, la agenda 2030 no cuenta con un objetivo de desarrollo sostenible exclusivo y explícito sobre el tema, pero del conjunto de sus propuestas se puede establecer algunos que dicen relación más directa con el asunto planteado, como es el ODS N° 11 de ciudades y comunidades sostenibles, que establece el objetivo de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Específicamente, entre las metas del objetivo (ODS) N° 11 está la de mejorar los barrios marginales y proporcionar acceso universal a espacios públicos seguros. Pero ello debe considerar una mirada integral de la seguridad pública, al establecer que mejorar la seguridad de los asentamientos urbanos y las ciudades lleva implícito el garantizar una serie de derechos sociales que van desde la creación de áreas verdes, transporte y viviendas, pasando por el mejoramiento de los asentamientos marginales, hasta acciones de planificación y gestión urbana desde una perspectiva participativa e inclusiva (ONU, 2015).
Esta mirada sistémica de desarrollo sostenible es uno de los principales aportes y desafíos de la Agenda2030 a la forma de enfrentar la seguridad pública, visión ya recogida en nuestras políticas donde, por ejemplo, el Plan Nacional sobre la materia en Chile consideraba un conjunto de pilares que orientan de manera integral la forma de generar una mejor seguridad para todos, planteando la generación de soluciones pertinentes, de manera de pensar dicha seguridad abordando todas sus dimensiones (Plan Nacional de Seguridad Pública, 2014).
Es así que se nos plantea un primer desafío específico, de enmarcar el debate de las políticas públicas asociadas directa e indirectamente a la seguridad pública, desde un instrumental conceptual y técnico emanado de la Agenda 2030, lo cual nos permitiría adoptar una estructura multidisciplinaria que recoge la experiencia internacional sobre la materia, tanto de diversos Estados, como de representantes de la sociedad civil, de la academia y del sector privado.
Por otro lado, permitiría al país traspasar sus experiencias exitosas y de innovación en la gestión pública, relacionadas con las temáticas de seguridad ya planteadas, en un marco de integración regional, al recoger el mandato de la CEPAL respecto de dar prioridad en su plan de trabajo a aquellas acciones que contribuyeran a alinear los procesos e instrumentos de la planificación con la Agenda 2030, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas, retroalimentando los casos exitosos de algunos países de Latinoamérica para enfrentar los desafíos de la seguridad pública con una perspectiva de cooperación y aprendizaje mutuo (CEPAL, 2018).
En tal sentido, la Agenda 2030 nos plantea un enorme desafío de enfocar las políticas públicas sobre seguridad pública desde una mirada transformadora que conlleva buscar colaboración y alianza entre los gobiernos, sociedad civil y sector privado, construidos sobre la base de principios y valores compartidos que emanan de la misma Agenda 2030, constituyendo sus objetivos en un mínimo común denominador sobre el cual construir dichas alianzas.
Cada actor, desde su propio rol, deberá contribuir a “revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible” (ODS N° 17, ONU) donde la seguridad que afecta a los ciudadanos/as constituye un objetivo transversal y de mutuo interés de estos actores.
Sin duda, la Agenda 2030 es un instrumento de planificación, seguimiento y desarrollo de políticas públicas que, en el ámbito de la seguridad pública, principalmente en los países latinoamericanos, constituye un instrumento nuevo que recién está transformándose en una herramienta poderosa de colaboración internacional y plataforma técnica de trabajo enfocado desde una dimensión integral, con la perspectiva de los derechos humanos que siempre ha tenido la ONU, para abordar aspectos de dicha seguridad.
Es tarea de los diversos actores nacionales, especialmente del Estado de Chile, asumir dichos desafíos e impulsar esta herramienta de gestión pública.
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