El gasto en seguridad: ¿De qué sirve si no hay resultados?

Daniel Rebolledo Di Girolamo

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Hace poco más de una semana, el recién estrenado ministro de Seguridad Pública dio a conocer los resultados del último Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, el cual demostró que este tipo de delito disminuyó en apenas 42 casos en el país y en tan solo 6 casos en la Región Metropolitana durante el 2024.

Teniendo presente que uno de los objetivos del Plan Calle sin Violencia era justamente disminuir los homicidios, es que entonces podemos afirmar que esta política ha sido un total fracaso. Lo anterior en consideración de las altas sumas que se han gastado para este propósito, en contraste con sus muy escasos resultados.

Recordemos que durante el año pasado el gobierno destinó más de $24 mil millones al Plan Calle sin Violencia, lo cual, en un ejercicio de matemática simple, nos permite concluir que, a través de esta política, el Estado ha gastado $576 millones aproximadamente por cada homicidio que ha logrado disminuir. Esto significaría que, si quisiéramos volver a tener las cifras de homicidios que teníamos antes de la pandemia, tendríamos que destinar más de $163 mil millones en un solo año a este propósito. Una cifra astronómica que equivale a más de seis veces los recursos que Carabineros destina anualmente a renovar y mantener sus vehículos policiales.

Por supuesto que esta lógica resulta un tanto ridícula y existen numerosos argumentos que pueden ilustrar sus flancos. De partida, un principio estadístico básico que dice que correlación no es igual a causalidad. No obstante, pareciese ser esta la lógica del gobierno. Porque si hay una máxima que nuestras autoridades siguen en materia de seguridad, es creer que los problemas de Chile en esta área van a solucionarse a través del despilfarro.

¿No han sido ellos acaso los que han destacado, una y otra vez, los supuestos aumentos históricos en los gastos destinados a seguridad? Aumentos que, en todo caso, han sido engañosos. Según informes de la Dipres, el gasto en orden público y seguridad de la administración de Gabriel Boric, al medirlo como porcentaje del gasto total del gobierno central, resulta ser el más bajo desde los tiempos del presidente Eduardo Frei. En otras palabras, a pesar de las declaraciones y discursos de las autoridades, la prioridad presupuestaria que este gobierno ha dado al orden y la seguridad, ha demostrado ser la más baja en, al menos, los últimos 20 años.

Todo esto, además, en un contexto en el que Carabineros ha estimado poseer un déficit presupuestario de más de $7.500 millones en materia de vestuario a causa de una disminución en su financiamiento. En concreto, el gobierno parece no tener problemas en destinar recursos a una política que, a todas luces ha fracasado, pero no es capaz de destinarlos a vestir a sus propias policías. Otro ejemplo más, de los miles que existen, que dan cuenta que la seguridad de nuestro país está en manos de personas que no solo son inexpertas, sino que son recalcitrantes y están obstinadas en insistir en aquellos caminos que nos conducen al fracaso.