La violencia vial como problema social

Carolina Figueroa Cerna

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Las cifras entregadas por Carabineros sobre siniestros viales durante el primer semestre de 2025 confirman lo que muchos advertimos con preocupación: la violencia vial no cede. Entre enero y junio se registraron 744 fallecidos, 29.276 siniestros viales y 3.081 lesionados graves. Si miramos estas cifras en comparación al mismo período del año anterior -710 fallecidos, 31.072 siniestros y 3.016 lesionados graves- podríamos pensar que hay una leve mejora en la cantidad total de incidentes viales. Pero no es así. Hay menos siniestros, pero hay más víctimas fatales. Y eso es lo que importa.

Cuando en Chile mueren más de 700 personas en solo seis meses por hechos perfectamente evitables, no se trata de accidentes. Hablamos de violencia vial, de decisiones individuales que ponen en riesgo la vida de otros, y de un contexto que sigue tolerando -incluso normalizando- esas prácticas.

Las causas son conocidas y no han cambiado: conducción distraída, alcohol, falta de distancia prudente, velocidad. Son las mismas conductas de siempre, que se repiten porque las personas sienten que nada las detiene. Y cuando no hay consecuencias claras, las malas prácticas se perpetúan.

Por eso insisto: la fiscalización no es solo una herramienta técnica, es una herramienta ética. Sirve para proteger, para garantizar que quienes respetan las normas no sean las víctimas de quienes no lo hacen. Es una señal pública que dice: en nuestras calles no todo vale. Donde la fiscalización falla o es débil, la violencia vial encuentra terreno fértil.

Y no estoy hablando sólo de siniestros fatales. Estoy hablando de ese tipo de violencia que muchas veces no se nombra, pero que quienes usamos las calles vemos a diario:

• Conductores que usan el auto como arma para amedrentar a peatones o ciclistas
• Transporte público que incumple normas básicas de convivencia vial
• Personas que consideran que las calles son un campo de batalla donde gana quien más se impone, no quien respeta al otro.

Todo eso es violencia vial. Y detrás de cada uno de esos actos hay algo más profundo: la falta de una cultura prosocial en el tránsito.

La evidencia es clara. Los estudios muestran que los comportamientos prosociales -esos que se preocupan por el bienestar del otro, que priorizan la cooperación por sobre la competencia- no nacen solos. Se construyen cuando las normas son claras, cuando la fiscalización es coherente y cuando hay sanciones. Si el entorno valida las malas prácticas, las personas se sienten con derecho a reproducirlas. Y eso es lo que vemos todos los días en nuestras calles.

Por eso es necesario también reforzar el trabajo preventivo no sólo en Santiago, sino también en las regiones. Porque esta violencia vial tiene expresión concreta en lugares como Temuco, Antofagasta, Concepción, Arica, Los Ángeles, Puerto Montt, San Bernardo, Talca, Curicó o Iquique (las 10 comunas con más siniestros este 2025). Y ahí, muchas veces, la fiscalización es aún más débil y las consecuencias aún más invisibles.

Hablar de violencia vial es incómodo, porque implica reconocer que lo que pasa en las calles no es casualidad ni mala suerte: es producto de cómo nos relacionamos, de cuánto valor le damos a la vida ajena y de cuán dispuestos estamos a que las normas se respeten.

Por eso hoy, más que nunca, debemos insistir: la movilidad segura es un derecho. La fiscalización es una obligación del Estado. Y la prosocialidad no es un lujo moral, es el mínimo que le debemos al otro para poder convivir. No podemos acostumbrarnos a estas cifras. No podemos aceptar que la violencia vial sea parte del paisaje.