El gobierno de Kast mostró los dientes: ¿Cómo respondemos los trabajadores?
El gobierno de José Antonio Kast ha comenzado a mostrar con claridad el rumbo de su proyecto: uno que carga el peso del ajuste sobre las espaldas de las y los trabajadores, mientras debilita las herramientas colectivas que, la historia lo demuestra, han permitido defender derechos.
El alza de los combustibles no es una medida aislada. Golpea directamente el costo de la vida, encarece el transporte, impacta en la producción y termina trasladándose al bolsillo de las familias trabajadoras. A ello se suma la reducción de la oferta de transporte público, una propuesta que no solo precariza la movilidad cotidiana, sino que profundiza las desigualdades territoriales y sociales en nuestras ciudades.
En paralelo, el ajuste global del presupuesto de la nación -que amenaza áreas tan sensibles como salud, educación y transporte- no es un ejercicio técnico ni neutro. Es una definición política. Y en esa definición, el Gobierno ha optado por ajustar donde más duele: en los servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de personas.
Pero quizás una de las señales más claras de este momento es el retiro del proyecto de negociación ramal. No se trata solo de una decisión legislativa. Es una declaración de principios: debilitar la organización sindical, fragmentar la capacidad de negociación de las y los trabajadores y retroceder en conquistas que han sido fruto de años de lucha. Esta medida responde a una lógica conocida en los sectores de ultraderecha: reducir el poder colectivo para fortalecer la posición del gran empresariado.
¿El siguiente paso será desvirtuar el rol de la Dirección del Trabajo? Debemos estar atentos a los próximos movimientos de este fundamental organismo para la defensa de los derechos laborales. Ya lo advertíamos hace algunas semanas, al analizar los escenarios laborales en la región: cuando se intenta avanzar en reformas que debilitan la negociación colectiva, lo que está en juego no es solo el salario o las condiciones laborales, sino la propia soberanía de las y los trabajadores para organizarse, decidir y proyectar su futuro. No hay democracia plena cuando se limita la capacidad de acción del mundo del trabajo.
Hoy esa advertencia deja de ser un ejercicio teórico y se convierte en realidad concreta. El gobierno no solo ha mostrado los dientes: ha comenzado a avanzar en la instalación de un modelo que busca disciplinar al movimiento sindical y reducir su incidencia en la vida pública.
En este escenario, resulta aún más indignante constatar que mientras se ajusta el bolsillo de las familias, las grandes empresas del país cierran el 2025 con utilidades que superan los 32 mil millones de dólares, con un crecimiento significativo respecto del año anterior. No hablamos de una economía en crisis para los grandes grupos económicos. Por el contrario, hablamos de ganancias extraordinarias, de concentración de riqueza, de sectores que siguen acumulando mientras el gobierno abre la puerta a rebajas tributarias para estos mismos actores. Y todo esto ocurre en la antesala de una nueva negociación del salario mínimo, donde las y los trabajadores deberán enfrentar un escenario marcado por el alza del costo de la vida. Es decir, mientras a unos se les aliviana la carga, a la mayoría se le endurece el camino.
Frente a esto, la respuesta no puede ser la espera pasiva ni la resignación. No podemos aguardar a que estas medidas terminan de golpear con fuerza a las familias, a las comunidades y a los territorios para recién reaccionar.
La historia del movimiento sindical en Chile ha demostrado que los derechos no se conceden: se conquistan y se defienden. Y esa defensa sólo es posible desde la organización, la unidad y la acción colectiva.
Hoy más que nunca, es tiempo de fortalecer nuestras organizaciones, de articularnos entre sectores, de levantar una voz común que enfrente este intento de retroceso. No se trata solo de resistir, sino de proyectar un modelo distinto, donde el trabajo, la dignidad y la justicia social estén en el centro. Porque cuando un gobierno decide avanzar contra las y los trabajadores, la respuesta no puede ser el silencio. La respuesta debe ser mayor unidad y más organización.