El gobierno y parte de la oposición firman un avance insuficiente frente a la crisis
El acuerdo al que llegaron el gobierno y parte de la oposición en la madrugada del domingo 14 de junio es un avance en varios aspectos, pero, además de ser tardío en al menos dos meses, se queda corto habida cuenta de las capacidades económicas del país contrastadas con las necesidades urgentes de la mayoría de las familias.
Estas enfrentan una situación que requiere de compensaciones en materia de ingresos de emergencia para evitar la pobreza y para enfrentar la suspensión de contratos o la cesantía.
Desde marzo venimos argumentando que se requiere mantener la capacidad de consumo de las familias para que puedan enfrentar las cuarentenas necesarias y para que la economía no entre en una depresión. Se requiere, además, ampliar el crédito con garantías públicas a las empresas (con conversión en acciones en el caso de las grandes) y subsidiar la planilla de salarios y costos fijos de las micro y pequeñas empresas. El gobierno sigue lejos de un enfoque de este tipo.
El ingreso de emergencia pasa con el acuerdo de los 65 mil pesos iniciales (y 45 mil finales) a 100 mil pesos por persona por tres meses prorrogables (hasta un máximo de 4 por familia y para el resto rige el IFE actual). La cobertura pasó de 1,2 millones de hogares en mayo a 2,1 millones de hogares, es decir todos los que están inscritos en el Registro Social de Hogares y tienen ingresos inferiores a 400 mil pesos con 4 integrantes.
Se extendería por tres meses, o más si las condiciones sanitarias lo exigen. Pero el monto sigue por debajo de la línea de pobreza oficial, lo que es inexplicable. Y será ahora un subsidio complementario de los otros ingresos, con un piso mínimo de 25 mil pesos por persona. Un buen acuerdo hubiera sido que el Ingreso Familiar de Emergencia complementara hasta 171 mil pesos para una persona sola y 451 mil pesos para una familia de 4 personas, si lo que se busca es cubrir al menos la línea de pobreza, como venía planteando la oposición. Ahora una parte de ella ha cedido ante el gobierno y aceptado un monto menor.
El tramo de subsidio de cesantía establecido en el acuerdo es de 55% de la remuneración mientras dure el IFE, lo que es menos que el 70% del primer mes y superior al 30% para los meses finales hoy vigente. Pero sigue siendo de cargo de la cuenta de cada trabajador. Solo una vez agotados los recursos de esa cuenta, se aplicará el subsidio del Fondo Solidario con recursos fiscales. Un buen acuerdo hubiera sido que el seguro de cesantía y por suspensión de empleo fuera subsidiado en un 70% del salario mientras dure la emergencia y que se suspenda la cotización obligatoria a las AFP.
El anuncio de ampliar la garantía de créditos a las pequeñas empresas es positivo, pero sin que se especifique cuánto ni cómo. Un buen acuerdo hubiera sido establecer el mecanismo utilizado en Estados Unidos en esta crisis: un crédito especial a las pequeñas empresas que, cuando se utiliza para mantener la planilla salarial y los costos fijos, se transforma en un subsidio para mantener el empleo y el funcionamiento de la empresa.
Extender en tres meses la suspensión del Pago Provisional Mensual del impuesto a las utilidades de las empresas es una política que favorece a aquellas que mantienen o amplían sus ventas.
Ampliar a 2022 la depreciación instantánea al 100% para las nuevas inversiones es una medida ya existente para las Pymes, por lo que favorece a las grandes empresas en un período en el que el actual gobierno ya no estará en ejercicio.
Se anuncian, además, subsidios indiscriminados al empleo para la pos pandemia, en circunstancias que estos subsidios no crean empleo sino que son un complemento de ingresos a la empresa y sus dueños. En el mejor de los casos sirven para formalizar empleos.
Un buen acuerdo debiera haber incluido la creación de programas subsidiados de empleos de apoyo a las personas de edad, con capacidades diferentes y a la infancia y de más amplios programas de mejoramiento urbano y ambiental, que crean empleos nuevos de utilidad colectiva.
En materia de inversiones para reactivar la economía, nada se dice sobre un necesario vuelco hacia inversiones verdes. En especial, las inversiones en materia de vivienda y recursos hídricos anunciadas debieran tener un fuerte énfasis en un urbanismo y un desarrollo rural amigables con el medio ambiente y capaces de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.
El marco presupuestario acordado es de 12 mil millones de dólares para dos años (poco más de 2% del PIB al año). Las reservas fiscales, constituidas con ahorros previos, suman mucho más (20,9 mil millones de dólares a fines de abril en el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones, sin considerar el fondo para adquisiciones militares. Además, la capacidad de endeudamiento a bajo costo permanece intacta.
El gobierno sigue sin hacer lo suficiente dadas las capacidades del país, mientras una parte de la oposición sigue sin hacer valer el hecho de que el gobierno no tiene mayoría en el parlamento. Se resigna inexplicablemente a medidas tardías e insuficientes.
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