El obstáculo es el Estado subsidiario

Camilo Escalona

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Se han iniciado los foros, seminarios y elaboración de documentos, con vistas a la futura Convención Constitucional que cumplirá el mandato del reciente Plebiscito del 25 de octubre de redactar una nueva Constitución, nacida en democracia.

Los aportes de profesionales y especialistas son necesarios para canalizar su experiencia y conocimientos que expresan la diversidad cultural del país y la voluntad de contribuir a un desafío trascendente para Chile. No obstante, la palabra decisiva será de los chilenos y chilenos que sean electos por la voluntad popular, el 11 de abril, como miembros de la Convención Constitucional.

Ahora bien, en el desencanto con la política y el descrédito de la Constitución del 80 influye una razón esencial: la ineficiencia del Estado subsidiario que impuso la dictadura, a través de una institucionalidad cercenada e impotente en materia social, pero capaz de reprimir brutalmente en interés de la minoría y no de cautelar el interés general del país.

Es decir, el problema fundamental no está en la superficie o en la articulación y el modo de funcionamiento del andamiaje institucional sino que en su médula, el centro nervioso que lo determina e impulsa y lo hace funcional a un determinado proyecto de sociedad, en concreto, el Estado coherente con el país de la desigualdad es el que se agotó, en la misma medida en que el quiebre de Chile en dos no dio más, se hizo inviable un Estado cuya misión central es contener la protesta social ante la pobreza y la marginalidad, coadyuvando a la extrema concentración de la riqueza en el país.

En consecuencia, lo primero es dejar atrás el Estado mínimo o subsidiario, es decir, lograr la superación de un Estado apto para reprimir y estéril en asegurar la dignidad que las personas y las familias necesitan en esta etapa que vive Chile.

Sin embargo, hay una inclinación a instalar el debate en torno al llamado régimen político, o sea, reemplazar el presidencialismo por un régimen semi presidencial, esto significa incluir en el ordenamiento constitucional un jefe de gobierno distinto al jefe de Estado.

En tal caso, el Presidente de la República debe designar un Primer o Primera Ministra, o Presidente del Consejo de Ministros que cumple la función de jefe de gobierno, lo que hace preguntarse de inmediato que hace el Presidente en esa institucionalidad, debido a que el esquema mayormente usado en Europa no es el semi presidencialismo de Francia, sino que el régimen parlamentario donde el partido o coalición que tiene mayoría forma gobierno y lo pierde apenas una elección por término del mandato o una moción de censura así lo indica.

En ese esquema el Presidente o Jefe de Estado queda fuera de la contingencia política, de la que constitucionalmente no forma parte. Entonces, en Chile, ¿qué función tendría en el nuevo ordenamiento constitucional?

Esta es una discusión que tiene muchos otros aspectos, en el caso semi presidencial se debe indicar si ese eventual nuevo jefe de gobierno debe tener o no el acuerdo del Congreso Nacional, por ejemplo, en Perú, el Presidente que emana de una votación directa nombra al Presidente del Consejo de Ministros.

La intervención del Parlamento conduce directamente a otro tema decisivo.

¿En qué rol y condición se mantendrán las dos Cámaras actuales o si habrá una transformación de fondo para viabilizar este cambio al régimen político, o sea si habrá una Cámara política que tendrá la atribución de esa designación, porque en un esquema bicameral con una correlación de fuerzas diferente entre las corporaciones, si una Cámara aprueba y la otra rechaza la propuesta de quien tendrá la responsabilidad de dirigir el gobierno, crearía más inestabilidad y no la gobernabilidad que se argumenta.

La Cámara de Diputados es la que ha tomado ese rol preeminente. Entonces viene otra nueva pregunta.

En ese caso, ¿qué función cumpliría el Senado, sería disuelto? o sólo quedaría para temas como indultos, amnistías o tratados internacionales. Otra alternativa es que se disuelva el Tribunal Constitucional y en este nuevo escenario sea reemplazado por un Senado “refundado”; en fin, las opciones pueden ser interminables.

Pero lo primero es lo primero, deponer el Estado subsidiario, eso es lo esencial. Por el contrario, si sobrevive las modificaciones pueden ser muy llamativas, incluso espectaculares, pero seguirá siendo estéril frente a la desigualdad y la injusticia. No se trata de tener un pomposo Primer Ministro de un nuevo “régimen político” que dirija el mismo Estado subsidiario o mínimo, en rigor, impotente en lo social y represivo en lo institucional.

Por eso, el autoengaño es fatal. La resolución de la naturaleza del Estado que decida la nueva Constitución determina el futuro democrático de la nación chilena. Lo terrible sería dar la impresión que todo cambia para que nada cambie.

En efecto, el acuerdo social mayoritario que surgió para el estallido del 18 de octubre está aún más firme, así lo indicó casi el 80% con que ganó el APRUEBO sin que nadie pudiese objetar su legitimidad, en esos millones de personas que se unieron en las calles contra los abusos y privilegios y que luego votaron por una nueva Constitución está aún más fuerte la voluntad de cambio y no ha mermado el rechazo a una actitud condescendiente con la desigualdad imperante.

Durante un buen tiempo los estudios sociológicos de los centros ideológicos neoliberales coparon el escenario indicando, a través de “focus groups” y otros instrumentos, que el consenso social mayoritario se encontraba conforme con el estatus quo, debido esencialmente a las políticas públicas de la Concertación y luego de la Nueva Mayoría, desde el FOSIS, el Programa Chile Solidario, la implementación de la Pensión Básica Solidaria y luego la gratuidad en el acceso a la Educación Superior.

Pero, los niveles de desigualdad, los abusos de poder, el desprecio hacia el mundo popular, los actos de corrupción, en suma, un conjunto de hechos acumuló el descontento hasta que el punto de ruptura del 18 de octubre, el estallido social,  la violencia estatal no hizo más que la rabia frente al orden imperante se hiciera más densa, incluso, más tensa y generalizada.

Así se explica la fuerte impopularidad que rodea al gobierno, aunque hace abundantes méritos con el vergonzoso apoyo que otorga a los violadores de Derechos Humanos y al núcleo controlador del sistema financiero, a través de las AFP.

Es cierto que ayudan poderosamente al descrédito de la autoridad sus yerros increíbles, como excusar al grupo violentista de ultraderecha que realizó las amenazas a la fiscal Chong, calificando de “utensilios” los medios usados en esa acción deplorable, pero, la gente ya estaba convencida antes de esta insensatez, diga lo que diga el gobierno, la ciudadanía sabe que es permanente su intento de engañar y manipular la opinión pública. A Piñera no le cree nadie.

Hay que cambiar la naturaleza del Estado desde la infecundidad del Estado “mínimo” actual hacia un Estado social y democrático de derechos que cierre de modo definitivo la etapa dictatorial y el largo dominio del dogma neoliberal.