El oportunismo y los pitutos

Camilo Escalona

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El oportunismo en política no se refiere al talento para actuar, de forma "oportuna", en ayuda de principios y valores que guían la acción política, capacidad no cabe duda que necesaria para que los Partidos y liderazgos políticos hagan avanzar la causa que les inspira, sino que el término "oportunismo" se usa para designar lo contrario, es decir, la utilización en beneficio propio de hechos puntuales o avatares de tipo circunstancial, dejando de lado el interés colectivo y el bien común.

En consecuencia, este calificativo es perfectamente aplicable a los casos de evidente acomodo discursivo que se observan en la política nacional; están los que han transitado desde una apología de los "consensos", incluso cambiando de Partido, que hubo hasta el cambio constitucional del 2005 hacia una exaltación de los grupos con afanes refundacionales que buscan crear un "frente de izquierda", con el objetivo de cancelar cualquier posibilidad de entendimientos como aquellos, ahora vituperados "consensos".

Son muchos los ejemplos de volteretas en las opiniones, se va desde apoyar el CAE a renegar del mismo, desde defender a ultranza la ley reservada del cobre a querer derogarla, son conversiones tan fuertes que causan sorpresa y perplejidad. Así se cae en la confusión, se trastocan las conductas, cambia la identidad política de los actores y no existe la coherencia que ante el país se necesita. No se sabe adónde se dirigen y cuál es la orientación a largo plazo de los diversos proyectos que se disputan en el espacio público.

Se dice que en época de elecciones hay que tener flexibilidad en el "discurso", pero no se puede llegar a hacer irreconocibles a los animadores de las diversas opciones que buscan el respaldo y la representación popular.

La pérdida de rigor que hoy se advierte en ciertos actores constituye un sesgo de oportunismo desde el que aflora un doble discurso, cínico en su forma  y nocivo en su trasfondo cultural y ético. Es la presunción que "a la plebe" se le puede engañar sin mayor esfuerzo. Como no es así, como no se engaña pero si se confunde a la ciudadanía,  lo que se siembra es el escepticismo y la desafección.

En estos días, sorprende que muchos en el conglomerado Nueva Mayoría,  afirman que lo que importa es tener una candidatura presidencial competitiva, o sea hacerse de una opción o mejor dicho de una figura que tenga gran popularidad y que en las encuestas marque cifras muy altas que aseguren un resultado promisorio.

Ahora bien, lo que piense y se proponga esa persona, su capacidad y estatura política, las destrezas que exhiba para dirigir el Estado y orientar la economía, su ética política, todo ello parece ser un factor que en lo más mínimo inquieta al círculo de personeros a quienes solo preocupa la competitividad del futuro abanderado.

La política que se postula desde esos círculos es entregarse al azar de una figura providencial que salve las dificultades y resuelva los problemas milagrosamente. Ese camino es fatal para la democracia y sobre todo para el peso, la legitimidad y gravitación de la izquierda en la gobernabilidad democrática.

Esta propuesta de apostar como en la hípica, perjudica decisivamente a las fuerzas de izquierda debido a que ya no es su respaldo social y la dimensión de sus propuestas e ideas lo que importa, sino que el azar, la suerte de encontrarse con un caballito capaz de correr la carrera y ganarla. En definitiva, la idea de que en la candidatura presidencial debe imponerse el más "competitivo", es la renuncia explícita a proponer y levantar un proyecto digno y viable de sociedad para Chile.

Además el oportunismo en su versión más rudimentaria y vulgar, consiste en una permanente predisposición al "arreglín de bigotes", al sacar pronto provecho de las infinitas formas en que faltando a los valores de una recta conducta se consigue algún "pituto", prebenda o cargo que no corresponde tener o que resulta impropio ocupar o ejercer.

Esta actitud, lamentablemente, se ha consolidado en diversas regiones por la injerencia indebida de la autoridad parlamentaria, cuya tarea es la función política y legislativa, y no la designación de cupos y cargos que se han ido transformando en un campo de intervención que distorsiona en su centro nervioso la función de los gobiernos regionales.

En efecto, dichos funcionarios pasan a depender y/o obedecer a una autoridad que no es la propia y que es incorrecto que asuma una influencia decisiva en un ámbito que le es ajeno, como son las decisiones administrativas y de gobierno interior que pasan a ser, en el hecho, utilizadas en función de los intereses parlamentarios que, en tal o cual territorio, prevalecen y aspiran a reproducirse en los comicios que tarde o temprano llegarán otra vez.

Esa actitud en su versión más extrema es un deplorable espectáculo que llega a la disputa por una plantilla de funcionarios que debe rendir obediencia, incluso pleitesía al parlamentario de turno lo que en ningún caso corresponde, debido a que en nuestro Estado de derecho asumen un rol en el ámbito institucional de naturaleza enteramente diferente.