Los últimos casos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, deja al descubierto una colusión, entre las distintas unidades que conforman la Defensa Nacional. Involucra a altos mandos castrenses, por su participación o responsabilidad en los hechos conocidos, de malversación de fondos públicos.
El ex comandante en Jefe, General de Ejército, Juan Miguel Fuente –Alba, es acusado por enriquecimiento ilícito por sobre 3.000 mil millones de pesos. Dos investigaciones judiciales y una fiscalización de la Contraloría, pesan sobre él, durante su mandato. El señor de los anillos, como le decían sus “compañeros de armas” por su afección a los autos Audi, o como corredor de lujosos departamentos, en el barrio alto capitalino.
No son los únicos casos que involucran al Ejército. La gran mayoría de la tropa y oficiales son gente honesta y austera, conocen la historia y el pasado de su gente. Lo malo al parecer es que los actuales herederos del Libertador, no asimilaron lo esencial, el pundonor militar, cuya doctrina fue sagrada en la oficialidad. Por generaciones fue una conducta de vida, honrada y profesional, al servicio de la Patria.
Todo comienza con el Capitán General, la corrupción estalla con los Pinocheques, es la punta del iceberg, de dineros y bienes fiscales entregados a la familia y también al entorno de su máxima confianza, con ello se abre una caja de pandora que no tiene fondo. Dineros mal habidos que fueron a parar a paraísos fiscales o cuentas bancarias secretas.
Mauricio Weibel y Jorge Molina, dos valientes periodistas descubren una red de oficiales superiores, usando y abusando de sus cargos para apropiarse de dineros de la cuestionada Ley Reservada del Cobre, cancelando compras inexistentes o boletas ideológicamente falsas, quedándose con suculentas utilidades.
“Milicogate”, es una arista, cuyos montos defraudados al Fisco superan los 6.600 millones. Solo el cabo, Juan Carlos Cruz, cuya renta mensual no supera los 600 mil pesos, solito se gastó en los casinos 2.400, millones, de pesos, entreteniéndose en las máquinas traga monedas, durante sus días de franco. Cuatro altos oficiales ya están confesos y detenidos en distintas unidades militares.
El general Humberto Oviedo, actual comandante en jefe, es investigado por la Contraloría, por abuso de poder, y obvio por la responsabilidad que le podría caber en los hechos denunciados.
Todos los escándalos de máxima connotación pública tienen un defensor común, Enrique Correa, recurren desesperadamente al lobista de Imaginación, para que les solucione el problema en que se encuentran y les indique como salir mejor parado ante las acusaciones que son objeto en los Tribunales Justicia o en la Comisión de Defensa, en la Cámara de Diputados.
Sin duda fallaron todos los controles administrativos, que permitieron coludirse en estas operaciones, también fallaron todos los sistemas de Inteligencia, se supone que están para prevenir estos ilícito. La obsecuencia de los sucesivos ministros de Defensa, al recomendar, dudosos nombramientos superiores, los dejan en una situación muy incómoda.
El asesinado general Carlos Prats creo yo, fue el último Comandante en Jefe, que supo llevar adelante el pundonor militar a su máxima expresión, ante la tropa. Un oficial hecho y derecho, sin mancha alguna y de una honradez intacta a toda prueba.
La presidenta Bachelet como hija de un malogrado general de la Fach, conoce muy bien a la familia militar. Sabe su forma de actuar, por qué compartió y vivió con ellos. La gran mayoría de los cuerpos armados quieren y respetan a sus instituciones, sabe que actúan en base a principios éticos fuertemente enraizados: es la tradición.
Por consiguiente nada justifica que en el Senado duerma por más de dos años el proyecto, ya despachado por la Cámara que pone fin al Ley Reservada del Cobre, cuyos fondos no tienen hasta ahora, fiscalización y control, por los órganos superiores del Estado.
Chile merece una nueva ley de Modernización de las Fuerzas Armadas en su conjunto, para evitar este tipo de inconvenientes que mal le hace a la democracia.
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