¿Qué nos deja el Plan de Emergencia Habitacional?

Carlos Araya Salazar

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En julio de 2022, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso en marcha el Plan de Emergencia Habitacional con una meta clara: entregar 260 mil viviendas durante el período de gobierno, en respuesta al déficit habitacional que afecta a cientos de miles de hogares en Chile. Esta política, mandatada por la Ley de Integración Social y Territorial, impulsó una movilización institucional sin precedentes, que ha requerido coordinación, innovación y compromiso a todos los niveles del Estado.

Hoy, con más de 400 mil soluciones habitacionales gestionadas -entre viviendas terminadas, en ejecución y con proyectos aprobados por iniciar- es necesario extraer lecciones que permitan consolidar este esfuerzo como base de una política habitacional estructural y permanente.

Primero, el plan ha demostrado que es posible operar a gran escala cuando existe alineación institucional, metas claras y voluntad política. La coordinación entre el Minvu, Serviu, seremis, municipios, entidades patrocinantes, constructoras y empresas de servicios ha permitido priorizar proyectos, resolver cuellos de botella y avanzar incluso en un contexto de restricciones crediticias, aumento del valor del suelo e inflación en los costos de construcción.

Segundo, la emergencia habitacional evidenció la necesidad de avanzar hacia un marco institucional más integrado, articulado y con visión de largo plazo. Los programas habitacionales han permitido avances significativos, pero su operación en paralelo plantea desafíos de coordinación y continuidad. Para enfrentar de manera estructural el déficit, es necesario evolucionar hacia un sistema que articule los esfuerzos existentes, permita trayectorias habitacionales coherentes y responda a las distintas etapas de la vida y realidades territoriales; un sistema que incorpore, además, una lógica de planificación plurianual, que facilite la proyección de inversiones, la gestión del suelo y la estructuración de carteras con horizonte de largo plazo.

En tercer lugar, el despliegue del plan mostró que se requieren instrumentos más flexibles y pertinentes. En zonas rurales, territorios insulares, comunidades indígenas o áreas urbanas consolidadas, los programas habitacionales deben seguir profundizando su capacidad de adaptación. El fortalecimiento de sus componentes -manteniendo su orientación redistributiva y social- es parte del aprendizaje institucional que debe proyectarse.

Existe consenso entre actores públicos y privados en que las herramientas del plan han sido fundamentales para mejorar la capacidad de respuesta de la política habitacional. Su continuidad será de gran utilidad para futuras administraciones, siempre que se mantengan como capacidades instaladas. Instrumentos como el Banco de Suelo, la compra directa de terrenos bien ubicados, la gestión integrada de carteras y la priorización de proyectos estratégicos deben dejar de ser vistos como medidas extraordinarias para convertirse en pilares permanentes de una política moderna y eficaz.

Finalmente, el fortalecimiento del aparato público ha sido clave. La magnitud del desafío exigió capacidades técnicas e institucionales que deben consolidarse. Esto incluye dotar a los equipos regionales y a los organismos públicos vinculados de herramientas, formación y marcos normativos para seguir impulsando proyectos de calidad, con equidad territorial, integración social y criterios de sustentabilidad.

El Plan de Emergencia Habitacional no es un cierre, sino un punto de inflexión. Más que cumplir una meta gubernamental, representa la oportunidad de consolidar una política de Estado que garantice el acceso a la vivienda como un derecho. Cuando el Estado se lo propone -y trabaja articuladamente con la sociedad y el sector privado- es capaz de liderar transformaciones profundas. El desafío hoy es proyectarlas y darles permanencia.