El rol de los municipios en seguridad

Pedro Fierro

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La reciente entrega de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) ratifica lo que todos sabemos: la principal urgencia de los chilenos sigue siendo la seguridad. En ese contexto, uno de los temas que ha salido a la palestra es el rol que cumplen los municipios en el combate contra el crimen y la delincuencia. Sin embargo, este debate ha sido tratado con cierta displicencia, encausando el asunto en la queja de las autoridades locales que buscan mayores atribuciones y que, con cierta frustración, proponen medidas maximalistas y facilistas (como armar a algunos de sus funcionarios). Esta forma de enfrentar el problema nos ha llevado a obviar desafíos anteriores. Por lo mismo, me atrevo a sugerir que si queremos potenciar el rol de los municipios podríamos comenzar dando tres pasos.

El primero es asumir que en Chile hay más heterogeneidad de la que se piensa. El debate sobre seguridad local no puede estar coaptado por aquellas comunas con más recursos, en cuanto que, precisamente, uno de los problemas de fondo se relaciona con las pocas capacidades de ciertas administraciones rezagadas, las cuales muchas veces no tienen lo básico para cumplir su función en la prevención. Es curioso que en un asunto esencialmente local sigamos empujando soluciones que no consideran las realidades territoriales. De no abarcar ese aspecto, seguirán existiendo ciudadanos con menor resguardo estatal por el solo hecho de vivir en una determinada comuna.

El segundo paso es reconocer que, con la estructura actual, los municipios ya pueden cumplir ciertos roles que en los últimos años han derechamente desaprovechado. Los gobiernos locales poseen atribuciones en prevención situacional, reinserción y seguridad local. Quizás uno de los ejemplos más evidentes es el rol de los alcaldes en la regulación del comercio ambulante, tema que sacude a los principales centros urbanos del país y que se relaciona directamente con incivilidades.

En Valparaíso, por poner un caso, acaba de entrar en vigor la nueva ordenanza municipal que regula este asunto. Luego de años de evasión e inacción por parte de Jorge Sharp, la alcaldesa Camila Nieto logró gestionar políticamente una nueva normativa que, recién implementada, ya ha dejado ver cambios evidentes en las principales arterias de la comuna. Otro ejemplo son los programas de mejoramiento urbano municipal -con dineros transferidos desde el nivel central-, los cuales también han demostrado ser eficaces en el combate contra la delincuencia. Por cierto que la situación es bastante más compleja y multidimensional, pero al menos ha quedado de manifiesto que sí existen alternativas disponibles que van en directo beneficio de los vecinos. Pero lamentablemente, y como ya ha señalado el Consejo para la Transparencia, nuestra realidad es que el 90% de los municipios ni siquiera cumple con las sesiones mensuales del Consejo Comunal de Seguridad, órgano consultivo que debiesen constituir y utilizar.

El tercer paso -relacionado con los primeros dos- se asocia a la necesidad de un buen diagnóstico a nivel país. Antes de tomar cualquier medida que involucre mayores responsabilidades y poderes hacia los municipios, debemos saber con qué capacidades técnicas cuentan, cuál es la infraestructura existente, en qué medida avanzan en la ejecución programática y qué equipamiento disponen (solo por poner algunos ejemplos). En la actualidad, ninguno de estos datos es de fácil acceso y, por lo mismo, se vuelve difícil comparar, diagnosticar e identificar los aspectos en que debemos focalizarnos.

Más allá del facilismo y la demagogia que abunda en seguridad, se vuelve urgente focalizarnos en estos (y otros) asuntos que nos permitan la construcción de un plan responsable, armónico, de largo plazo, sostenible en el tiempo y que integre las realidades locales.