Licencias de discurso
Hace poco tiempo atrás, el presidente argentino, Javier Milei, señalaba a viva voz que habían realizado, como gobierno, "...un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía...".
En otra vereda, hace unos meses, un juez del distrito de San Francisco en EE.UU. señalaba, en relación a los despidos masivos impulsados por Donald Trump, (bajo la misma idea de achicar el Estado), que "es un día triste cuando nuestro gobierno despide a algún buen empleado y dice que se basó en el rendimiento, cuando saben bien que eso es mentira". Acto seguido, ordenó la restitución en sus puestos de trabajos de empleados que habían sido despedidos.
Nos interesa poder señalar ambos casos, entre muchos otros a nivel mundial, ya que nos permite revisar el revuelo que está causando (y seguirá causando), la instrucción de la Contraloría General de La República, representada por la contralora Dorothy Pérez. La necesaria instrucción de fiscalizar el uso fraudulento de las licencias médicas en la administración pública, y su rápida y transversal condena en el mundo político, abre, no obstante, dos miradas (entre otras muchas).
Una primera mirada, dice relación con la práctica antiética, fraudulenta y condenable, del mal uso de las licencias médicas por parte de algunos funcionarios públicos. Esta práctica condenable por donde se le mire, no es que nunca se haya sabido y hoy estemos descubriendo. No. El abuso de los/as caraduras del Estado, se arrastra hace bastante tiempo y las medidas que de control y fiscalización efectiva son bienvenidas. Ahora bien, habría que depurar el porcentaje total de funcionarios/as públicos/as que incurrieron en esta práctica fraudulenta, para concluir que no es el grueso de personas que día a día trabajan en y para el Estado, las que se han visto envueltos en este delito.
La segunda mirada que se debe analizar, es la siguiente: la licencia médica es un derecho adquirido por las y los trabajadores/as. La licencia no está en tela de juicio, pero sí su mal uso. Esto, que a primera vista resulta una obviedad, debiera no perderse de vista por aquellas/os que usan la generalización y la condena fácil, como motor para instalar, desde el discurso, una mirada cuestionadora del rol del Estado. Condenar sí, pero protegiendo al grueso de trabajadoras/es públicos que no tienen nada que ver con estas prácticas delictivas y que, por lo demás, difícilmente sus sueldos les permitan irse al extranjero aprovechando(se) las licencias médicas.
A las y los eternos cuestionadores del Estado, la instrucción de la Contralora les vino como anillo al dedo, para que justo justo, a pocos meses de una elección presidencial, quieran por medio de un discurso bien armado, mostrar el "mal funcionamiento" del Estado, su "poca eficacia" y, por ende, su "necesaria precarización o achique". La puerta que abre este debate, que tienta incluso a los más progresistas a condenar rápidamente (y de forma miope en algunos casos), debe ser abordado con altura de miras y responsabilidad política, pues el que unos pocos inescrupulosos hayan hecho un uso fraudulento de la licencia médica, no puede llevarnos a que se cuestione derechos laborales adquiridos hace décadas, no puede tampoco, ser excusa para permitir la precarización del empleo público, menos aún podemos permitir que sea el punto inicial, para que los agoreros de un autoritarismo añejo pero tristemente de moda, venga con el manual privatizador.
Este debate que ha abierto la contralora Dorothy Pérez debiera ser un impulso para que las y los condenadores del mundo político, tomen el impulso legislativo necesario para avanzar, por ejemplo, en la tan necesaria modernización del Estado, en la actualización del Estatuto Administrativo, en perseguir el ausentismo al mismo tiempo de proteger a quienes menos ganan y no pueden más de cansancio físico y mental. Asimismo, el arrojo y valentía fiscalizadora de la Contraloría, esperemos que se dé una vueltita por el Congreso.
Para finalizar, no podemos darnos estas licencias de discurso, y ser meros contempladores del intento (nuevamente) de poner en tela de juicio al Estado. Sabemos de dónde vienen esos discursos, y sabemos también, hacia donde van.
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