En algunas cosas, no somos iguales

En las últimas semanas, hemos asistido con indignación al grotesco espectáculo de un sistema completo de financiamiento ilegal de la política, que favorecía y favorece, mediante la posible comisión de numerosos tipos de delitos, a varios parlamentarios, mayoritariamente ligados a la UDI.

Para mitigar su responsabilidad, dicho partido ha desarrollado una estrategia que pretende igualarnos a todos con sus malas prácticas, lo que no solo parece inaceptable sino que además le genera un daño irreparable e injusto al sistema político y a su pobre legitimidad.

En este contexto es legítimo preguntarse si el poder judicial actuará con los mismos criterios con los que juzga los delitos de personas de sectores vulnerables, a quienes suele caerles todo el peso de la ley, o terminará, como en otras ocasiones, tendiendo un manto de impunidad sobre los delitos de aquellos que resguardan los intereses de los sectores dominantes de nuestro país.

Estos hechos y las dudas que ellos generan no son nuevos.  Son famosos los casos de personeros políticos imputados por delitos de corrupción que han dañado la fe pública de manera seria y que han acudido a salidas alternativas, como la suspensión condicional de procedimiento, teniendo como primera y principal consecuencia, el evitar el desarrollo de un procedimiento penal inculpatorio que llegue a establecer la verdad y sancione de manera adecuada a los responsables.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la Diputada Claudia Nogueira, del distrito 19 de Recoleta e Independencia, quien luego de ser formalizada por cuatro delitos de fraude al fisco, haciéndole un daño irreparable a la fe pública y la imagen del Congreso Nacional, se acogió a la suspensión condicional de procedimiento devolviendo alrededor de $ 30 Millones, para evitar enfrentar un juicio que podría haberla llevado a su destitución y  a la cárcel.

Con estos antecedentes, y en el contexto actual, no parece aceptable que una persona, cuya primera obligación es aprobar la legislación que rige para todos y todas y consiguientemente, en virtud de su cargo, actuar con transparencia y absoluto apego a las leyes, se acoja a la suspensión condicional, como si se tratase de un beneficio y no de una reparación del daño causado, que es el fundamento principal de dicha institución.

Por lo mismo, los hechos que son descritos para configurar estos delitos deben ser investigados por completo y hasta el final, ya que en especial las personas que ejercen funciones públicas tienen una responsabilidad ante sus electores que compromete la fe pública, y que debiera verse acentuada cuando provienen del ejercicio de la soberanía popular.

Nadie puede entonces esperar o pretender que no se indague hasta saber la verdad, es más, debemos fomentar esas investigaciones hasta establecer la verdad y así poder sancionar a los responsables.

En este marco, quiero felicitar públicamente a la Diputada Karol Cariola, también del distrito 19, que en el día de ayer y en conjunto con Camila Vallejo y Pepe Auth, entre otros diputados y diputadas, han presentado un proyecto anticorrupción que impide a quienes cumplen funciones públicas en cargos de elección popular, acogerse a este u otro tipo de beneficios que obstruyan las investigaciones y que pueden utilizarse como un manto de impunidad para quienes incurren en actos de corrupción y traicionan o dañan la fe pública.

Es de esperar que el proyecto concite el apoyo del ejecutivo y de la mayor cantidad de parlamentarios de todas las bancadas pues será, sin duda, una muestra concreta de que no somos todos iguales, como a algunos les gusta plantear para esconder sus propias fallas.